Los narcos del Estrecho están que trinan. Si el mar tuviera paredes se subirían por ellas porque en apenas un año han pasado de alijar a plena luz del día ante los bañistas de las playas del Campo de Gibraltar a ver comprometido el jugoso negocio del tráfico de hachís a gran escala. Con la presión que supone que la temporada de recogida y elaboración esté a punto de reventar en el mayor exportador del mundo, el cerco que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen en el litoral de Cádiz obliga a los grandes distribuidores a renunciar a las rutas marítimas más cortas y rentables entre Marruecos y España y a ampliar horizontes por donde el sol se levanta y también por donde se pone. Al este, por el mar de Alborán, desde Málaga a prácticamente Cartagena. Al oeste, por las costas de Huelva. Zonas en las que siempre ha habido alijos pero no con la frecuencia actual.

La teoría del globo. Si aprietas por el centro, el aire busca los extremos. «Era previsible. Sabíamos que la presión en el Campo de Gibraltar iba a desplazar a estas organizaciones a las provincias limítrofes», asegura un agente de la Guardia Civil involucrado en el plan Carteia, nombre que han tomado del valioso yacimiento arqueológico del municipio gaditano de San Roque y bajo el que trabaja un entramado multidisciplinar de unidades del instituto armado. En la tela de araña tejida por la Guardia Civil participan, como siempre, los diferentes operativos especializados en la lucha antidroga de cada comandancia provincial, pero el salto cualitativo se ha dado reforzando la élite de la élite, las unidades de inteligencia que se reparten el Centro de Concentración Contra el Narcotráfico (CCON Sur) y el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON Sur).

En las últimas semanas, la provincia malagueña ha sido escenario de algunas operaciones tan representativas como la desarrollada esta misma semana en Marbella, Estepona y ManilvaMarbellaEstepona Manilva, el desmantelamiento hace unas semanas de un narcoembarcadero en Vélez-Málaga, la interceptación de 3.500 kilos de hachís durante un desembarco en la playa de Los Monteros (Marbella)Los Monteros, el aborto de otro gran alijo en una playa de Maro (Nerja), la desarticulación de un grupo de la 'Ndrangheta italiana asociado al poderoso clan de Los CastañasLos Castañas o el hallazgo de una planeadora abandonada a la altura de la Punta de Calaburras (Mijas)...

Los más de cien componentes que inicialmente se desplegaron por el Campo de Gibraltar se han ido extendiendo como un antivirus por el resto del litoral andaluz al mismo ritmo que las mafias trataban de evitarlos en la zona del Estrecho. «Tenemos grupos operativos en diferentes puntos del litoral andaluz y una gran movilidad», asegura la fuente antes de poner como ejemplo al Grupo de Acción Rápida (GAR), una unidad con ADN antiterrorista extraordinariamente versátil y capaz de actuar hoy en Málaga y mañana en Murcia. A todo este dispositivo se suman los servicios Marítimo y Aéreo de la Guardia Civil en cada provincia, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuya segunda juventud está siendo clave para detectar movimientos sospechosos en el mar, así como las colaboraciones necesarias con el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria.

La patada al avispero el pasado verano comenzó a dar resultados en noviembre. El rodillo policial está haciendo daño en los bolsillos de las organizaciones y les ha obligado a cambiar sus rutinas, sus modus operandi: «Hasta entonces lo normal era que las narcolanchas cruzaran el Estrecho y alijaran en la playa en la misma noche. Ahora no tienen tanto éxito y no se fían. Las embarcaciones pueden estar cuatro o cinco días en alta mar hasta que se deciden a desembarcar en zonas costeras mucho más lejanas que antes». Esto encarece muchísimo la logística y aumenta los riesgos, ya que tanto tiempo en el mar favorece el margen de reacción de la Guardia Civil. Los grupos se ven obligados a cambiar a las exhaustas tripulaciones, necesitan repostar combustible varias veces e incluso tienen que desplazar a mecánicos para reparar los motores en medio del mar. Por no hablar de la mercancía que se intercepta. «Siempre cuentan con pérdidas, pero estas empiezan a ser inasumibles porque les afecta a la liquidez de los jefes». Si el alijo fracasa, el patrón tiene que pagar igual. Entre 30.000 y 50.000 euros un piloto; entre 15.000 y 30.000 y su segundo; y unos 10.000 euros el marinero. En tierra, cada porteador puede recibir en torno a 3.000 euros por unos minutos de trabajo y un punto, alrededor de 700. «Y si no paga, llegan los problemas». Las deudas son el caldo de cultivo de los ajustes de cuentas. Palizas, vuelcos (narco roba a narco), secuestros, ejecuciones...

La mano de obra se dispara. Además de más recursos en el mar, las organizaciones necesitan más ojos en tierra. Atrás quedaron los tiempos en los que tiraban de entre 5 y 15 puntos, como se denomina a las personas que desde la costa vigila e informa de los movimientos de las autoridades. Ahora pueden movilizar hasta cien vigilantes para un solo alijo y, en función de la información que suministran, los pilotos de las lanchas deciden cuándo y dónde tocar tierra: «Ahora barajan hasta cuatro opciones de playas para desembarcar y deciden sobre la marcha». En cada playa, hay una colla (grupo de porteadores) esperando la mercancía, pero sólo cobrarán los que finalmente porten los fardos desde la orilla hasta el vehículo.

Trabajar lejos del Estrecho también cambia el modelo de empresa. Los narcos que buscan nuevos puntos para los desembarcos no juegan en casa y tienen que ir con cuidado. «No conocen el terreno y si actúan por su cuenta pueden tener problemas con las organizaciones autóctonas. Lo normal es que recurran a los grupos locales. Si necesitan información o personas de confianza para un alijo la piden. Funcionan como las cooperativas», asegura el guardia civil.

Sin embargo, no todo es narcolancha. Los investigadores explican que las organizaciones también están explotando otra fórmula que no es nueva, pero sí más discreta y que afecta de lleno a la Costa del Sol. Con once puertos deportivos, el litoral malagueño supone una gran oportunidad para introducir hachís en embarcaciones recreativas intentando pasar desapercibidos entre los cientos de lachas, yates y veleros que diariamente entran y salen de sus ensenadas.