La Junta pondrá la licencia de primera ocupación mediante declaración responsable

El director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, José María Morente, se reunió el jueves con un grupo de integrantes de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) para trasladarle las novedades que en materia urbanística ese han puesto en marcha en Andalucía. Morente coincidió con el sector en que la actual legislación es «farragosa, complicada y muchas veces contradictoria», por lo que informó de que ya trabajan para conseguir una normativa «más clara y práctica». Como muestra, citó seis instrucciones ya dictadas para simplificar y coordinar el trabajo de las delegaciones provinciales, así como el Decreto Ley previsto para mediados de julio sobre Actuaciones Urbanísticas Irregulares.

Según explicó ayer la ACP en una nota tras la celebración del encuentro, Morente aseguró que el mayor trabajo que tienen por delante será la redacción de una nueva Ley Urbanística, cuyo texto pretenden tener para finales de este mismo año pero cuya aprobación definitiva puede retrasarse. Por ello, adelantó que hay algunas modificaciones urgentes como la posibilidad de obtener la Licencia de Primera Ocupación mediante Declaración Responsable. La Junta está buscando el encaje jurídico para poder adelantar su aplicación en el tiempo, y que pueda estar en funcionamiento este mismo año. También apuntó la posibilidad de que las obras menores que estén en entornos BIC no tengan que pasar por las Comisiones de Patrimonio.

Los promotores asistentes, por su parte, le trasladaron los problemas que encuentran derivados de los informes sectoriales, «que en la actualidad son reincidentes, repetitivos y descoordinados, así como en la necesidad de clarificar y poner coto a las cargas externas a las que tienen que enfrentarse».

La ACP explicó que demanda «simplificación urbanística y administrativa en general» que permita a la promoción inmobiliaria configurarse como una actividad industrializada sujeta «a unas normas y a unos plazos ciertos de funcionamiento, que aportarían seguridad jurídica y con ello favorecerán la inversión, así como abaratarían los procesos, y con ello los precios finales de la vivienda».