Ni en el peor de los escenarios contemplan los bancos una hipoteca a 70 años, y sin embargo, eso es lo que parece haberles caído encima a alrededor de 150 familias de la barriada García Grana, dependiente del Instituto Municipal de la Vivienda, muchas de las cuales empezaron a pagar su piso de alquiler, con la promesa de adquirirlo, cuando nació la barriada, en 1959.
Aunque suene a ciencia ficción, el Consistorio no reconocerá la propiedad de los pisos hasta 2028, y solo a los de la primera fase de la nueva barriada -construida a partir de 2003, tras la demolición de la antigua- porque para las dos siguientes fases el Ayuntamiento ni siquiera ha puesto fecha.
«He hecho cuentas y las casas las hemos pagado por tres veces», critica Rosa Meléndez, presidenta de la plataforma vecinal Záncara, que tras pleitear en los juzgados logró que en 2011 el Ayuntamiento reconociera que 22 vecinos con contratos antiguos tenían derecho a ser propietarios de sus pisos.
Sin embargo, este reconocimiento, que se iba a hacer efectivo en 2014, sigue siendo papel mojado, aunque desde 2012 ya no pagan alquiler, sino solo la comunidad.
El retraso para estas 22 familias que lograron el reconocimiento municipal se debe a que el Ayuntamiento quiso saber si había más familias de la primera fase en las mismas condiciones, y aparecieron unas 125, explica Rosa Meléndez, que cree que con las otras dos fases se llegará a unas 170 con escrituras antiguas, de las cerca de 500 familias que viven en el barrio.
El año 2028 es cuando termina la amortización del préstamo hipotecario, y que la plataforma informa de que ronda los dos millones de euros, una hipoteca puesta en marcha por el IMV, «para el caso de que quedara alguna parte pendiente del pago», precisaba en 2015 el entonces concejal socialista Sergio Brenes.
En cualquier caso, los vecinos consideran inaudito que para conseguir una vivienda de una administración pública tengan que esperar 70 años, además de todos los inconvenientes que causa.
A este respecto, en 2017 la abogada de las 22 familias, Concepción León-Parreño, informaba a este diario de que si el inquilino fallece, el piso no pasa a los herederos legítimos, sino que el contrato se subroga «en la personas que dos años antes del fallecimiento ha convivido con el inquilino, con lo que lo tratan como arrendatario», lo que a su juicio fuerza a familiares a permanecer en las casas y a no dejarlas por miedo a perderlas para siempre.
«No vamos a consentir»
Victoria Reyes, de la plataforma, reclamó que en primer lugar se reconozca la propiedad de estas 22 familias que se unieron en la plataforma y ganaron el juicio. «No vamos a consentir estar esperando hasta 2028», subrayó María Fernández, también de la plataforma.
La presidenta vecinal, Rosa Meléndez, reclamó por su parte que no sólo se reconozca antes de 2028 a todas las familias pendientes de la primera fase, sino que el Ayuntamiento exima ya del pago del alquiler a las familias de la segunda y tercera fase y encarrile el proceso para el reconocimiento de su propiedad, como con el resto, «porque la mayoría son personas que como cobran una paga no contributiva no tienen para pagar un alquiler».
Rafael Martín, representante de la federación vecinal Solidaridad, apoyó a los vecinos de García Grana y reclamó al Consistorio «que termine de darles de una vez las escrituras y luego que comiencen ya con la segunda fase». Rafael Martín también lamentó «que lo que está haciendo el señor alcalde aquí es un gueto».
Una portavoz municipal se limitó a contestar que se sigue adelante con lo que aprobó el consejo del IMV.
