El sector andaluz del taxi vuelve a entrar en ebullición y ha anunciado un calendario de movilizaciones para obligar a la Junta y a los ayuntamientos a que regulen, de una vez, las licencias de VTC. Así, el presidente de la Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (AMAT), Miguel Martín, afirma que van a hacer tres marchas, la segunda de ellas el día 6 de noviembre en Málaga, al no estar de acuerdo, de momento, con el borrador del Ejecutivo andaluz para ordenar el sector de las VTC. Cabe recordar que, según datos de julio, Málaga es la tercera ciudad con más licencias de vehículos de alquiler con conductor, alcanzando las 1.488, una cifra que, por ejemplo, pulveriza a la de Sevilla, con sólo 233 permisos.

Un comunicado tras la reunión de asociaciones del taxi de Andalucía mantenida hace unos días ha supuesto el punto de partida para estas movilizaciones. La reunión fue el 17 de octubre y tuvo como objeto «debatir posibles actuaciones ante la inactividad de la Junta en la regulación de las VTC». La Federación Andaluza de Asociaciones del Taxi (FAAT) quiere movilizarse el 8 de noviembre. Los taxistas andaluces se alegran «de que al fin esta federación vea necesario presionar a la Consejería de Fomento en unas concentraciones que no podemos ver mal, dado que muchas de las asociaciones firmantes ya han desarrollado iniciativas parecidas en los últimos años».

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación del sector y que la Junta no se dio por aludida con otras medidas de presión, «son insuficientes por la situación de emergencia actual», de ahí que se haya decidido hacer otras dos marchas, la de Málaga el 6 de noviembre y otra el día 4, en Sevilla, además de una tercera el 8 en la capital cordobesa.

«Pasan los días y la Junta y los ayuntamientos no hacen nada», explica Pérez, quien destaca que la marcha terminará ante la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia, en la Alameda Principal. «Desde que se aprobó el Real Decreto, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen las herramientas para regular a estos vehículos, los taxistas lo pasamos mal, estamos siendo acosados por estas empresas, nos hacen competencia desleal y queremos soluciones», subraya, para indicar al tiempo que ha presentado varios escritos al Área de Movilidad, sin recibir respuesta, «pero el PP las guarda en un cajón. Los ayuntamientos deben regular lo que ocurre en el suelo urbano y con la Junta pasa lo mismo, nos hemos reunido con la Consejería de Fomento en varias ocasiones, les hemos presentado escritos con nuestras demandas, y nos entregaron un borrador».

Entre otras cosas, estos vehículos deben ser precontratados, es decir, el cliente ha de concertar la carrera previamente con ellos, no pueden llevar el GPS abierto y no pueden trabajar, indica Pérez, en zonas de afluencia turística. «El Supremo lo dejó bien claro, no pueden hacer lo que hacen, trabajar como taxis en las ciudades. El Ayuntamiento le pasa la pelota a la Junta y la Junta al Gobierno central. En el borrador de la Junta, incluso, se alude a estaciones de VTC en las ciudades y eso está prohibido». También se queja de que nadie usa la página web en las que debían inscribirse estos coches «cuando son precontratados por los clientes».

José del Río, edil de Movilidad, asegura que ahora «este tema se está negociando con la Junta, es la que debe regular con un decreto, nosotros no tenemos capacidad para ello». El Real Decreto del Ejecutivo central, de septiembre de 2018, daba a los consistorios la potestad de regular estos vehículos, pero impedía tocar las licencias en cuatro años. Es decir, les dejaba amagar en aspectos menores como los turnos de trabajo, el sistema de contratación o las sanciones, pero no golpear al menos en un cuatrienio. También se daban herramientas jurídicas a las comunidades y varias de ellas han tomado cartas en el asunto.

La postura del Consistorio quedó clara en diciembre de 2018, cuando a una pregunta de IU-MpG se contestó lo siguiente: «En cuanto a las cuestiones relacionadas con el Decreto Ley 13/2018 que menciona el señor portavoz, dada la indudable complejidad que encierra en materia competencial, se está trabajando en el estudio de las posibles medidas a adoptar en coordinación con los ayuntamientos españoles y andaluces, en particular a través de sendos grupos técnicos de trabajo de la FEMP y la FAMP». El Consistorio, en una moción de julio de 2018, adoptó por unanimidad rechazar la concesión de nuevas licencias VTC.