09 de julio de 2019
09.07.2019
Vivienda

Una constructora deja inacabada la reforma de 10 edificios Palma-Palmilla

El IMV ha resuelto el contrato, mientras que el PSOE recalca que se adjudicaron las obras con una "baja temeraria"

09.07.2019 | 13:40
Imagen del Distrito Palma-Palmilla.

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha acordado resolver el contrato de reforma de diez edificios de las barriadas de Palma, Palmilla y la Virreina, después de que la constructora no haya acabado su trabajo, según la documentación a la que ha podido acceder este periódico.

Así, consta en el expediente, el 10 de julio de 2017 se suscribió contrato administrativo con la mercantil Easy 2000 para la ejecución del contrato de las obras de rehabilitación de diez edificios ubicados en la plaza de los Verdiales, 14, calle Antonio María Isola, 3, 6 y 12, calle González Sánchez, en el número 6, calle Joaquín Pizarro y Despistal, 5, 7 y 9 y calle Pedro Ruiz García, 4, todas ellas en Palmilla, Virreina y 26 de Febrero.

El 8 de noviembre de 2018, se cambió la denominación social, a Motion Team Concretia. El 15 de enero de 2019, el Consejo Rector del IMV aprobó ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2019, pero hay un informe del 17 de junio, del Servicio de Rehabilitación Urbana, en el que se pone de manifiesto que, una vez transcurrido dicho plazo, las obras no han concluido, "por lo que se solicita que se incoe expediente de resolución del contrato". En ese informe, se hace constar que no se han ejecutado en su totalidad las obras en relación a los proyectos aprobados y vigentes y se procedió a la firma del acta de recepción el 6 de junio de 2019, "junto a la liquidación de las obras recogidas suscritas por la intervención, dirección facultativa, el IMV y el contratista".

Las obras se iniciaron con un importe de 1.178.863,94 euros, IVA incluido, y el plazo fijado era de 12 meses. La firma del contrato fue el 10 de julio de 2017, el acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras se levantó y firmó el 9 de agosto de 2017, siendo paralizadas el 10 de agosto de 2017 y reiniciadas el 8 de enero de 2018, por causas ajenas tanto al promotor como al contratista. Posteriormente, se volvieron a paralizar el 20 de diciembre de 2018 y se reiniciaron el 21 de diciembre del mismo año. El 15 de enero de 2019, el IMV concedió una ampliación del plazo hasta el pasado 31 de marzo, y el 6 de junio se firmó el acta de recepción con disconformidad, junto a la relación de obras ejecutadas. Finalmente, se han ejecutado trabajos por 870.968 eyros. Lo que se firmó fue la rehabilitación de zonas y elementos comunes de 10 edificios, así como la solería de las plantas altas y revestimientos de los inmuebles, la reforma e impermeabilización de las cubiertas, el cambio de la red general de saneamiento, el cambio de la instalación general de fontanería, electricidad y telecomunicaciones y la instalación de ascensores.

El PSOE, por su parte, ha denunciado hoy a través de su portavoz, Daniel Pérez, "la mala gestión del equipo de gobierno" tras la resolución del contrato, que se debe, indica, a su adjudicación "mediante una baja temeraria del 35%, muy por encima de lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público. Es más, en la reunión mantenida esta misma mañana en el IMV, los consejeros del PP han reconocido que se aceptó este contrato como baja temeraria".

"Los máximos castigados de esta situación son las familias que viven en estos edificios, que se ven con las obras abiertas en canal en sus portales, con graves problemas de luz, accesibilidad e, incluso, a través de las zanjas, la aparición de plagas de roedores y cucarachas. De hecho, el equipo de gobierno en el informe evita poner fotos del interior de los portales, le invito al alcalde a que se pase por los mismos para comprobar lo que nosotros llevamos meses observando", dice. Es más, en las visitas que él ha hecho a la zona, ha asegurado, los propios trabajadores de las obras dejaron entrever que llevaban meses sin cobrar los salarios, por lo que pide que alguien les dé respuesta. Son más de 250 personas las que viven en estos edificios y Pérez ha exigido que el equipo de gobierno asuma con medios propios "la finalización de estas obras".

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