El cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, del PSOE a la coalición de PP y Cs sustentada por el apoyo parlamentario de Vox, no ha cambiado la relación de la Administración autonómica con los ayuntamientos en un capítulo muy importante para éstos, las aportaciones anuales que deberían recibir del fondo de Participación en los Tributos de la Comunidad de Andalucía (PATRICA). Así, el equipo de gobierno estima que, en ausencia aún de los presupuestos generales de la Junta aprobados para 2019, los ingresos a percibir por este concepto por el Ayuntamiento de Málaga ascenderán a más de 21 millones de euros. Sin embargo, en el periodo 2013/2019 se habrían dejado de percibir por la ciudad, al no actualizarse el fondo como se había previsto, 42,1 millones de euros.

En el proyecto de las cuentas del municipio para 2019 (ya aprobadas inicialmente por la Junta de Gobierno Local aunque aún no han recibido el visto bueno definitivo del Pleno, algo que ocurrirá en las próximas semanas) se explica que «el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de presupuesto de la comunidad para 2019, que vuelve a evidenciar que, por séptimo año consecutivo, queda congelada la participación en los tributos autonómicos».

De conformidad, dice el equipo de gobierno, con las previsiones contenidas en la Ley 6/2010 de 1 de junio, que regula las condiciones de estas transferencias, «la dotación inicial del fondo de 420 millones de euros en 2011 debió incrementarse en los tres ejercicios siguientes en 60 millones de euros cada año y, a partir del ejercicio 2015, el Fondo consolidado regional que ya debió de alcanzar la cifra de 600 millones de euros evolucionaría según los ingresos tributarios de la comunidad autónoma».

En la práctica, esta previsión, explica el equipo de gobierno en el informe económico-financiero de las cuentas de 2019 para la ciudad, «sólo se cumplió para el primer ejercicio de actualización de 2012. En el año siguiente ya no se efectuó esta actualización y, desde 2013, la dotación del fondo quedó congelada en 480 millones de euros (420 millones más 60)».

Con la nueva prórroga, se vuelve a impedir que, al menos, otros 60 millones se incorporen al fondo, «por lo que nuestro Ayuntamiento dejará de percibir los aproximadamente 6,6 millones que le correspondería obtener en 2019, acumulándose a los 3,2, los 6,3, los 6,4, 6,5, 6,5 y 6,5 millones no percibidos de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente, a los que habría que sumar los que pudieran proceder de la actualización anual de los ingresos tributarios de la comunidad».

Por ello, estas desviaciones sobre lo contemplado por la Ley 6/2010 antes citada, que regula esta participación, «tienen como efecto una pérdida real acumulada de nuestro municipio sobre las previsiones realizadas conforme a dicha ley, de en torno a unos 42,1 millones de euros en este periodo (2013-2019), cantidad que venía recogida en el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el pleno municipal el 20 de septiembre de 2012». Por ello, sólo se ingresarán 21,1 millones de euros al considerarse un escenario de prórroga.

Fuentes del equipo de gobierno destacaron que el PSOE, cuando gobernaba, no reconocía esta deuda y, de hecho, no apoyó algunas de las mociones que ellos llevaron al pleno para exigir el pago de esta deuda. Se trata de fondos que no son finalistas y pueden usarse para muchos cometidos.

Plan de ajuste

Por otro lado, uno de los grandes objetivos previstos para el ejercicio económico 2019, según explica el equipo de gobierno en sus presupuestos, es continuar con la tendencia iniciada desde hace varios años de reducción progresiva de la carga financiera y volumen de endeudamiento. Así pues, en la propuesta de presupuestos se contempla una reducción de este índice. En concreto, a finales de 2019 quedará en el 62,22%, es decir, 47,78 puntos por debajo del límite legal, establecido en el 110%. Sin contar la deuda contraída por el Ayuntamiento para construir VPO, el índice se situaría en un 50,24%.

La primera novedad que afecta a la elaboración del proyecto de presupuesto de 2019, explica el equipo de gobierno, es el hecho de que la consecución de los objetivos planteados en el plan de ajuste entre 2013 y 2020, aprobado por el Ayuntamiento en septiembre de 2012, «que persigue enjugar las necesidades de financiación detectadas en la liquidación del presupuesto 2011, y que consistían en disminuir el endeudamiento municipal hasta conseguir un índice de endeudamiento inferior al 75%; mantener la sostenibilidad financiera, capacidad de financiación (estabilidad presupuestaria) y cumplimiento de la regla de gasto, ya han sido alcanzados, y por lo tanto el plan ya ha sido cumplido. Por tanto, no será necesario solicitar la autorización de la Junta.