El número de salones de juegos autorizados en la provincia asciende a 200 locales, mientras que el de terminales de apuestas autorizadas es de 989, repartidas entre salones de juegos, casinos, bingos, bares y tiendas de apuestas. Estas cifras convierten a la provincia en la ciudad que mayor número de locales de juego, máquinas recreativas y terminales de apuesta aglutina en la comunidad, por encima de Sevilla.
Málaga está a la cabeza del volumen de juego privado total de Andalucía. Durante el pasado año, la provincia generó un volumen de negocio de más de 533 millones. Solo los dos casinos con los que cuenta, el de Torrequebrada y el Casino Marbella generaron un volumen medio de juego de 81 millones y medio de euros.
En este sentido, la delegada del Gobierno, Patricia Navarro, destaca la importancia del juego privado en la provincia, subrayando que el juego legal es un sector importante de la economía andaluza. Navarro resalta, además, que la Junta de Andalucía vela por el cumplimiento riguroso de la legislación y condena el juego ilegal, mediante inspecciones que se llevan a cabo para garantizar la seguridad de los negocios y los ciudadanos.
Málaga ocupa el primer lugar también en cuanto al número de inspecciones, realizadas a salones de juegos, bingos, casinos o sorteos. De las más de 12.000 inspecciones que se llevaron a cabo durante el pasado año, a nivel andaluz, la provincia registró 2.921. Del mismo modo, la Junta de Andalucía destaca su empeño en evitar el acceso de menores al juego. De registrarse un caso de expediente por juego ilegal a menores en 2017, se ha pasado a cuatro durante el ejercicio de este 2019.
Legislación
En la línea de actuaciones que se están llevando a cabo en otras comunidades, en las que se ha regulado la distancia que debe existir entre un salón de juego o una casa de apuesta y un centro escolar, Andalucía no cuenta actualmente con una legislación que regule la proximidad de este tipo de locales a colegios e institutos.
Lo que sí recoge la Legislación sobre el Juego y las Apuestas de la Junta de Andalucía es la distancia que debe existir entre salones, que es de 100 metros en el caso de los salones de juego y 500 metros en el caso de los bingos.
Las últimas modificaciones en artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego se llevaron a cabo el 17 de abril de 2018. Para el periodo 2018/2020 se aprobó el Plan de Inspección en materia de juego y apuestas, así como la campaña de vigilancia inspectora y policial sobre la legalidad en el desarrollo de estas actividades económicas.
En la actualidad, no se ha llevado a cabo ninguna otra modificación de la legislación sobre el juego, con el fin de prevenir el acceso de los menores al juego, así como futuras adicciones.
En este sentido podrían enmarcarse actuaciones como la del Ayuntamiento de Barcelona, que implantó una moratoria que prohibe la apertura de nuevos bingos y salas de apuestas durante un año. De momento, la Junta de Andalucía no cuenta con medidas enfocadas en esta línea de actuación. No obstante, la apertura de cualquier salón de juego instalado en la comunidad andaluza es sometida a un riguroso control. Además de la licencia de apertura, que tiene que ser concedida por parte de los diferentes ayuntamientos, el local deberá contar con una autorización de instalación y otra de funcionamiento. De este modo, la apertura de un nuevo salón de juego está estrictamente regulada, así como su funcionamiento una vez instalado, que es controlado por parte de los inspectores de juego y la policía, asegura la Junta.
Jugadores activos
De los 1.651 usurarios atendidos por adicción a juegos de azar en la comunidad, la provincia cuenta actualmente con 462 personas usuarias activas, atendidas en Centros de Tratamiento Ambulatorio específicos por adicción a los juegos de azar.
En este sentido, 10.873 personas tienen prohibido el acceso a casinos y bingos, incluidos en el Registro de Control e Interdicción de Acceso a los establecimientos dedicados a la práctica de juegos y apuestas. Algunas de ellas, aseguran desde la Junta, pasaron a formar parte de éste de manera voluntaria.
Este registro se creó en el año 2000 con la finalidad de hacer efectivas las prohibiciones de acceso a los establecimientos dedicados a la práctica de juegos y apuestas.
