La Cámara de Cuentas cuestiona la gestión del Patronato de Recaudación

En un informe de fiscalización referido al ejercicio 2016, se indica que se ha efectuado un trabajo específico sobre la recaudación relativa a la Junta de Andalucía, después de un auto de 23 de mayo de 2017 que sobreseyó la denuncia de dos empleados por la existencia de expedientes con "graves deficiencias". De hecho se acordó librar testimonio a la Cámara de Cuentas para realizar una fiscalización externa.

Como resultado de ello, la Cámara de Cuentas señala que la gestión del Patronato de Recaudación "no resulta conforme" con la normativa que tiene que aplicar. Así, alude a "incumplimientos" en gestión de recursos humanos ya que la plantilla presupuestaria no recoge todas las plazas de personal laboral que deberían estar dotadas en el presupuesto, incumpliendo la Ley de Bases de Régimen Local y el texto refundido de Régimen Local.

El informe especifica que durante 2016 prestaron servicio en el Patronato 134 empleados laborales -cuatro fijos y 130 indefinidos-, mientras que la plantilla "sólo prevé 116 plazas de personal laboral". Igualmente se contrató personal laboral temporal para hacer frente a sustituciones, enfermedades, etcétera, todo ello "sin respetar los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Según el informe, la incorporación de personal de nuevo ingreso, en función de las necesidades de recursos humanos del organismo, se debe articular mediante la oferta de empleo público, que debe ser aprobada anualmente por los órganos de gobierno de la entidad. En este sentido, recuerda que la última oferta de empleo público se aprobó en 1990 "y desde entonces la incorporación de nuevo personal se ha venido efectuando al margen de los cauces ordinarios previstos en la legislación de función pública".

A partir de 2005, la selección del personal para atender las necesidades de contratación temporal como consecuencia de las bajas por enfermedad, vacaciones, acumulación de tareas y servicios determinados, se lleva a cabo mediante la constitución de bolsas de trabajo. Según la Cámara, los procesos selectivos efectuados para la constitución de dichas bolsas "no respetan las materias comunes y específicas y el número mínimo de temas recogidos en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio".

Señala igualmente que 55 empleados del Patronato -32 funcionarios interinos y 23 laborales indefinidos- han accedido al empleo público "sin que se conozca el procedimiento seguido para ello, pues el propio organismo no tiene información sobre el sistema de acceso que, en su momento, se utilizó para su incorporación al Patronato". También hay nueve funcionarios interinos y diez laborales indefinidos "que se incorporaron a la organización mediante una entrevista personal".

Sobre un total de 74 trabajadores de los 331 que trabajan en el Patronato a 31 de diciembre de 2016 y que representan el 24 por ciento del personal, "se han incumplido los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", especifica el documento.

En definitiva, apunta que el número de empleados con condición de personal estable o fijo representa el 19 por ciento mientras que el 81 por ciento restante está en "situación de provisionalidad o inestabilidad" pese a realizar funciones "de naturaleza estructural y carácter permanente".

Por ello, ha considerado que se debe establecer una estrategia institucional en materia de recursos humanos para saber las funciones de los distintos departamentos y unidades "y evitar el clima de conflicto que, en determinados momentos, se ha producido". Estiman también que se deben adoptar medidas para evitar la "concatenación de contratos temporales para desempeñar trabajos de naturaleza estructural" ya que esto puede desembocar "en la adquisición de la condición de trabajadores indefinidos no fijos".

Gestión

Por otro lado, la Cámara de Cuentas alude a "incumplimientos de carácter general" en la gestión recaudatoria, advirtiendo al organismo de que se debe realizar una reestructuración de las zonas recaudatorias teniendo en cuenta parámetros "objetivos y coherentes".

En el informe se insta a adoptar medidas para garantizar las actuaciones recaudatorias y la documentación, de manera que queden recogidas en su aplicación informática; debiendo ser "obligatorio el uso del módulo del sistema informático Expediente Provincial de Ejecutiva (EPE) y no quedar al albur de cada responsable de zona".

La Cámara de Cuentas considera que el Patronato de Recaudación de la Diputación debe proceder a depurar las deudas pendientes de cobro: "En algunos supuestos se remontan a los años 80 y noventa del siglo pasado y las que antigüedad superior a cuatro años representan porcentajes importantes".

"En el tres por ciento de los expedientes en los que se ha cobrado la deuda tributaria por vía ejecutiva no se han aplicado correctamente los recargos previstos en la Ley General Tributaria", señala el documento. Además, en el 22 por ciento de los expedientes en los que se ha cobrado la deuda tributaria en vía ejecutiva no se han imputado, en todo o en parte, los gastos derivados de las notificaciones.

Apunta que, de la muestra analizada de las minutas por anotaciones de embargos y sus prórrogas, al 20 por ciento no se les aplica la bonificación del 50 por ciento de los aranceles registrales previstas en el Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, ni el cinco por ciento adicional establecido en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo. "A un 70 por ciento se les ha aplicado solamente el cinco por ciento, pero no el 50 por ciento de los aranceles", sostiene.

También indica que el Patronato de Recaudación Provincial no procede al embargo de bienes muebles susceptibles de incautación (vehículos, embarcaciones, etcétera) "salvo que la Administración titular de la deuda disponga de locales o recintos para el depósito de los mismos", incumpliéndose así la normativa existente.

En ninguno de los expedientes analizados referidos a deudas tributarias por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, indica la Cámara, "el Patronato Provincial de Recaudación ha exigido de manera subsidiaria el pago de los correspondientes tributos a los nuevos propietarios"; y añade que en ni uno de los 438 expedientes fiscalizados se ha exigido la derivación de responsabilidad tributaria.

En el documento se alude a incumplimientos de la gestión de las zonas recaudatorias del organismo Junta de Andalucía, que la asume en vía ejecutiva el Patronato en virtud de un acuerdo entre ambas instituciones. En dicha zona "no se llevan las actuaciones necesaria para conseguir el cobro de las deudas tributarias".

En este sentido, se indica en el informe que el importe de las deudas pendientes de cobrar con más de cuatro años de antigüedad representa el 57 por ciento en el caso de la Junta de Andalucía y el 36 por ciento en el resto de zonas recaudatorias.

En resumen, dada la gestión que se realizó en el año 2016, la Cámara de Cuentas realiza una serie de recomendaciones al organismo provincial para que mejore el cobro así como la gestión de los recursos humanos.