La responsable del sector de Justicia de CSIF Málaga, María Angustias González, ha remitido un escrito a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en la materia en la comunidad, para reiterar la necesidad “urgente de instaurar definitivamente los refuerzos en las guardias de la Costa del Sol”. Para el sindicato, es una medida primordial, sobre todo por el gran turismo que llega hasta el litoral en verano y la presencia de grupos criminales organizados.

“Recordamos a la Administración que las medidas de reforzar estos órganos ya fueron recogidas por los informes de una empresa externa de riesgos psicosociales, tras una denuncia a la Inspección de Trabajo, por las consecuencias causadas” al reducir el personal debido a la crisis, dice en su escrito CSIF, que añade que el refuerzo de los órganos se introdujo en 2018, “permitiendo que toda la plantilla pudiese entrar en el turno de guardia, recibiendo un balón de oxígeno estos juzgados, incapaces de absorber todo el trabajo que se va acumulando en las mesas, y consiguiendo que se pusieran al día muchos asuntos”.

Esta medida se introdujo únicamente para julio, agosto y septiembre de 2018, fue prorrogada hasta diciembre de ese año pero Fuengirola, Estepona y Torremolinos quedaron fuera de esta decisión, “con el consiguiente agravio respecto al Campo de Gibraltar y Marbella, donde sí fueron reforzados”.

En 2019, nuevamente, la medida sólo se ha instaurado en julio, agosto y septiembre, “siendo claramente insuficiente”, lo que apoyan en un análisis estadístico de los partidos judiciales de Estepona, Marbella, Fuengirola y Torremolinos. Los refuerzos en las guardias de estos partidos tienen un coste inferior a los 5.000 euros al mes. El estudio estadístico ha sido realizado por el delegado de Csif Manuel Postigo Montegordo.

La mesa sectorial ha acordado prorrogar la medida para Marbella, dejando fuera a los otros.

CSIF recuerda que, a pesar de esta imposibilidad presupuestaria, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, creó el 24 de julio de 2018 un grupo especial para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado en esta zona, dotándolo de siete millones de euros, un dispositivo que se mantendrá por tiempo indefinido, un trabajo que ha de asumir la mitad de la plantilla de los juzgados de guardia. “El embotellamiento que se encuentra el trabajo de los cuerpos de seguridad y en especial de este grupo hace que muchos de los delincuentes estén la calle; la plantilla de las guardias se redujo a la mitad por la crisis, pedimos que vuelvan a tener los mismos funcionarios que antes”, dice González.