La marca Paco de la Torre sigue siendo fiable para los malagueños. Pese al aparente desgaste mediático o vecinal de la acción de gobierno del PP, el regidor malagueño, el alcalde más valorado de España, ha ganado a sus 76 años las elecciones municipales con 93.701 votos, que se traducen en 14 escaños, pese a la importante subida del PSOE, que saca tres concejales más, hasta llegar a 12 (76.972 sufragios).
El pastel plenario lo completan Adelante, con tres escaños y 23.396 votos y Cs, con dos ediles (18.399). Pese al buen resultado, este mandato que expira en 2023 tiene varios puertos de primera categoría que De la Torre habrá de subir con éxito por un motivo: lograr que el PP gane otra vez las municipales, bien para sí mismo o bien para su delfín. Para ello, habrá de cerrar numerosos temas pendientes heredados de este mandato (2015-2019) y quizás, el más complicado sea el modelo de ciudad que, pese a ser refrendado por los vecinos, tiene que redefinirse para que no muera de éxito.
La apuesta decidida por los museos, la llegada de cruceristas, la política de peatonalización del Centro Histórico y la apuesta por la tecnología son factores que han propiciado que la ciudad sea hoy objeto de deseo de inversores inmobiliarios y turísticos y foco de atracción para miles de visitantes cada día, sobre todo nacionales.
Málaga ha dejado de ser esa ciudad a la que llegaban los aviones para que los turistas visitaran Córdoba, Granada o Sevilla. Ahora bien, ese modelo ha propiciado varios problemas: la expulsión de vecinos del casco antiguo, la proliferación de terrazas hosteleras y el problema asociado del ruido, la llegada de cientos de empresas de patinetes y la multiplicación de viviendas turísticas, algunos de cuyos clientes crean problemas por comportamientos incívicos o indecorosos con los vecinos, además de la llamada a despedidas de soltero que degradan la vida de la ciudad.
Seis de once
Pese a todos estos asuntos, De la Torre ha ganado en seis de los once distritos de Málaga y, curiosamente, cinco de ellos están muy afectados por este problema. Eso indica que la ciudadanía ha validado el camino emprendido, pero antes de las elecciones, en foros y debates, los responsables populares han indicado claramente la necesidad de redefinir ese modelo para no morir de éxito, embridar al caballo para que no se desboque.
Así, uno de los retos centrales de este mandato será regularizar a través de ordenanzas la proliferación de patines, las viviendas turísticas, sacar adelante la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de 103 calles del casco antiguo y El Romeral (que lleva meses empantanada) o peatonalizar Álamos y Carretería y acabar la Alameda para ampliar el Centro.
Pero no son sus únicos retos. El conflicto de bomberos lleva 30 meses abierto. Piden un servicio público de calidad, más efectivos y que pare el desmantelamiento de algunas de las unidades clave. Por otro lado, en Semana Santa salió a la luz otro conflicto soterrado, el de la Policía Local, después de que varias decenas de agentes se dieran de baja al inicio de la Semana Mayor. También piden más funcionarios y medios materiales, entre otras reivindicaciones. Aunque recientemente se ha aprobado el convenio para funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, pacificar estas dos guerras sindicales supondría tener paz social durante cuatro años.
Otro morlaco que tiene ante sí el alcalde es llevar ya a buen término la municipalización de Limasa. Lo tiene fácil, porque sólo Cs está en contra. Ahora, hay que crear la sociedad de capital público que permita un ahorro de ocho millones de euros al año, de los más de cien que cuesta ahora a los 92,6. Ya se ha firmado el convenio con los trabajadores y sólo queda que se vaya concretando el proceso y, sobre todo, que se noten las calles más limpias, un problema endémico de la ciudad.
En temas urbanísticos parece claro que el metro va a concluirse a finales de 2020, al menos en sus dos líneas actuales. Va a dar un respiro a los malagueños, pero está por ver si el estudio de demanda refrenda las tesis del alcalde sobre la necesidad de extender el suburbano al PTA. Hasta ahora, ha ganado la batalla para no llevarlo al Civil en superficie.
