Radiografía del terror

La lista de objetos encontrados en las fosas la desgrana el expresidente del colectivo José Sánchez, quien sucedió a Paco Espinosa en el cargo, a su vez ahora sustituido por el profesor de la UMA Pedro Moreno Brenes. Documentar lo sucedido entre los encalados muros de San Rafael desde mediados de febrero del 37, cuando las tropas franquistas entran en la capital, y el año 55, el último en el que se han datado fusilamientos, ha requerido de muchos voluntarios peinando el Archivo Histórico Provincial, el Juzgado Togado Militar, el Registro Civil y la documentación de este camposanto y de San Miguel. Finalmente, la frialdad de los números, de las cifras, no esconde el terror blanco derramado sobre los republicanos de un signo u otro: 4.298 cadáveres identificados en distintas fosas de San Rafael, «el mayor monumento de la represión en España», dice Sánchez. De ellos, se han sacado los restos de 2.840 cadáveres que reposan en la pirámide de la memoria del cementerio, que ahora sufre una metamorfosis para convertirse en Parque de la Memoria. En total, se han documentado cuerpos de personas procedentes de 473 municipios de todo el país y seis nacionalidades distintas. Todos ellos nacieron en lugares diferentes, pero murieron junto a la misma tapia, en las primeras horas de la madrugada de cada uno de los días de aquellos años en los que la mitad del país intentaba olvidar, ignorando a la otra mitad. Y se ha seguido trabajando, dice Sánchez, que cree que la cifra real estaría en torno a las cinco mil personas enterradas en este enclave mortuorio. Los nombres de todas ellas se han recogido en un libro efectuado por Andrés Fernández, el arqueólogo de la asociación, y Paco Espinosa, un manual dividido en dos volúmenes que Fernández pagó de su bolsillo, 30.000 euros para que nadie olvide, porque la Junta socialista no dio la orden de imprimir y la de ahora, ya con otros partidos en el Gobierno, tampoco. Sánchez explica que tratan de buscar ayuda del Ayuntamiento y la Diputación.

Ese fue el gran trabajo para la posteridad de esta asociación, pero también colaboró en la apertura de fosas en toda la provincia, Málaga es un enorme cementerio. La dureza y profundidad de la represión se entiende mejor con números. Una carta del cónsul americano Harold B. Quarton al embajador estadounidense en España del año 44, Carlton J. H. Hayes, concluye que los reprimidos por las autoridades republicanas entre julio del 36, fecha del Levantamiento fascista, y febrero del 37, son 1.005. Todos ellos descansan bajo una lápida en la Catedral (finalmente se enterró a 1.100 en el primer templo de la diócesis). Y, entre febrero del 37 y 1944, sitúa el número de asesinados en 16.952 en toda la provincia, por lo que estima que podría hablarse de más de 20.000 cuerpos enterrados en diversas fosas. Sánchez dice que, hasta el 44, la cifra puede estimarse en muchos más de 28.000 en toda Málaga, a los que hay que sumar los que se produjeron hasta el 55. Tres mil quinientos de ellos son ajusticiados por bando de guerra, es decir, sin juicio.

El odio se palpa en los documentos administrativos de la época. El alcalde de Antequera en octubre del 40, por ejemplo, envía una carta al auditor de la II Región Militar en al que dice que no «existe una prueba plena» de la participación del sindicalista Joaquín Campos Fernández, alias Natalio, en el asesinato de un sacerdote, pero añade: «Duro es, pues, decidir si debe ser cumplida pena tan grave como la impuesta por el tribunal sentenciador, pero aquí en Antequera hay más de cien personas de orden asesinadas por los marxistas, cuyo martirio pide, no venganza, pero sí justicia». La justicia es ajusticiar, claro. En otro documento, se habla de una represión tan espantosa que alerta de que se está fusilando a «maestros de derechas», mientras que un documento administrativo relativo a la prisión del Puerto de Santa María habla de que se ha fusilado a un preso «a los efectos de limpieza social».

