09 de mayo de 2019
09.05.2019
Educación

Padres y sindicatos acusan a la Junta de favorecer a la concertada con su plan de admisión

El sector educativo se muestra, a priori, en contra de la modificación de la normativa que regula los criterios de escolarización en Andalucía, y se quejan también de que Educación no haya contado con ellos para abordar esta reforma

09.05.2019 | 05:00
Padres consultan las listas de admitidos en un centro educativo de la capital.

La demanda supera a la oferta en cien colegios

  • La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Málaga, Mercedes García Paine, explicó ayer que a la espera de que los datos sean definitivos, ya que el proceso de escolarización aún se encuentra en plazo de alegaciones, en aproximadamente un centenar de centros de la provincia, la demanda ha superado a la oferta inicial de plazas de Educación Infantil, es decir, de los niños que se incorporan al sistema educativo. «Ha habido más demanda que oferta en cien centros de 400 en toda la provincia en Infantil», explicó la delegada, que detalló en rueda de prensa las decisiones tomadas sobre educación por la Junta en Consejo de Gobierno este pasado martes.
  • García Paine precisó que las familias malagueñas han presentado 13.915 solicitudes para escolarizar a sus hijos en Infantil de tres años. «Actualmente estamos en proceso de alegaciones y, si finalmente se produjera empate, el próximo 13 de mayo habrá un sorteo público y se publicarán las listas de admitidos y no admitidos el 14 de mayo», informó.
  • La delegada resaltó que para evitar estas situaciones de exceso de demanda en centros concretos, el Consejo de Gobierno presentó este martes el informe sobre la modificación del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados, que tiene como objetivo, según insistió García Paine, «facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar» adaptada a sus necesidades y preferencias. Matizó que es a partir de ahora cuando «se va a contar con toda la comunidad educativa, con los sindicatos y con todas las partes implicadas con el fin de elaborar un texto que sea el fruto del debate y el alcance del mayor consenso posible». De hecho, todavía no existe borrador, como lamentan los sindicatos. Así, en la consulta pública se celebrarán reuniones con los agentes sociales a través de la mesa sectorial de Educación de la pública y la concertada, así como contactos con las distintas AMPAS.

La comunidad educativa ha acogido con sorpresa y hasta cierta incredulidad el anuncio de la Junta de Andalucía de modificar los criterios que se han venido utilizando hasta ahora para escolarizar a los niños en los centros educativos de la comunidad. Y, a priori, rechazan los nuevos planes de admisión que plantea la Consejería de Educación. Sindicatos y padres sospechan que se trata de una maniobra para favorecer a la escuela concertada en detrimento de la pública, al amparo de facilitar la libre elección de colegio por parte de las familias.

Critican también que no hayan contado con ellos para modificar este decreto que data de 2011. «Ni siquiera tenemos un borrador», dice Félix Martín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Málaga, que sostiene que, por lo que conoce por lo publicado en los medios de comunicación, «no han descubierto ningún criterio que ya no exista. Por tanto, no entendemos cuál es la propuesta».

Pilar Triguero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres FDAPA, considera que no existe una necesidad real de cambiar la normativa. «Creo que los criterios que había establecidos, con el consenso de todos los integrantes de la comunidad educativa, eran los que garantizaban que el 99% de las familias obtuviera plaza en el centro elegido como primera opción», insiste Triguero, quien considera que es importante que se respete que los niños se puedan educar en su entorno más cercano y en contacto con su realidad diaria, «y en centros que garanticen la inclusión e integración».

Triguero mantiene, por la información ofrecida el pasado martes por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que el proyecto de la Junta está dirigido a repetir lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, « que se puede tildar de fracaso absoluto, para favorecer la opción de algunas familias de llevar a sus hijos a un centro que no les corresponde o por zona o por criterios de admisión».

«Tengo muy claro que el criterio primordial es que la red pública tiene que vertebrar el sistema», agrega la representante de la FDAPA. María Gracia del Amo, presidenta del sindicato ANPE en la provincia, no duda en mostrar su absoluta oposición al nuevo decreto de escolarización que pretende elaborar el Gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta. «Este procedimiento pretende favorecer a la enseñanza concertada, que tiene que ser subsidiaria de la pública siempre. El cambio de los criterios de admisión va a generar que la pública pierda bastantes unidades, y estamos en desacuerdo», lamenta.

Del Amo pronostica que, ante la ausencia de criterios como los utilizados hasta ahora, la pública podrá resentirse. Muchos padres siguen optando aún por la concertada confiando en el prestigio histórico de estos colegios. También, porque ofrecen la posibilidad de que los niños entren en Infantil y salgan en Bachillerato sin tener que cambiar del colegio al instituto. La presidente de ANPE señala, igualmente que, aunque está sostenida con fondos públicos, «la concertada no llega a todas partes y no tiene alumnado que sí trabaja la pública, de integración o con necesidades educativas especiales». «Si se aprueba la nueva regulación, el tiempo nos dará la razón», dice Del Amo.

Del mismo modo, Triguero asegura que hay colegios concertados «que tienen todo respeto» por la labor social que desarrollan, «pero otros segregan al alumnado y jamás contarán con nuestro apoyo». «Todo lo que estamos hablando son suposiciones. Cuando veamos un borrador negro sobre blanco sabremos las verdaderas intenciones», señala la portavoz de FDAPA, que confía en que la tramitación siga los cauces establecidos y pase, entre otros, por el Consejo Escolar de Andalucía, donde se debata la propuesta, o por el Consejo Consultivo, antes de ser aprobada.

Entre las cuestiones que se estudiarán, según avanzó el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, el pasado martes, figuran algunos nuevos criterios de baremación de la admisión, como la reformulación de las áreas de influencia, el aumento de los tramos de renta para una mayor progresividad y la posibilidad de incluir en la escolarización a los alumnos que hayan ido al último curso del Primer Ciclo de Infantil en centros autorizados por la Junta de Andalucía.

«Con matices, todos estos criterios ya existían y no encuentro diferencias», dice Félix Martín. «Lo que me sorprende es la vehemencia en las declaraciones del consejero de que los padres podrán llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana y no sé cómo se va a hacer eso sin conflictos», mantiene el líder de CCOO, quien adelanta que si esta propuesta «significa romper el equilibrio entre la pública y la concertada y la supresión de unidades en la pública estamos en contra».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp