12 de octubre de 2019
12.10.2019
Limpieza

El Consistorio contabilizará los metros de calle barridos para la productividad

Tendrán en cuenta también el tiempo empleado y la calidad de la faena en la futura Limasa pública

12.10.2019 | 05:00
El Ayuntamiento planteó en principio poner GPS a los operarios para controlar el cumplimiento de su trabajo.

Belmonte contesta a STAL que la transparencia ha presidido el criterio de elección de los 120 fijos.

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en el proceso de hacer municipal la empresa de limpieza, Limasa, y uno de los pasos obligados es definir los criterios por los que se regirá el 30% de la paga de productividad. El alcalde, Francisco de la Torre, en su discurso del debate del estado de la ciudad, en julio de 2018, ya habló de hacer ajustes a este respecto. Así, según adelantó ayer la Cadena Ser, el Consistorio va a tener en cuenta, por ejemplo, los metros de calle barridos, el tiempo en el que se ejecuta esa labor y la calidad de la faena (en el caso de los operarios que barren las vías) como parámetros para definir la parte porcentual de esa paga.

De cualquier forma, este es sólo un borrador, un protocolo de intenciones del Consistorio y aún habrá de abordarse en la negociación con el comité de empresa, como explicó ayer su presidente, Manuel Belmonte, a este periódico. Así, para los que no son operarios de limpieza dedicados a barrer contarán para calcular ese porcentaje de productividad (el 30%) el tiempo, la actividad realizada y la calidad. Ello se comprobará con inspecciones periódicas. En cuanto a los barrenderos, se introduce la variable de metros barridos, ya sea de forma mecánica o manual.

Los trabajadores cobran ahora el 100% de esa paga de productividad, en torno a 1.400 euros. Una vez la empresa sea municipal, el 70% de esa suma tendrá que ver con el absentismo, es decir, con que acudan a trabajar, y el 30% con el trabajo efectivamente realizado en base al tiempo, actividad desempeñada y calidad.

Belmonte explicó que hay que mirar las barriadas y hacer una valoración, «porque no es lo mismo La Luz que el Torcal o que la parte litoral; no es lo mismo La Palmilla que Miraflores y habrá que hacer la medición en consecuencia». «Hay tareas y barrios y barrios, hay barrios con más densidad de población, más aparcamientos, como la parte oeste, que es nueva. En La Luz, por ejemplo, hay muchos coches aparcados, rotondas... en relación a eso nos tenemos que sentar y ver la barriada en cuestión», dijo el presidente del comité de empresa. En su opinión, y una vez sea municipalizada al 100% la sociedad, habrá que hablar.

En principio, además de las inspecciones, el Ayuntamiento, según se conoció en febrero, quería poner GPS a los operarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. De hecho, a través de los coordinadores, a finales de ese mes, se empezó a recabar la firma de cada empleado en un documento denominado «política de privacidad GPS» para cumplir con la Ley de Protección de Datos, de forma que el individuo autorizaba a la empresa a vigilar su actividad laboral con geolocalizador.

Este extremo es rechazado de plano por Belmonte. «Lo del GPS, muy bien, pero encima del vestuario los trabajadores no lo van a llevar, que se lo pongan a las herramientas. Nos ampara la ley. El compromiso es que nos tenemos que sentar para determinarlo todo. Somos muchos, algunos trabajadores han cogido el GPS, pero no hay que cogerlo», dijo el presidente del comité de empresa, para insistir en que la empresa ha intentado que los lleven los empleados y la mayoría ha dicho que no. «Para eso están los coordinadores, para vigilar que los trabajadores y trabajadoras hagan su trabajo».

Por último, el sindicato STAL pidió esta semana saber qué criterios se han usado para hacer a 120 personas fijas. Belmonte insistió en que todo se ha hecho siguiendo criterios de «transparencia» y en base a «los usos y costumbres del convenio». «De los 120, 59 se han hecho por días cotizados y 61, por contrato de antigüedad. En el Centro Ambiental, por días cotizados», aclaró Belmonte, quien también salió al paso de la denuncia de STAL en relación a que algunos de los contratados como fijos han debido renunciar a la categoría que tenían (algunos como conductores, otros como coordinadores). La mayor parte de los nuevos indefinidos eran trabajadores de fines de semana (domingueros, en la jerga). «Los que han renunciado han sido ellos y el déficit está en los cuartelillos, lo que faltan son operarios», dijo, para insistir en que se ha tratado a todo el mundo con el mismo rasero y que, incluso, algunos han preferido quedarse trabajando los fines de semana. «Muchos estaban felicitándose y llorando. Hubiera sido triste que por una cabezonada se hubiera parado el trámite. A ver si es verdad que hay demandas individuales».

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