La nueva normativa laboral que entró en vigor este pasado domingo y que obliga a todas las empresas españolas a registrar el horario de cada uno de sus empleados ha despertado sensaciones encontradas entre los empresarios y sindicatos malagueños. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) considera que su implantación será dificultosa, sobre todo en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, y recuerda que el mercado camina actualmente hacia un modelo de «flexibilidad laboral» frente a la tradicional cultura del «presentismo». Desde CCOO, por contra, se valora la puesta en marcha del registro, que busca acabar con las horas extra no pagadas, un fenómeno que el sindicato considera muy extendido entre el empresariado. De hecho, CCOO afirma que en Andalucía se echan más de 376.500 horas semanales de las que más del 32% no se pagan, lo que supone un empleo equivalente a tiempo completo de 9.400 personas.

Fuentes de la CEM y de la patronal andaluza CEA advirtieron ayer a este periódico de «las dificultades para el cumplimiento del registro de la jornada laboral en gran parte de las empresas malagueñas, muy especialmente en las pymes y autónomos».

A su juicio, esta norma «aplica parámetros ya superados en el siglo XXI, condicionando y perjudicando los mecanismos de flexibilidad laboral y conciliación de la vida laboral y familiar» obtenidos a través del diálogo social y la negociación colectiva». Para la CEM supone «una involución» que, además, va a generar una «obligación desproporcionada y prescindible» en el actual sistema de relaciones laborales, suponiendo «una carga burocrática innecesaria, con costes gravosos e igualmente innecesarios, muy especialmente para las pymes». El sistema, en su opinión, provocará un coste económico y de gestión, «provocando incertidumbre frente a los procesos renovadores de la gestión de los recursos humanos basados en la confianza y la implicación de los trabajadores».

Los empresarios añadieron que el registro obligatorio de los horarios plantea «numerosas dudas acerca de su implantación efectiva, dada la variabilidad en empresas, sectores y procesos». También comentaron la necesidad de «aplicar soluciones adecuadas» para cada sector o empresa de modo que no afecte «al bienestar de los trabajadores, la libertad de empresa, la competitividad y las medidas concretas de flexibilidad acordadas mediante negociación colectiva (jornada irregular, descansos diarios, viajes de trabajo, etc)».

Por la parte sindical, la secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, valoró la norma, que calificó de «reivindicación histórica». El sindicato ha puesto en marcha una campaña de información telefónica (649 185 029) y asesoramiento sobre el registro horario y avisa de que «estará vigilante a su cumplimiento»

Entre los requisitos mínimos de la norma, CCOO explicó que debe ser «un registro permanente, en tiempo real y objetivo para evitar su creación posterior, manipulación o alteración; quedar registrado cada día el horario de entrada y salida de manera individual, con las interrupciones o incidencias, no siendo suficiente la exhibición del horario general en la empresa o los cuadrantes horarios e incluir tanto las horas ordinarias, complementarias o extraordinarias».

Según el sindicato, esta medida traerá «enormes beneficios a los trabajadores porque cobrarán las horas extras que ahora no se registran ni se pagan» y, además, el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social tendrá repercusiones en las prestaciones futuras.

El secretario de Acción Sindical de CCOO en Málaga, Juan Antonio Perles, recordó que el fraude de horarios se da mucho en los contratos a tiempo parcial, donde los empleados terminan trabajando muchas más horas de las que indica su contrato. También comentó que en el caso de Málaga intentarán controlar los sectores más precarizados, y puso como ejemplo los chiringuitos, «donde es muy difícil determinar las horas que está echando un trabajador».

Desde UGT, la vicesecretaria general, Cristina Antoñanzas, pidió que se abran mesas de negociación con los empresarios a todos los niveles, tanto a nivel sectorial como de comunidades autónomas. Para Antoñanzas, el decreto del Gobierno «es positivo» porque en España se hacen más de 2,5 millones de horas extraordinarias a la semana que no son remuneradas.

El Gobierno exige cumplimiento

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, negó ayer que haya habido precipitación a la hora de implantar el registro obligatorio. «Al contrario. Yo creo que hemos ido muy tarde a proteger a los trabajadores y trabajadoras que han visto cómo millones y millones de horas no han sido ni reconocidas ni remuneradas», opinó. En todo caso, recordó que las empresas, con los criterios del Ministerio de Trabajo, puedan tener un periodo de adaptación.

Más dura fue la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que afirmó que «nadie se ha tomado en serio» la entrada en vigor del registro de jornada y aseguró que «la Inspección de Trabajo va a actuar». Valerio recordó que las empresas han tenido dos meses para planificar, por lo que les pidió que «cumplan» y resaltó que se ha establecido un sistema flexible para dar cobertura a modalidades como el teletrabajo o a personas que trabajan en otro país, pero dependen de empresas españolas.

Para Valerio, es imprescindible cumplir con la legislación vigente en favor de los trabajadores, de las empresas y de la Seguridad Social. «Hay que cumplir con las jornadas, los contratos a tiempo parcial son a tiempo parcial y las horas extra son horas extra», insistió.