El juicio sobre el asesinato de Lucía Garrido, la mujer asesinada en su vivienda de Alhaurín de la Torre el 30 de abril de 2008 y cuya instrucción del caso ha protagonizado un periplo policial y judicial propio de un guion cinematográfico, ya tiene fecha. Será el próximo 18 de septiembre, más de once años y cinco jueces instructores después de un crimen sobre el que giran diferentes tramas. Denuncias de malos tratos de Lucía que no llegaron a nada. Su brutal asesinato. La muerte a tiros un año después de dos sicarios colombianos en la misma finca a manos de Manuel Alonso, la expareja de Lucía que alegó defensa propia. La investigación de todos esos casos por guardias civiles amigos y socios de Alonso, entre ellos el que fuera jefe Antidroga de la Comandancia de Málaga y con el que fue detenido en 2010 en una operación contra el narcotráfico por la que fueron condenados a penas de cárcel. Más de una década después, un jurado popular que estará formado por nueve personas decidirá por fin la responsabilidad en el crimen de la expareja de la fallecida, bajo sospecha durante casi toda la instrucción a pesar de que fue desimputado por la Fiscalía, y otras tres personas, dos exguardias civiles y el presunto autor material del crimen.

La acusación particular pide entre 18 y 20 años para los presuntos inductores del asesinato, los tres primeros, y 25 para el último. Para el entorno de la fallecida, el móvil fue la finca Los Naranjos, ya que aseguran que su expareja tenía un gran interés por recuperarla después de que un juez se la concediera a Lucía tras el proceso de separación. Así lo aseguró ayer Rosa, la hermana de Lucía, que compareció ante los medios junto a su inseparable secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Málaga, Ignacio Carrasco, y el abogado de la asociación, José Guerrero. Los dos primeros dirigieron duras palabras contra un proceso lleno de «irregularidades», «corruptelas policiales», «destrucción de pruebas» o «acoso» sobre el entorno de víctima. Criticaron sin piedad el papel tanto de la Fiscalía, que no ha presentado cargos contra Alonso «pese a la docena de indicios que la Audiencia Provincial consideraba que había contra él», y del principal responsable de la Comandancia de Málaga. Y recordaron el calvario por el que han pasado sus familias.

Según el responsable de AUGC, han sido «acosados por la propia Administración» por denunciar hechos inauditos como la desaparición de unos audios claves en la investigación. Se referían a los audios de las llamadas entrantes y salientes que Alonso recibió y realizó antes y después del crimen. «Nos dijeron que se perdieron en unas inundaciones en la Comandancia y eso no se investigó», aseguró antes de recordar que también les entregaron un CD rayado. «A mí me llegaron a decir que Lucía se había suicidado», exclamó Rosa indignada antes de recordar que su hermana fue golpeada en la cabeza con un ladrillo, apuñalada en el cuello y finamente ahogada en la piscina de la finca de Los Naranjos. La investigación sufrió un gran impulso tras hacerse cargo de ella Asuntos Internos de la Guardia Civil, aunque tanto Carrasco como Garrido lamentaron que esto ocurriera después de tantos años de despropósitos.

La contaminación que detectó en 2013 uno de los jueces en torno a todas las investigaciones que afectaban a Alonso le llevó a poner el caso en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, cuyos agentes no tardaron en reunir testimonios que evidenciaban que Alonso odiaba a la víctima, que conocía a personas que podían ejecutar un crimen y que no dejaba de repetir en su entorno que lo haría. Los investigadores, que ya entonces lo señalaron como el inductor del crimen, destacaron las «acciones incomprensibles» que realizó para asegurarse una coartada, como el esfuerzo que hizo para que las cámaras de seguridad le grabaran o todos los tickets que recogió en distintas gasolineras durante su viaje a Castellar de la Frontera (Cádiz) el día de los hechos.