06 de agosto de 2019
06.08.2019

La Junta subastará el edificio de Correos para que finalmente acoja oficinas

El inmueble saldrá a enajenación pública, junto a otros bienes, el último trimestre de este año

06.08.2019 | 05:00
Imagen del edificio de Correos.

La Junta de Andalucía quiere impulsar la subasta pública del edificio de Correos, ubicado en la avenida de Andalucía de la capital, una enajenación que se hará el último trimestre del año, según pudo saber este periódico, con el fin de que tenga finalmente un uso de oficinas, uno de los principales déficit de la ciudad y que ahora los responsables municipales están intentando paliar con la búsqueda de parcelas para acoger inmuebles destinados a este fin.

La Junta señaló que se está elaborando actualmente el expediente y se encuentra en proceso de salir a subasta, junto a otro lote de activos, y va a ser uno de los primeros en someterse a este procedimiento público. Por el momento, no se ha sabido precisar el valor de tasación, porque aún no se ha aprobado el expediente, que debe recibir el sí del Ejecutivo andaluz.

El edificio lo recibió la Junta de Andalucía en 2010 como pago de la deuda histórica que el Gobierno central mantenía con la comunidad autónoma y, desde entonces, han pasado ya nueve años sin que el inmueble acumule otra cosa más que suciedad, además de tener importantes problemas estructurales.

Incluso, en los últimos años ha sido objeto de un conflicto fiscal entre la Diputación y el Ejecutivo andaluz (gobernado entonces por el PSOE), y llegó a ser embargado por iniciativa de la institución provincial para reclamar lo que le adeudaba la región. En los últimos meses, se ha conocido que la intención del nuevo Gobierno regional es pagar lo que le adeuda a la Diputación para acabar con el embargo y poder subastarlo.

Ha habido a lo largo de todos estos años contactos entre la ciudad y la Junta para ver qué uso tendría definitivamente el inmueble. El principal y el más deseado era el hotelero y, de hecho, a lo largo de este tiempo varios empresarios mostraron su interés en hacer una apuesta en este sentido sobre el inmueble, ubicado en un sitio inmejorable y que se va a revalorizar mucho tras la inminente inauguración de la semipeatonalización de la Alameda y una vez que el metro llegue a la estación final junto a Torregorda, aunque ello ocurrirá en 2021.

El problema es de naturaleza urbanística: la parcela está calificada como equipamiento público, por lo que la Junta, una vez logrado el levantamiento del embargo, podrá subastarlo sin problema alguno. Pero si finalmente, y este parece un escenario que se ha abandonado a priori (siempre susceptible de volver a ser el principal), sale a enajenación pública con un uso hotelero habrá que cambiar la calificación de la parcela y para eso se necesita el concurso de Urbanismo y, además, la Junta deberá compensar a la ciudad con diversos suelos. El valor al ser vendido con un uso hotelero será mucho mayor que el obtenido por una enajenación con un uso de equipamiento.

Las conversaciones entre la ciudad y la anterior Junta socialista nunca llegaron a nada, pero ahora, en principio y si se sigue la apuesta por un inmueble de oficinas (que necesita de una gran inversión para limar sus problemas estructurales) no tendrían por qué existir nuevas negociaciones, aunque las ha habido en los últimos meses y es posible que haya nuevos encuentros. Ahora, la afinidad entre el gobierno local de PP y Cs y el de la Junta, de idéntica naturaleza, es total. Es la Junta la que debe mover ficha.

En noviembre de 2017, el equipo de gobierno dio una rueda de prensa para exigir a la Junta que le diera una salida al edificio y criticó el abandono del inmueble. El entonces edil de Urbanismo, Francisco Pomares, que destacó que iban a dar todas las facilidades para que el edificio pudiera ser un hotel, criticó que no se hubiera subastado el edificio ni se hubiera instado, a esa fecha, el cambio de uso. Pomares valoró el inmueble en 35 millones de euros (precio de 2008), pero presentaba, dijo, muchos problemas que no se reflejaron en ese precio. También criticó que no se le diera uso público, sobre todo teniendo la Junta tantas sedes alquiladas. Entonces, según Pomares, la Junta dijo que iba a esperar ofrecimientos, pero sólo la reforma costará un millón de euros y las ofertas que llegaron en 2016 y 2017 eran inferiores a la mitad de la suma en la que se tasó en 2008 (35 millones).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook