La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a un hombre para el que la Fiscalía solicita que se le impongan 34 años de prisión por presuntos abusos de dos menores, aprovechando la confianza que tenían en él al ser amigos de uno de sus primos, y por realizar un vídeo de carácter pornográfico. La vista oral estaba prevista esta semana pero se suspendió y se ha vuelto a fijar para el día 2 de diciembre, según informaron fuentes judiciales. La acusación pública pide, además de la pena de prisión, que el hombre no se acerque o se comunique con las víctimas y que indemnice a cada una con 60.000 euros.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, en las Navidades de 2015, el procesado supuestamente se introdujo en un grupo de menores, con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, aprovechando que uno de ellos era su primo y que estudiaban en un instituto próximo a su domicilio en Fuengirola. El ministerio público sostiene en su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, que en enero de 2016, «aprovechando la confianza que los menores tenía en él», supuestamente mantuvo en su vivienda «al menos cuatro encuentros sexuales» con una menor de 13 años en ese momento. Asimismo, se le acusa de realizar al menos un vídeo «donde se le veía en compañía de dicha menor manteniendo relaciones sexuales», según se señala en la calificación provisional de la Fiscalía malagueña. Además, ese mismo mes, presuntamente el procesado le dijo a otro de los menores del grupo, con 15 años, que le acompañara detrás de un edificio y supuestamente le amenazó para que le hiciera tocamientos, a lo que accedió por «el gran temor y desasosiego» que generaron estas palabras en el menor. Por estos hechos, el fiscal le achaca un delito continuado de abuso a menor de 16 años, por el que pide 12 años de prisión; otro de agresión sexual, por el que solicita 14 años de cárcel y un tercer delito de elaboración de material pornográfico con menores, por el que pide que se le imponga ocho años.

Además de la pena de prisión y el alejamiento de las víctimas, la acusación pública solicita que se imponga al acusado la prohibición de realizar durante el tiempo de condena cualquier trabajo o profesión remunerada o no que guarde relación con menores, personas desvalidas o necesitadas.