El personal sanitario sólo denuncia un 40% de las agresiones que sufren durante el desempeño de su labor profesional. Seis de cada diez agresiones a profesionales sanitarios no acaban en denuncia. Pese a las medidas instauradas para facilitar la denuncia al personal sanitario, ni la mitad de ellas son denunciadas. Sin denuncia, no puede haber condena, asegura la subdelegada del Gobierno, María Gámez. Gámez ha acudido este lunes a la tercera reunión del año sobre agresiones a profesionales sanitarios. Estas reuniones se llevan celebrando desde que en el año 2017, una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior hiciese que se contabilizaran las agresiones al personal sanitario.
El pasado año se contabilizaron un total de 96 agresiones a profesionales del sector sanitario. En el primer semestre de 2019 han sido 46 los delitos de agresiones a personal sanitario y ha habido 13 detenidos. Estas reuniones tienen como objetivo poner en marcha medidas de prevención para proteger a todos los profesionales sanitarios de la provincia. A esta reunión, celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, han asistido interlocutores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sindicatos y colegios profesionales afectados. Este foro, asegura Gámez, favorece el diálogo entre estos profesionales y las dos administraciones públicas, Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación.
El delegado territorial de Salud y Familias en Málaga, Carlos Bautista Ojeda y la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, han comparecido ante los medios para hacer un balance de la situación actual. Ambos insisten en la necesidad de impartir charlas y formar a los profesionales sanitarios para saber cómo actuar ante una situación de riesgo o cuando se produzca una agresión directa a un profesional sanitario.
La subdelegada del Gobierno ha explicado los diferentes tipos de agresiones que se pueden llegar a dar dentro de un centro sanitario. Estas agresiones van desde las amenazas, injurias y coacciones hasta los atentados contra la integridad de los profesionales. Un caso de atentado, según el código penal, podría suponer de 6 meses a un año de cárcel. Las amenazas, asegura Carlos Bautista, no están suficientemente condenadas. La respuesta de la jurisdicción ante una amenaza es una recomendación para que mejoren su comportamiento, y eso deja al profesional sanitario vacío, afirma Bautista, que asegura que la sensación de impunidad es una realidad actualmente.
Las cifras
El balance del pasado 2018 deja un total de 96 agresiones a personal sanitario, 79 en la Demarcación de la Policía Nacional y 17 en la Demarcación de la Guardia Civil. Las cifras del primer semestre de 2019 contabilizan 46 agresiones. María Gámez aclara que esta cifra no asegura que se vayan a producir más agresiones que el pasado año pero resalta que sí están aflorando más denuncias por agresiones: "Están aflorando más agresiones al facilitar las denuncias pero no sabemos si aflora lo que ya había o están realmente aumentando". La subdelegada del Gobierno denuncia, en cualquier caso, que las agresiones hacia aquellos que ayudan y cuidan de los ciudadanos son inadmisibles.
El aumento de denuncias podría deberse a la mejora en la facilidad de interponer una denuncia, ya que en la provincia se instauró la denuncia express el pasado año. Las Fuerzas de Seguridad se trasladan a los centros sanitarios cuando se produce una agresión para que el personal afectado pueda denunciar. No obstante, la subdelegada del Gobierno ha insistido en la necesidad de que estas situaciones sean denunciadas, ya que solo 4 de cada 10 agresiones a personal sanitario se denuncian. Las demás agresiones que no son comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán ser condenadas, afirma Gámez.
La subdelegada del Gobierno asegura que se están llevando a cabo iniciativas políticas para luchar contra las agresiones y proteger así a los profesionales sanitarios. La ineficacia, debida a la limitación de medios a la hora de dar un servicio público, no justifica las agresiones, asegura Gámez. La subdelegada aboga por utilizar los cauces legales para establecer cualquier tipo de queja o reclamación. Debemos intensificar nuestro trabajo y mantener una actitud de tolerancia cero ante estas agresiones, afirma Gámez.
