La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación contra el archivo de la denuncia que un agente de la Policía Local de Málaga presentó hace meses contra los responsables del Grupo de Apoyo de Planificación del cuerpo por un presunto delito de prevaricación. El denunciante considera que se le impidió trabajar y cobrar un servicio extraordinario de Feria previamente asignado por no poder acudir a otro servicio convocado por decreto por razones de conciliación familiar, concretamente por la custodia de una hija pequeña. A sí lo asegura desde el Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía (Sipan), cuyos responsables aseguran que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial notificó el 12 de junio lo que ya acordó el 24 de mayo, cuando estimó el recurso de apelación del denunciante a la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 11 que archivó el caso.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, resume que la denuncia se centra en «la reasignación de servicios en relación al dispositivo especial de feria, privando al recurrente del servicio extraordinario previamente asignado al mismo para el día 18 de agosto, lo que, según dicha parte, supone una sanción encubierta» sin justificación. En sus razonamientos jurídicos, la Audiencia considera que, a pesar de que el agente se ratificó en el escrito de denuncia, el instructor acordó el sobreseimiento de la causa sin practicar diligencia alguna. «Lo procedente es la revocación de la resolución recurrida para que se practiquen las diligencias oportunas para el esclarecimiento los hechos denunciados, debiéndose a tales efectos oficiar a la Jefatura de Policía Local de Málaga a fin de que se remita copia auténtica de las resoluciones dictadas y expedientes tramitados en relación al dispositivo especial para la Feria de 2018, en particular todas los que afecten al hoy recurrente, tras lo cual el Instructor resolverá lo que estime oportuno con total libertad de criterio», abunda el escrito.

Desde el sindicato recuerdan que esta y otras denuncias surgieron cuando muchos agentes fueron obligados a trabajar con un decreto sin tener en cuenta obligaciones familiares como la custodia de menores, hecho que supuso que desde el Grupo de Planificación anularan los servicios extraordinarios previamente asignados.