Hasta 799 menores han sido atendidos en el primer semestre del año en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Málaga y Marbella, un espacio que gestiona la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y al que llegan por derivación judicial casos de progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad.

La cifra se eleva a 2.038 menores si se tiene en cuenta toda la región andaluza. En este espacio se posibilitan los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.

Entre enero y junio, los PEF tramitaron en la provincia 577 expedientes, 405 de ellos (70,2%) derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer. En Andalucía fueron 1.459 expedientes, 802 (54,9%) de ellos vinculados a la violencia de género. En estos casos, en los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada. Asimismo, de los 740 menores afectados por una orden de protección adoptada judicialmente, 411 de ellos se localizaron en la provincia de Málaga.

Los PEF cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con conflictividad familiar.

Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde el año 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.

Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.