La licitación de obra pública en Málaga sigue sin despegar y continúa sumida, según la opinión de los empresarios de la construcción, en unas reducidas cuantías que lastran la mejora de un sector que, por otro lado, sí viene experimentando en los últimos años una gran contribución de su otra gran pata de actividad (el segmento residencial, que presenta un incremento sostenido tanto de ventas de viviendas como de visado de proyectos para nuevas promociones). Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la inversión en la provincia de Málaga hasta el mes de julio, con un volumen de 166 millones de euros, es apenas un 1% superior a la del mismo periodo del pasado año.
Los constructores insisten en que estas cifras, a nivel general, son a todas luces insuficientes, teniendo en cuenta que en 2018 se cerró el año completo con 347 millones. El sector sostiene que una provincia como Málaga, por población y pujanza económica, merece el menos una inversión anual en obra pública de al menos 500 millones de euros. En 2006, antes de la crisis, Málaga alcanzó un récord inversor de casi 1.500 millones en todo el ejercicio mientras que en 2008 y 2009, ya con la crisis declarada, se invirtieron en torno a 1.000 millones cada año. La cifra se fue progresivamente desplomando hasta mínimos de en torno a los 140 millones en 2012, 2013 y 2015 para situarse en unos 190 millones en 2016. Pese a haber remontado por encima de los 300 millones al año en los últimos ejercicios, la valoración de los empresarios es negativa.
Un desglose de las cifras por administraciones en este 2019 permite comprobar que el poder local (ayuntamientos y Diputación) es el que vuelve a encabezar las cifras de licitación con 87,8 millones (más de la mitad del total), frente a un Gobierno que se mueve en cifras bajísimas (18,5) y que contribuye de forma muy discreta al total invertido (un 11,1%).
La Junta, por su parte, suma 59,7 millones y aporta otro 36%, gracias sobre todo a los 33 millones del contrato que sacó a concurso en julio para la ejecución de instalaciones y la arquitectura de las estaciones de los dos tramos del metro de Málaga en ejecución (desde la estación El Perchel-María Zambrano hasta la estación de Atarazanas).
Así, los consistorios bajan en conjunto sus cifras de inversión un 20% respecto al año anterior, y la Junta las duplica, mientras que el Ejecutivo central, el que menos invirtió en 2018, las reduce este año otro 27,8%.
Malestar empresarial
Para los empresarios, los números son reflejo de la complicada situación política actual, con un Gobierno en funciones desde hace meses y con la posibilidad de que tengan que repetirse las elecciones, con una incertidumbre que tampoco ayuda en nada a desatascar los problemas.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Juan Cobalea, comentó a este periódico que la inversión en la provincia sobre el total en España es sólo del 1,3%, cuando la población malagueña es el 3%. «Así llevamos años. Hay un abandono inversor del Gobierno central en Málaga. Es una constante en los últimos ejercicios», lamentó.
En este 2019, Málaga es la tercera provincia andaluza en nivel de inversión tras Almería (434 millones) y Sevilla (217).
El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, mostró también su «preocupación» por la escasez de obra pública licitada. «Hay que tomar conciencia de que este ciclo de recuperación económica no va a ser eterno. Ya se habla de una posible ralentización. Y no estamos proyectando ni licitando las obras del futuro. La economía no puede permitirse el lujo de perder estas inversiones productivas», dijo.
González de Lara citó el caso del Ministerio de Fomento, y recordó que en los últimos años ha destinado «muy poco» a Málaga. Además, apuntó que la actual «inestabilidad política» no ayuda. «Con un Gobierno en funciones no hay agenda política ni presupuestos. Es algo muy preocupante», añadió. A su juicio, esa situación afecta también a la Junta de Andalucía. «En la comunidad tenemos un gobierno estable, consolidado, pero está pendiente de muchas transferencias de capital. Sin Presupuestos del Estado que marquen líneas de gasto público, las comunidades sólo pueden hacer cuentas a ciegas, aunque me consta que se están haciendo planes de cara a 2020. Necesitamos recuperar el tono inversor, y eso se consigue con una mayor certidumbre política», apuntó.
El responsable de la CEA y de la CEM también quiso agradecer, por otra parte, el «gran esfuerzo» que están realizando los ayuntamientos y diputaciones para mantener las cifras inversoras, en algunos casos «asumiendo políticas que nos les corresponden».
La patronal también recuerda, ademas, que una mayor inversión permitiría también recuperar empleo a mayor ritmo en el sector, según han calculado en varias ocasiones la Cámara de Comercio de Málaga y la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). La provincia cuenta actualmente con 60.000 trabajadores ocupados en la construcción según la EPA del segundo trimestre de 2019, una cifra que llegó a caer al entorno de los 30.000 en lo más duro de la crisis (2012 y 2013) y que, pese a haber subido en los cuatro últimos años, sigue lejos de los 100.000 de la época del boom. Los constructores creen que con los 500 millones de inversión al año antes citados la cifra podría llegar al menos a 70.000 personas.
