La defensa de la edil del PP del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras ha pedido el sobreseimiento y archivo sobre su clienta en el caso Villas del Arenal, que investiga supuestas injerencias políticas, al considerar que no hay "ni un solo indicio que justifique su presencia".
El abogado, Jose Carlos Aguilera Escobar, ha anunciado que en breve se pedirá también para el resto de investigados, el edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo, José Cardador, pero que están a la espera de un informe de la Udyco y una información de la Gerencia que tiene que llegar antes al instructor.
Aguilera considera que la instrucción está casi finalizada después de que este martes hayan declarado en calidad de testigos dos jefes de sección, una jefa de departamento, un jefe de la asesoría jurídica y una letrada del Servicio Jurídico y, según ha asegurado, todos han negado que se hayan producido injerencias políticas.
"La investigación para Teresa Porras, ha reiterado el letrado, que se ha mostrado esperanzado a que en menos de una semana haya una resolución favorable para ella.
Aguilera ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción y al juez instructor que, en la medida que sea posible, el tema se tramite con preferencia por la dimensión y relevancia política debido a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP) mantiene en los puestos tercero y séptimo a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares en su lista electoral para mayo y siempre ha mantenido que los investigados actuaron de forma correcta y ha confiado en el archivo del caso.
Los tres investigados durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga negado el pasado abril los hechos y aseguraron que nunca se produjo injerencias en el desarrollo de su función pública.
El caso lo lleva Anticorrupción después de que el fiscal presentara una denuncia por presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra Pomares, edil de Ordenación del Territorio y Vivienda; Porras, responsable de Servicios Operativos; y el gerente de Urbanismo, José Cardador.
Posteriormente Anticorrupción desvinculó el delito de malversación con el caso por lo que descartó la corrupción de los ediles pero se continúa por prevaricación y tráfico de influencia para todos ellos y el delito de falsedad solo para Pomares y Cardador.
El juez acordó citarlos "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido".
El ministerio público incoó las diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por ediles del grupo municipal de Ciudadanos tras las manifestaciones efectuadas en 2018 por dos exjefes de Disciplina Urbanística en la comisión de investigación de Urbanismo sobre la tramitación de expedientes.
A esta denuncia, relacionada con la posible pasividad del Ayuntamiento ante determinadas infracciones, en concreto con la promoción del conjunto de chalés Villas del Arenal', se unieron los escritos y documentación presentados posteriormente por el grupo municipal de IU Málaga para la Gente y el PSOE.
