Gravar fiscalmente algunas actividades económicas del sector turístico es un intento por domeñar los excesos del turismo que se han puesto en solfa a lo largo de los últimos años. Es una repuesta a fenómenos recientes que hacen que muchos se pregunten si el camino iniciado es el adecuado. Por ejemplo, en el caso de Málaga, la apuesta municipal por el turismo cultural y el de congresos, así como por conformar eventos de significación y trascendencia nacional, ha permitido que se dispare el número de turistas y se viva una primavera para el sector, lo que repercute, sin duda, en los ciudadanos.

Pero hay excesos: por ejemplo, la llegada de despedidas de soltero, algunas de ellas de carácter salvaje, que acuden a esta y a otras ciudades, o los problemas que denuncian los vecinos del Centro Histórico, una y otra vez, en las redes sociales, sobre todo relacionados con determinadas viviendas turísticas (no son todas) y el tipo de cliente que se aloja en ellas. El problema es que algunas no están regladas, es decir, viven en el campo de la alegalidad y ahí es difícil meter en cintura a sus propietarios y a sus inquilinos. Ello, por cierto, también afecta a otros destinos urbanos importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Cada ciudad está haciendo la guerra por su cuenta a falta de una regulación nacional clara y definida, porque hasta ahora ha habido intentos tímidos de las autonomías que, cuando dictaminan y regulan, ven superados sus decretos y leyes por la realidad.

En Málaga, por ejemplo, se ha comenzado a cobrar en 2019 una tasa a las viviendas turísticas. Según un informe económico-financiero del Consistorio malagueño, las previsiones de ingresos en base a esta nueva tasa eran para el presente ejercicio de más de 316.000 euros. Se articuló, finalmente, como una tasa de recogida de basuras y los propietarios de las viviendas tenían hasta el 1 de abril para comenzar a pagar.

La tasa se aprobó en el pleno de septiembre de 2018 y los propietarios de casas turísticas de la capital debían, antes del 1 de abril, hacer la correspondiente declaración y pagar lo que correspondiera. Para concretar la tarifa, el Ayuntamiento se guió por la tarifa del servicio de hospedaje y creó cuatro tramos. El primero, para viviendas de una a cuatro plazas, por las que se pagarán 63,9 euros; el segundo, para pisos de cinco a ocho plazas (127,80 euros); el tercero, para casas de nueve a doce plazas (191,70 euros) y las de más de doce habrían de abonar 255,6 euros.