Lo dijo el portal Idealista en abril de este año: el precio del alquiler en el primer trimestre de 2019 en la capital de la Costa del Sol había crecido un 7,7% en relación al mismo periodo de 2018. La escalada de precios en el mercado de arrendamiento de casas impide que muchos ciudadanos puedan acceder a una vivienda, pero si se trata de familias en exclusión social o en riesgo de estarlo, la empresa es casi imposible. Así, 426 familias de las 537 que resultaron beneficiadas por el segundo plan de ayuda al alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), es decir, que consiguieron subvenciones para sufragar parte de la mensualidad del arrendamiento de una casa, no encontraron domicilio alguno en el que implementar esta ayuda, lo que da una foto fija y clara de cómo está el mercado.

En los tres planes que ha puesto en marcha el IMV entre 2015 y 2018, se han contabilizado 4.187 solicitudes de familias que piden una ayuda al alquiler. En el caso del primer plan, este se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y se publicó en el BOP el 15 de octubre. Su vigencia era de tres años, de forma que se prorrogó finalmente hasta finales de 2019. El plan se dotó con 8,58 millones de euros y consiste en una subvención directa, de carácter excepcional, para atender situaciones de emergencia ocasionadas por la pérdida o posible pérdida de la vivienda. Las familias que se acogieron debían estar declaradas en situación o riesgo de exclusión social por los expertos y presentar una propuesta de alquiler con una renta mínima, entre otros requisitos, de 450 euros al mes. La ayuda se da por tres años, llegando a una suma global de 13.050 euros por familia.

Para este primer plan se presentaron 2.877 solicitudes, de las que 791 fueron beneficiarias. De ellas, 698 siguen disfrutando d ella ayuda y a 93 se les adjudicó una VPO. El ritmo de contratos de arrendamiento firmados fue de 20 al mes. El diagnóstico general de este plan es favorable para el IMV.

El segundo plan se implementó para quienes seguían en riesgo de exclusión social o ya se encontraban en esa situación y no pudieron obtener ayudas en la primera ocasión. La ayuda aumentaba por mes de 450 a 550 euros en el primer semestre y la subvención global en tres años alcanzó los 15.400 euros por familia. Uno de los objetivos es mejorar, antes de dar la ayuda, la inspección de viviendas, de forma que conste un informe técnico donde se establezcan conclusiones sobre la habitabilidad de la vivienda y su ajuste al mercado de la renta del alquiler. Asimismo, se demanda más compromiso e implicación de las familias en la búsqueda activa de empleo y formación, «debiendo acreditar cada año que han hecho cursos y se han presentado a determinadas entrevistas de trabajo, habiendo realizado un correcto currículo». «Estos aspectos, además del pago al arrendador de las cantidades de renta que le corresponden, deberán ser acreditadas con anterioridad al pago de la anualidad correspondiente», dice el IMV. En total, el plan estaba dotado con 2,55 millones de euros para tres ejercicios. Así, desde el 28 de noviembre de 2018, cuando entró en vigor, se presentaron 1.127 solicitudes, de las que 590 se desecharon. Del restante, 537 familias sí están en situación o en riesgo de exclusión: 107 han sido beneficiarias de la ayuda, pero 426 «reúnen las condiciones para ser beneficiarias de la ayuda, pero no han aportado al día de la fecha documentación de vivienda alguna donde implementar la ayuda». A cuatro familias, se les adjudicó una casa.

El tercer plan se hace para atender a las familias que proceden del primero pero que se verán sin ayuda a partir de octubre de 2018 y su situación no ha mejorado. La idea es que las familias puedan seguir viviendo en sus casas. Se dota con 1,13 millones de euros, pero las familias deben demostrar que han hecho cursos de formación, que se han esforzado por dejar de ser vulnerables, que han intentado liberarse de la exclusión social, lo que debe ser suscrito por técnicos en la materia. La ayuda, además, es compatible con las ayudas concedidas por otras instituciones por el mismo concepto. Se presentaron 183 solicitudes desde el 28 de noviembre de 2018, de las que se aceptaron 132: en ocho de los casos se cumplen los requisitos para recibir la subvención y en 124 ya son beneficiarios.