La Policía Nacional ha detenido a treinta personas y la desarticulado en Málaga una red especializada en estafas mediante falsas ofertas por internet para trabajar como chico de compañía, en las que instaban a los interesados a llamar a un número de teléfono a través del que derivaban a líneas que cobraban altas tarifas.

Los principales investigados, seis mujeres y un hombre de entre 18 y 50 años y nacionalidad española, insertaban en páginas de contactos ofertas de trabajo con la falsa promesa de beneficios de hasta 700 euros por servicio realizado, según ha informado este miércoles la Policía.

El resto de arrestados realizaban tareas de teleoperadores y de captación para la red y eran los encargados de derivar a los interesados a líneas de tarificación especial para supuestamente concretar los detalles del puesto de trabajo.

Hasta la fecha han sido esclarecidas unas cuarenta denuncias en toda España -si bien el número de perjudicados podría ser muy superior, según la Policía Nacional- y se estima que a lo largo de un año, hasta el momento de las detenciones, el importe de lo estafado ascendería a 700.000 euros.

La investigación, que se ha desarrollado en dos fases, comenzó hace un año a raíz de una serie de denuncias sobre un posible timo relacionado con falsas ofertas de trabajo de "gigoló", en las que decían buscar hombres para trabajar como chicos de compañía de mujeres adineradas.

Una vez que los interesados llamaban al número de teléfono del anuncio para interesarse por la oferta laboral, el teleoperador informaba a su interlocutor de que la derivación no supondría ningún coste adicional y se intentaba retener a la víctima el máximo tiempo posible al teléfono con distintas argucias.

Las pesquisas condujeron a los investigadores a un grupo organizado que operaba desde un inmueble del centro de Málaga, en el que la principal investigada era la ideóloga de la trama y el resto eran empleados.

Una vez localizados los domicilios desde los que operaba el grupo -uno, el jurídico, donde estaba ubicado el centro de llamadas y otro, el domicilio de la principal investigada- se realizaron registros simultáneos en los que se intervinieron numerosos efectos relacionados con los hechos investigados.

Paralelamente, la autoridad judicial autorizó el bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas con la organización y cuya titular era la principal investigada, en las que se constató que recibía de media unos 35.000 euros al mes por la explotación de las líneas telefónicas.

Las operación se ha desarrollado en dos fases: en la primera se logró la paralización total del centro de llamadas y la detención de la práctica totalidad de las personas que en ese momento trabajaban para la organización (catorce arrestados, entre ellos las cabecillas de la red) y en la segunda se llevaron a cabo dieciséis detenciones más, con las que se ha dado por desarticulado el grupo.