29 de julio de 2019
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Actualizado: 01-04-20 11:37h
Polémica

Letrados de víctimas de accidentes, en pie de guerra con el Ayuntamiento de Málaga

ADEVI critica que el Consistorio haya decidido suprimir de manera "unilateral" el acuerdo que les permitía acceder a los atestados policiales de siniestros de tráfico sin abonar la tasa de 20 euros

29.07.2019 | 05:00
Imagen de un accidente de tráfico.

Los letrados agrupados en la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas (Adevi), que engloba a los juristas que representan a los accidentados en siniestros de tráfico, están en pie de guerra con el Ayuntamiento de la capital, según explicaron a este periódico, ya que el Consistorio ha decidido, de manera «unilateral», no renovar el acuerdo que en su día se suscribió con este colectivo por el cual los operadores jurídicos podían obtener copia de los atestados instruidos a causa de accidentes de manera gratuita, sin tener que pagar sus clientes los 20 euros de tasa.

Este acuerdo, explica el presidente, Manuel Temboury, fue suscrito en 2015 y permitía a los abogados de víctimas acceder a las instalaciones de las jefaturas de la Policía Local un día a la semana para obtener mediante captura fotográfica copia de los atestados. Esto permitía que el letrado, desde el primer día, pudiera obtener la información necesaria para gestionar el tratamiento médico para la víctima por parte de la aseguradora culpable del siniestro.

Esta información se obtenía de manera gratuita sin tener que abonar, subrayó Temboury, ningún tipo de tasa. «Al no renovar el acuerdo, las víctimas de accidentes de tráfico tendrán que abonar 20 euros de tasa al Ayuntamiento, lo cual supone una nueva imposición para aquellos que han sufrido daños en sus personas o bienes a causa de un siniestro», dijo.

Ya en la campaña de las municipales, la asociación exigió a todos los ayuntamientos de la provincia que no cobren una tasa por expedir copias de los atestados de tráfico que realizan las diferentes policías locales, ya que se trata de documentos esenciales, por ejemplo, para saber a quién o qué compañía se debe demandar o para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sepa a qué aseguradora debe imputarle los gastos de una estancia y tratamiento de un hospital o los derivados de la rehabilitación. Todo esto ocurre desde hace cuatro años y medio, cuando se suprimieron los juicios de faltas.

«Si hay un accidente, existen dos posibilidades: en el 50% de los casos se firma un parte amistoso, pero en la otra mitad de estos accidentes se instruyen diligencias policiales», explicó el 11 de marzo de 2019 a este periódico Temboury, quien añadió que ello exige la presencia de la Policía Local del municipio en cuestión, que realiza el correspondiente atestado, en el que constan las aseguradoras de los siniestrados, las matrículas de los coches se incorporan a las diligencias de criterio, de forma que se determina quién es el culpable del accidente.

Así, cuando una persona sufre un siniestro grave y está hospitalizada, la Seguridad Social solicita los datos de la aseguradora. «Por ejemplo, si estás en Carlos Haya, la Seguridad Social cobra a la aseguradora los gastos; después pasas a rehabilitación y vas a centros privados, y estos a su vez piden los datos a la compañía de que se trate», dijo. Con el atestado, por tanto, lo primero que es necesario saber es si la Policía Local ha determinado la culpabilidad y, si el accidentado no es culpable, sus gastos los pagará la compañía contraria, porque en el atestado se hallan la compañía, la matrícula y la póliza de seguros.

¿Qué ocurre? Pues que los atestados antes estaban en los juzgados, pero ya se suprimieron los juicios de faltas; algunas veces, la policía ve indicios de delito de un accidente y los sigue mandando al juzgado, pero ahora están en poder policial hasta que un abogado los pide. Todos los ayuntamientos cobran, por tanto, por acceder a los atestados. Málaga y provincia, en general, es barata, pero hay consistorios en los que se han de abonar más de 100 euros y uno de Barcelona, cobra más de 300. En el caso de Málaga, son 20 euros, según la asociación.

«Estamos en pie de guerra porque es una barbaridad que a la víctima de un accidente, que tiene muchos perjuicios, encima se le cobra una tasa por ver a quién se tiene que dirigir en una reclamación futura». No hay norma regional que regule el tema, sino que las competencias son de cada ayuntamiento, y, por tanto, las corporaciones locales son soberanas para decidir como estimen conveniente.

En Málaga, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, de forma que este les dejaba hasta ahora ir una vez por semana a las dependencias de la Policía Local y el funcionario les enseñaba el orden de los atestados y el lugar en el que se encuentra aquel por el que se han interesado, y el jurista puede fotografiarlo. Esta imagen, en muchas ocasiones, tiene una resolución pésima, y hay que presentarla ante un juzgado. Los abogados, claro está, siempre accedían a los atestados previa autorización del cliente. Si a un despacho le entra una media de 20 accidentes a la semana, y 10 son con atestado policial, el coste para el profesional (a 20 euros) es de 200, que a veces abonan los propios clientes y en otras ocasiones, abonan los clientes. Los abogados se reunieron con diferentes partidos que se presentaron a las elecciones para que llevaran en sus programas la supresión de tasas.

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