Un informe del Grupo II de Blanqueo, adscrito a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, requerido por el Juzgado de Instrucción número 14 de la capital, encargado de investigar el caso Villas del Arenal, por el que se investiga al exedil de Urbanismo, Francisco Pomares, y al gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Cardador, revela “la existencia de sendos informes en procedimientos sancionadores minorándose, en los emitidos en segundo lugar, la valoración de las obras realizadas”. Curiosamente, esos informes que rebajan la suma de las construcciones supuestamente irregulares, habrían sido emitidos entre el 24 de febrero de 2015 y el 6 de agosto del mismo año, es decir, fechas en las que los expedientes de Villas del Arenal fueron apartados para su tramitación del Servicio Jurídico Administrativo de Inspección y Conservación, lo que se conoce como la etapa del “equipo B”, o departamento creado ad hoc para solventar, en lo posible, los problemas urbanísticos que estaban teniendo algunos vecinos. Ello habría ocurrido hasta en 39 expedientes y las rebajas, en algunos casos, son importantes.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, repasa los dos CD entregados por el Ayuntamiento a los investigadores policiales, uno primero con una determinada documentación y otro segundo con más documentación anexa. En los análisis y puesta en común de los datos obtenidos de uno y otro, se revelan diversas disfunciones relacionadas, por ejemplo, con el foliado de algunos de los expedientes. El primero de los CD lo recibe el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil el 24 de octubre de 2018, con 166 expedientes y dos archivadores de la Gerencia. Este se envía el 11 de octubre. Poco después, la Gerencia envía un segundo CD con copia digitalizada de la documentación anexa de esos expedientes, en concreto sobre 96 de ellos. Este tiene entrada en Fiscalía el 26 de octubre. El informe de la Guardia Civil se hizo sobre la documentación del primero de los CD, no del segundo.

En cuanto a las sanciones potenciales por obras presuntamente irregulares, si estas tienen una valoración inferior, la multa es menor. “En el análisis de los expedientes se ha detectado la existencia de sendos informes en procedimientos sancionadores, minorándose en los emitidos en segundo lugar la valoración de las obras realizadas”, dice la Policía, que añade que estos informes que rebajaron la suma de coste de las obras se emitieron entre el 2 de febrero de 2015 y el 6 de agosto de 2015, fechas en las que estos expedientes “fueron apartados para su tramitación del Servicio Jurídico Administrativo de Inspección y Conservación”, es decir, los realizó supuestamente lo que se conoció como “equipo B” o departamento creado ad hoc para resolver la situación.

En los 39 expedientes en los que se produjeron estas rebajas, hay algunas tan significativas como estas: de 17.908,35 euros en mayo de 2014 a 1.074,54 euros el 25 de mayo de 2015; de 28,653,36 euros a 6.494 en sendos informes con diez meses de diferencia o de 20.296,13 euros a 2.149 (el primero de los informes es del 12 de noviembre de 2014 y el segundo, del 19 de mayo de 2015). En algunos casos, las reducciones son de la mitad o de las tres cuartas partes del valor total de la obra, o incluso superiores al noventa por ciento, como ocurre con un expediente en el que el primer informe valora, el 27 de noviembre de 2014, las obras en 19.830 y el segundo estudio las sitúa en 1.983,05.