La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación penal abiertas contra la edil de Limpieza del Ayuntamiento, Teresa Porras, a instancias del sindicato STAL, que denunció a la concejal por haber dicho que había que "quitar de en medio" a esta organización, palabras que, por cierto, sí ratificó el presidente del Comité de Empresa de Limasa III, Manuel Belmonte, aunque según explicó después en su declaración a la política se le replicó al instante y no tiene constancia de que luego reiterase esta expresión o similares. Por tanto, el ministerio público no ve delito contra la libertad sindical ni coacciones.

Según se desprende del decreto de Fiscalía, el STAL presentó en el ministerio público un escrito de denuncia contra Teresa Porras, palabras que esta habría pronunciado ante los miembros del Comité de Empresa, "dirigidas a toda la plantilla y atentatorias contra el derecho de libertad sindical". Adjuntó la plataforma sindical un disco de audio que contenía grabaciones de voces de personas distintas de la denunciada. Así, fueron llamados a declarar Belmonte y el representante del sindicato el pasado 7 de junio. El representante del STAL aludió "a un posible pacto de silencio entre la empresa y los sindicatos, que ellos consideraron nocivo para los trabajadores". "Aclaró que conocieron los hechos por referencias de los miembros del Comité de Empresa y añadió que debido a estas presiones habían perdido unos setenta afiliados", agregó.

De lo actuado, dice el fiscal, se desprende que el STAL planteó en su día un recurso ante el TSJA impugnando un principio de acuerdo suscrito a finales de 2013 entre Limasa y los sindicatos representados en el comité. "Al parecer, este nuevo acuerdo fue fruto de la negociación en curso para la redacción de un nuevo convenio colectivo, pero se materializó a través del SERCLA", dice el fiscal. A consecuencia del recurso, añade, Limasa fue condenada al reconocimiento y reposición de ciertas condiciones laborales, "que formaban parte del convenio aún vigente y habían quedado mermadas por el citado preacuardo". Esta situación afectada retroactivamente a la mayoría de la plantilla, razón por la que se presentaron múltiples demandas individuales "reclamando el pago de atrasos", lo que ya se ha resuelto.

El acusador píublico explica que se despachó ejecución en octubre de 2018, al tiempo que se desarrollaba la última fase de negociación del nuevo convenio colectivo, "finalmente aprobado en asamblea de trabajadores de 26 de abril de 2019 para los años 19 y 20". Por tanto, agrega, "parece natural que los gestores de Limasa y representantes de Limasa ampliaran la negociación al problema del pago de los atrasos y, según declara Manuel Belmonte, presidente del Comité de Empresa, fue entonces cuando Teresa Porras, recién incorporada a la negociación en sustitución del concejal Raúl Jiménez propuso en una reunión con los sindicalistas de la mesa de negociación (UGT, CCOO, CSIF, USO, UTL Y SILMA) una solución extrajudicial para ese asunto y dijo que 'había que quitar de en medio' al STAL".

El testito también aseguró que la concejala recibió una réplica inmediata y no tiene constancia de que "luego haya reiterado tal pretensión o realizado nuevos comentarios en el mismo sentido. Añade que desde el departamento de Recursos Humanos se dispensa al STAL el mismo trato que a cualquier otro sindicato y que nunca se ha detectado en Limasa maniobras de represalia por actuaciones sindicales, todo lo cual, unido al contexto y circunstancias en las que se produjo el referido incidente, le lleva a la convicción de que Porras sólo quería impulsar una nueva negociación y nunca pretendió atentar contra la libertad sindical de los trabajadores".

Agrega la Fiscalía que, según el mismo testigo, "sus palabras no trascendieron de forma inmediata, siendo difundidas en los meses de enero y febrero de 2019 por los miembros del Comité de Empresa con ocasión de las reuniones informativas que convocaron en los cuartelillos o centros de trabajo, intentando rebatir la información que previamente la concejala y el gerente habían ido transmitiendo directamente a los trabajadores al visitar estos recintos". Es decir, no hay delito y se archiva la causa.