14 de junio de 2019
14.06.2019
Conflictividad laboral

Limasa no tendrá que pagar los atrasos a sus trabajadores

El TSJA da la razón a la empresa, que fija que debe aplicarse el convenio de 2010/2012 con las modificaciones posteriores al mismo, de forma que la sociedad mixta se ahorrará entre 10.000 y 12.000 euros por empleado

14.06.2019 | 17:46
Un camión de Limasa.

El camino hacia la municipalización de Limasa queda expedito con la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga, que ha estimado parcialmente el recurso de suplicación de Limasa III contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 12, de 4 de octubre de 2018. La Sala considera que el convenio colectivo aplicable es el de 2010/2012, publicado en el BOP en enero de 2011, con las modificaciones sufridas por el documento tras los acuerdos suscritos en el SERCLA entra la empresa y el comité de huelga el 17 de febrero de 2012 y el 23 de marzo de 2013, lo que supone que la sociedad mixta no tendrá que abonar en concepto de atrasos una media de entre 10.000 y 12.000 euros a cada trabajador de la empresa, conformada por unos 1.800 entre fijos y eventuales. En total, la cifra mínima estimada que debería haber devuelto Limasa es de 10 millones de euros, aunque superaría ampliamente ese número casi con seguridad. Ahora, a las puertas de municipalización, parece que este escollo se despeja.

La resolución, de cualquier forma, no es firma y contra ella cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Supremo.

Ya había quedado claro por sentencias anteriores que el único convenio vigente es el firmado para 2010/2012, por lo que la jueza de instancia (el juicio se celebró el 27 de septiembre de 2018) debía decidir si debían incorporar también, como parte de ese convenio, los cuatro acuerdos parciales firmados entre la empresa y los representantes de la plantilla en febrero de 2012, marzo de 2013, diciembre de este año y marzo de 2016. Esta fue la tesis que defendió la empresa en aquella vista, alegando que esos acuerdos tenían "eficacia de convenio" y además venían aplicándose sin conflicto, algunos desde hacía más de siete años. "¿Ahora, siete años después de estar aplicándose vamos a decir que no valen?", se preguntó el letrado.

Los trabajadores, por su parte, rechazaron en esa vista de septiembre de 2018 que dichos acuerdos deban tenerse en cuenta y, por medio de sus abogados, insistieron en un argumento que consideraron clave: que son cosa juzgada y desestimadas por sentencias anteriores que han considerado que los mismos no tienen rasgo de convenio, en especial la sentencia del TSJA que en su fallo de julio de 2016 fija que el único convenio vigente es el de 2010/2012. Finalmente, la juez dio la razón a los trabajadores, pero la empresa presentó un recurso de suplicación contra ese fallo, que ahora evita que Limasa deba pagarle a cada uno de los empleados entre 10.000 y 12.000 euros.

Esta decisión del Alto Tribunal andaluz determina las obligaciones económicas que debía asumir la empresa con la plantilla. Limasa se ha ahorrado la obligación de devolver a los empleados los derechos laborales que habían sido recortados en los años posteriores al convenio de 2010, especialmente la paga de productividad de 1.431 euros y las subidas salariales. Según los cálculos aproximados del comité de empresa, la cifra oscila entre 10.000 y 12.000 euros por empleado.

Recientemente, y nueve años después del último convenio, en 2010, se rubricó el nuevo convenio en la empresa, que pone fin a siete años de conflictividad laboral extrema, con dos huelgas y otros dos conatos, además de una confrontación permanente dirimida en los juzgados de lo Social. El Consejo de Administración aprobó el pasado 13 de mayo el convenio negociado en las últimas semanas, con el Ayuntamiento como árbitro y que tendrá una vigencia de cuatro años. El convenio obtuvo un amplísimo respaldo de los trabajadores en la asamblea celebrada el 26 de abril.

Así, aunque la subida salarial oficial es de un 3,75%, el 2,25% aprobado por el Gobierno para el sector público y otro 1,5%, correspondiente a la subida del IPC, la realidad, según se refleja en las tablas salariales, es que esa subida será de entre un 5,2% y un 5,7% para los trabajadores, ya que además del incremento oficial, los trabajadores recuperan el cobro en su totalidad de la paga de marzo (antes de productividad) que desde 2016 venían cobrado solo en parte (867 euros) y a partir de ahora volverán a cobrar íntegramente, es decir 1.431 euros.

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