El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que los trabajos del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Málaga capital, ubicado en la zona del puerto, «se encuentran avanzados» e indicó que «durante el próximo mes de julio se inaugurará y se abrirá» esta instalación.

Así lo indicó Grande-Marlaska preguntado por los periodistas en Málaga, donde participó en la inauguración de la Conferencia de Delitos contra la Propiedad Intelectual; apuntando que la perspectiva de llegadas de migrantes es «una tendencia actualmente a la baja respecto al año pasado».

Esto es, dijo, «fruto de un trabajo importante que se ha desarrollado». «La política migratoria ha vuelto a tener un lugar en el Gobierno de España», resaltó, al tiempo que reiteró que la migración «es un reto que está aquí y tenemos que afrontarlo en el marco no solo de España sino también de la Unión Europea». «La cooperación y la colaboración entre África y Europa es la única posibilidad real de poder luchar contra la inmigración ilegal y concretar una migración legal, segura y ordenada», manifestó.

El ministro en funciones señaló que la UE «tiene un plan África», al igual que España, «que se están desarrollando»; apuntando que «ahora en la UE se está negociando el marco financiero plurianual para las inversiones en los distintos ámbitos europeos para los próximos siete años -de 2021 a 2027-». «Ahí es donde se está trabajando para un incremento de la cooperación al desarrollo para todos los países de origen y de tránsito, sin perjuicio de que ya hay programas de colaboración y coordinación, pero lo que queremos es implementarlos de una forma relevante».

Propiedad intelectual

El ministro del Interior en funciones también defendió ayer una respuesta «global» a la amenaza que los delitos contra la propiedad intelectual suponen para la seguridad colectiva y la construcción de un «enfoque común» entre los países que permita proteger los beneficios que se obtienen de la innovación. Así, subrayó que la protección del trabajo de los creadores debe ser «una cuestión prioritaria» tanto para España como para la Unión Europea y sus socios internacionales. «Las falsificaciones y cualquier otro ataque a la propiedad intelectual», dijo Grande-Marlaska, «son una forma de delincuencia organizada y le haremos frente con la misma contundencia con la que afrontamos cualquier amenaza de las mafias internacionales».

Recordó que, solo en España, las marcas emplean a más de seis millones de personas, aportan anualmente 420.000 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB), generan 73.000 millones en impuestos y las exportaciones ascienden a 125.000 millones de euros.

Aún así, insistió en que pese a la relevancia de los datos, la comisión de este tipo de delitos suponen también «un riesgo para la salud pública», puesto que los productos falsificados no respetan los protocolos ni de seguridad ni de sanidad, algo que «salpica en la misma medida» a otros campos como la regulación ambiental. Marlaska instó a la comunidad internacional a luchar «contra quienes no respetan a los creadores y a los que invierten en innovación» y contra quienes «no tienen escrúpulos a la hora de generar peligros sanitarios y medioambientales».