También será la hora del Guadalmedina, una obra costosísima con un plan especial que prevé la construcción de hasta ocho puentes plaza sobre el río (extendiendo el Centro) y el soterramiento del tráfico en las avenidas anexas. La incertidumbre es si participarán otras administraciones en la financiación y si se logrará llevarlo a cabo sin morir en los interminables trámites municipales y autonómicos. Casi lo mismo pasa con el rascacielos del Puerto, el hotel de lujo de capital catarí proyectado en el dique de Levante. Sigue su trámite en diversas instituciones, pero hay una fuerte oposición ciudadana. Los trámites, en teoría, duran cinco años y se iniciaron en 2015, de forma que a finales del año que viene deberían verse ya obras en el recinto portuario. Cabe recordar que el refrendo final debe darlo el Consejo de Ministros, ahora de signo socialista. ¿Dirá que sí?
Hay más retos: subsanar los problemas de inundabilidad del Guadalhorce, para lo que ya se ha avanzado un plan municipal que contará con financiación privada en parte, pero queda lograr que el Gobierno ejecute el puente de la Azucarera; lograr la construcción de más edificios de oficinas en la ciudad y aumentar el número de plazas de hotel; implicar, por fin, a otras administraciones en la construcción del auditorio en la explanada de San Andrés del Puerto; intentar ampliar el Palacio de Ferias para acoger eventos de mayor importancia cualitativa y cuantitativa; resolver, de una vez, el status quo de los Baños del Carmen o llevar a buen puerto las peatonalizaciones de las calles Carretería y Álamos, así como extenderla hacia la plaza de la Marina, el Paseo de los Curas e, incluso, el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla hasta el entorno del Hotel Miramar.
Otro reto de gran envergadura es ver si se ejecuta en Repsol un bosque urbano en toda la extensión del terreno o, por el contrario, la zona verde se reduce para acoger torres de viviendas y oficinas, ayudando, como defiende el regidor, a la regeneración del polígono San Rafael. Por último, habrá que ver cómo se encara la política urbanística después del caso de los expedientes caducados y la investigación judicial sobre el edil de Ordenación, Francisco Pomares.
Otros retos
Pero el alcalde no es el único que se enfrenta a retos de altura en esta legislatura, solventando, por cierto, el mayor de todos: llegar a un acuerdo con Cs para gobernar en mayoría. En la oposición, el PSOE ha registrado una subida histórica de votos después de años de atonía. Parece que la ciudadanía ha premiado la tenacidad de Daniel Pérez. Eso, para el líder socialista, ha tenido el efecto benéfico de darle ya la candidatura de cara a 2023, según parece, y de acallar cualquier intento interno de desestabilizar a su equipo. En cuatro años, Pérez puede crecer mucho, algo que ya se ha visto en los dos años de portavocía, tanto en la brega dialéctica de plenos y comisiones como en su conocimiento público. Él, entre otras cosas, ha planteado soterrar las vías de tren que van del puerto a María Zambrano y soterrar un tramo entre el Paseo de los Curas y el Muelle Heredia para conectar peatonalmente calle Larios. Tiene, ciertamente, un proyecto de ciudad que mantiene lo mejor de De la Torre y aporta un impulso social como ejecutar un plan de empleo ambicioso.
Juan Cassá, líder de Cs, tiene sus propios retos: evitar que la marca naranja sea absorbida por el abrazo del oso del PP si entra a formar parte del equipo de gobierno por imposición de los líderes de Cs en Madrid, y diferenciar, aun así, su discurso.
Eduardo Zorrilla, líder de IU y portavoz de Adelante Málaga, deberá completar la digestión de Podemos, integrando a los ediles morados en el grupo y la dinámica municipal, además de hacer un discurso centrado en la defensa de los espacios sociales.
Del éxito de todos ellos dependerá la suerte de una ciudad de moda que debe evitar, en lo posible, morir de éxito.
