El registro municipal de demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en Málaga capital acoge las solicitudes de 18.676 familias que esperan hacerse con un piso protegido (datos de febrero de 2019), según la información contenida en el presupuesto de este organismo para el presente ejercicio.

En sus líneas de actuación en materia de vivienda para este ejercicio, el IMV explica que de todos los demandantes, el 87,8% piden viviendas de alquiler y, de ellas, el 75% tiene menos de 35 años y unos ingresos anuales inferiores a 7.432 euros, y, por tanto, se ven incapacitados para adquirir una vivienda «en régimen de propiedad y soportar una hipoteca media de 400 euros al mes».

«Por lo tanto, a este sector de población se le deben satisfacer sus necesidades de vivienda mediante la adjudicación de viviendas en alquiler a rentas no superiores a los 150 euros al mes», dice el IMV, que añade que, desde 2000, el organismo, que es una agencia administrativa local del Consistorio, ha entregado a los ciudadanos de Málaga 5.223 viviendas, 2.433 de ellas en régimen de alquiler.

«En la actualidad tenemos en ejecución, en colaboración con la Sociedad Municipal de Vivienda de Málaga y en sus diferentes fases, 109 viviendas. Y en proyecto con suelo finalista para 1.047 viviendas más en alquiler, que están a la espera de ayudas públicas de algún tipo», subraya el IMV, para apostillar que las consignaciones de estas promociones están incluidas en le presupuesto de la Sociedad, «si bien no aparecen aún aquellas actuaciones pendientes de financiación».

Así, la primera línea de acción de esta entidad es la apuesta decidida por la promoción de viviendas en alquiler como fórmula para satisfacer la demanda. La segunda es el alquiler con opción a compra como fórmula de adjudicación del stock de viviendas en venta que no se han podido vender. «Como consecuencia de las exigencias de las entidades financieras frente a los compradores de vivienda, gran parte de las promociones de viviendas promovidas en régimen de venta por el IMV no pudieron venderse. La fórmula novedosa que se empleó fue la de alquilar estas viviendas a sus adjudicatarios por una renta de alquiler igual a la cuota hipotecaria que el IMV debería pagar» a los bancos.

De esta manera, se descongestionó el stock de 102 viviendas y se les concedió un plazo de siete años a los adjudicatarios en régimen de alquiler con opción a compra. «Al séptimo año, el piso se les venderá por un precio igual al precio de venta de origen menos el capital que el IMV hubiese amortizado con las cuotas hipotecarias pagadas por aquellos en concepto de renta».

Otra de las líneas maestras es relativa al registro municipal de demandantes y adjudicaciones por sorteo. «Desde 2010 en el que entró en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda, el IMV creó el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Málaga. Los demandantes de viviendas se inscriben en este registro en alguno de los cupos o grupos de especial protección: jóvenes, mayores de 65 años, discapacitados, familias monoparentales, familias numerosas, emigrantes retornados, víctimas de violencia de género, etcétera...», subraya el IMV, que añade al tiempo que las viviendas se adjudican con un sorteo.

Asimismo, y como cuarta línea, desde 2011 el IMV junto al Área de Derechos Sociales, creó un comité para valorar casos de especial vulnerabilidad y con necesidad urgente de vivienda. Se ha atendido a 1.800 familias, de estas se seleccionan los casos más urgentes y se les adjudica una casa sin necesidad de pasar por sorteo. Desde 2011, se han adjudicado así 470 pisos protegidos.

Es más, en septiembre de 2015 se creó una oficina de atención a las familias objeto de desahucios hipotecarios o por alquiler de vivienda. La oficina gestiona, negocia e intermedia con las entidades financieras y arrendadores de viviendas de familias afectadas por desahucios, con el objeto de que estas puedan permanecer viviendo en sus hogares familiares, «bien reestructurando la deuda bien gestionando un alquiler de viviendas».

Por otro lado, y como línea adicional, se encuentra el plan de pago de las rentas de alquiler. En 2019, continúa la ejecución del mismo, destinado a las familias declaradas por el Comité de Valoración de Familias en Riesgo de Exclusión Social como tales, que procedan de un desahucio hipotecario o de arrendamiento, y por el que se les concede una ayuda para el pago de un nuevo alquiler por tres años. La ayuda consiste en el pago del 100% de las rentas de alquiler en el primer semestre, el 90% en el segundo, el 80% en el tercero, 70% en el cuarto, 60% en el quinto y el 50% en el sexto y último semestre. «Deben las familias beneficiarias abonar el porcentaje restante de las rentas en cada periodo. La renta máxima mensual es de 450 euros», dicen.