Fue la comidilla de la Semana Santa. La tribuna oficial de la plaza de la Constitución, criticada durante años por su gran impacto visual, fue sustituida por otra que hizo una empresa malagueña, de forma que esta entregó una nueva con una menor cota de altura, pero lo cierto es que los abonados y periodistas acreditados para seguir las procesiones denunciaron que, desde el tercer palco hacia arriba, no se veía prácticamente nada. La Agrupación de Cofradías, ante el desaguisado, decidió no pagar la última parte del contrato, casi 19.560 euros, al empresario, quien después de varias conversaciones demandó a la entidad de San Julián por una suma cercana a los 22.900 euros. El fallo del juez da la razón a la Agrupación, al menos en la mayor parte de su argumentario.

El demandante pidió 22.900 euros como consecuencia del incumplimiento del contrato de la Agrupación al no haber abonado esta los 19.560 euros de la tribuna oficial (el último pago), ubicada en la plaza de la Constitución, y más de 3.300 por el montaje y desmontaje de las tribunas de la rotonda del Marqués de Larios. La Agrupación, a su vez, formuló una reconvención y pidió que el empresario fuera condenado a pagar más de 25.800 euros por los perjuicios sufridos, daños morales, intereses y costas.

El juez, según pudo saber este periódico, considera, en base a una serie de pruebas, que el empresario incumplió parcialmente lo que se había establecido en una de las cláusulas del contrato, ya que la tribuna debía reunir características similares o mejores que la anterior, de forma que la gran deficiencia fue la menor visibilidad para los usuarios que ocupaban la tribuna. Ello obligó a la Agrupación de Cofradías a rebajar el precio de los abonos para los afectados que se encontraban en los palcos desde los que no se veía nada al año siguiente. Por ello, el empresario que construyó la tribuna oficial del año 2016, cuya altura se redujo (en poco más de dos metros), debe pagar a la Agrupación más de 3.300 euros (por daños y perjuicios), pero, a su vez, la entidad procesionista no ha de abonar los casi 19.560 euros que le retuvo como pago de la última parte del contrato. Eso sí, la Agrupación ha de ingresar, de cualquier forma, al demandante poco más de 3.100 por la parte que la entidad agrupacionista no pagó por un supuesto incumplimiento de contrato en relación al montaje y desmontaje de las tribunas de la rotonda del Marqués de Larios, incumplimiento que para el juez no se produjo.

La polémica fue el centro de muchas conversaciones aquel año, de tal manera que muchos periodistas aseguraron que no pudieron hacer su trabajo al no ver ninguna de las procesiones que discurrieron por el recorrido oficial de la Semana Santa malagueña.