El sector de la hostelería sigue siendo uno de los segmentos del mercado de trabajo más azotados por la lacra de la economía sumergida, según vienen denunciando reiteradamente los sindicatos, que apuntan a la enorme precariedad que sufren los trabajadores y a la mala conducta de algunos empresarios que, o bien abusan de los contratos a tiempo parcial para someter a sus empleados a jornadas excesivas o bien, directamente, los tienen sin dar de alta en la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo de Málaga, a través de su habitual campaña de control de la hostelería, ha realizado este año más 1.620 inspecciones en negocios del ramo que se han saldado con, entre otras incidencias, la regularización de 976 trabajadores que estaban en situación irregular en sus empresas, ya sea por no tener contrato de trabajo o porque echaban un 50% más de horas de las que estipulaba su jornada laboral.
Los datos, a cierre de la temporada alta turística, son muy parejos a los del pasado año y evidencian que el problema, de entrada, no va a menos. De hecho, CCOO siempre ha dicho que la labor de la Inspección en Málaga, aunque muy loable, está condicionada por los recursos humanos de los que dispone, con lo que el empleo en negro detectado no es más que la «punta del iceberg» de un fenómeno, el de la economía sumergida, a su juicio muy extendido por desgracia en el mercado laboral. El departamento cuenta con 26 inspectores y 27 subinspectores para desarrollar su labor, una cifra que se ha mantenido estable respecto al año anterior, según explica a este periódico el jefe de la Inspección de Trabajo en Málaga, Alfonso Conejo.
De los últimos ejercicios, destaca el «afinamiento» de las visitas realizadas a los negocios de hostelería, con controles que pueden realizarse durante la tarde-noche o en fines de semana, que es cuando la actividad es mayor en muchas de estas empresas. Por zonas, la capital y toda la franja de la Costa del Sol centran las labores de control (en torno a un 80% de los controles), al reunir a la mayor parte de los municipios con más población de la provincia y, en consecuencia, a la mayoría de negocios y trabajadores del sector hostelero. Las visitas se intensifican desde el mes de mayo hasta finales de septiembre, en paralelo con el desarrollo de la temporada turística.
«La sensación es que los niveles de economía sumergida, por lo que detectamos en nuestros controles, siguen parejos a los de años anteriores. Normalmente, dos terceras partes del empleo sumergido que afloramos corresponde a empleados con contrato a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las que les corresponde. En algunas ocasiones se observan en los propios contratos unas jornadas que resultan ridículas, y que esconden situaciones de abuso laboral», comenta Conejo a partir de la experiencia de los inspectores en sus visitas a bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas de la provincia. Los sindicatos CCOO y UGT se han quejado repetidamente en los últimos años que hay muchos empleados con este tipo de contratos que son obligados a echar ocho horas o más de su jornada laboral, cuando en realidad su contrato es, por ejemplo, de cuatro.
Otro campo en el que se centra la Inspección es en el control del personal externo en las empresas. El convenio de hostelería de Málaga firmado en 2018 asegura que todos los empleados del sector deben estar bajo el paraguas de las condiciones que marca el texto, aun en el caso de que pertenezcan a una subcontrata (caso, por ejemplo, de muchas camareras de piso que trabajan en hoteles). Conejo señala que ya se está consiguiendo una concienciación general por parte de los empresarios en esta materia.
En cuando a la entrada en vigor del registro de la jornada laboral en mayo de este año, el responsable de la Inspección señala que los casos de infracción que hayan podido tratar durante esos meses a través de denuncias no son especialmente numerosos en el campo de la hostelería. Y es que la práctica de tener fichada la jornada ya estaba instaurada en el caso de los contratos a tiempo parcial que, como ya se ha dicho, son muy predominantes en el sector.
Actas de infracción
El balance de la Inspección revela que sus controles han permitido levantar de enero a septiembre de este año unas 320 actas de infracción en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que suman algo más de 3,71 millones de euros (un 14,8% más que en 2018). La campaña ha posibilitado además una recaudación inducida de otros 209.000 euros para la Seguridad Social por bases de cotización no satisfechas, diferencias relativas a la incorrecta aplicación del convenio colectivo de hostelería por parte de las empresas (al no pagar a sus trabajadores con arreglo a las tablas salariales vigentes) o prestaciones de desempleo recuperadas para las arcas del Estado.
Las actas liquidatorias de todas esta sanciones suponen otros 1,07 millones por lo que puede decirse que el costo final para estas empresas infractoras ha superado los cinco millones de euros.
Por otro lado, se da la circunstancia de que 22 de los trabajadores que fueron detectados trabajando sin contrato en una empresa estaban además cobrando la prestación por desempleo, según los datos de la Inspección. Además, hay también 38 casos de extranjeros que estaban de forma irregular en España, lo que ha implicado también la actuación en esas inspecciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, CCOO y UGT recuerdan que los negocios suelen recurrir mucho (sobre todo durante la época de en verano) a la figura del «extra», en referencia a trabajadores que cubren puntualmente un servicio (por ejemplo, una boda). Muchos de ellos trabajan sin contrato y el empresario les paga en mano al final de la jornada entre 40 y 50 euros, según han comentado en varias ocasiones fuentes de lo sindicatos.
CCOO viene reclamando a la Inspección de Trabajo que refuerce el número de inspectores en verano para poder controlar mejor este fenómeno, tal y como ocurre en Baleares. Este verano, el sindicato ha estado vigilando especialmente el empleo en chiringuitos.