Pero la labor de la asociación continúa, porque escarbar en la memoria es un trabajo hercúleo. En San Rafael no sólo están los cuerpos de los fusilados, sino también los de quienes fueron ahorcados, como veinte masones «asfixiados» en la prisión provincial, o pasados por garrote vil.

El modus operandi siempre era el mismo. Cuando los presos se acostaban, por megafonía se leía la lista de los condenados a muerte. Estos debían hacer el petate y pasar a capilla. Allí, el cura les ofrecía confesión. Si lo hacían, les permitían escribir a sus familias y el sacerdote se encargaba de hacer llegar las misivas; si no, la familia sólo podría sobreentender el destino del asesinado. El miedo al silencio de la noche era superlativo. Ya a mediados de madrugada, se entregaba a los condenados al Ejército o a las Fuerzas de Seguridad y en San Rafael se les pasaba por las armas, para darles luego el tiro de gracia. En una fosa de Teba, explica Sánchez, uno de los cadáveres tiene la boca abierta en una mueca que denota la lucha del fusilado por buscar aire. Fue tirado a su tumba sin ni siquiera estar muerto. En muchas ocasiones, los tiros de gracia ni siquiera atravesaban los cráneos. Dice Sánchez que en las madrugadas con viento de poniente, los presos estaban atentos a las descargas para contar el número de tiros de gracia y, por tanto, de asesinados.

La asociación ayuda en la documentación y localización de fosas en toda la provincia, donde algunas han sido ya abiertas y los represaliados, recibido un entierro digno. «Hemos documentado incluso que se montaron patíbulos en el exterior de la prisión provincial y se ahorcó, por ejemplo, a 20 masones», dice.

También se trabaja en investigar los entre 20.000 y 22.000 expedientes de juicios celebrados contra rojos en el Juzgado Togado Militar de Málaga. Al principio, estos estaban almacenados en el Cuartel de Segalerva. Mucha estaba inservible por la humedad y luego, una parte se llevó a la Comandancia de Málaga, en el Paseo de la Farola, y después a la calle Casas de Campos. Allí se trabajaba fotografiando con cámaras digitales cada papel. Finalmente, buena parte de esos expedientes (muchos inservibles y eliminados) se llevó a un archivo militar de Sevilla. «Buscábamos los nombres de testigos, de denunciantes, del juez, quién declaró. Vimos algo raro y propusimos al Ayuntamiento que pidiera que esa documentación se quedara en Málaga, lo que se aprobó, pero ahora la documentación está en Sevilla, y otra parte en Almería. Está allí porque antes pasó por Granada, que era Capitanía General».

Años después, siguen teniendo muchos problemas para averiguar quiénes formaron parte de aquellos procesos, en los que el abogado defensor, normalmente un militar de menor jerarquía que el juez y el fiscal, no solía hablar y se limitaba, si es que hacía algo, a pedir clemencia para su defendido. Cree la asociación que los expedientes de enjuiciados por adhesión a la rebelión, que era el cargo más repetido, son muchos más que los hallados. Y considera irónico Sánchez que se acuse a los republicanos de rebelión cuando fue el Ejército, o buena parte de él, el que se alzó contra un régimen legalmente instituido. Lo cierto es que también se quiere que esas sentencias sean anuladas, con el fin de reparar, en lo posible, aquel dislate jurídico.

'La Desbandá'

H

ay otros frentes en los que ahora anda inmersa la asociación. Por ejemplo, tratan de documentar a los participantes en la huida conocida como 'La Desbandá' y que inmortalizó el novelista malagueño Luis Melero. Buscan datos de los muertos y de los que llegaron a la capital almeriense. «Queremos documentar a personas vivas o muertas y para ello estamos accediendo a los datos de los hospitales de Almería. Hemos visto que muchos de ellos llegaron antes del 7 de febrero, cuando cayó Málaga, por lo que la huida comenzó mucho antes de lo que se cree». Un aspecto poco estudiado pero que ahora sale a la luz. «Agotamiento físico, bronconeumonía, esguinces, fracturas, heridas de metralla, heridas infectadas, inanición, trastornos mentales y úlceras en las piernas», dice Sánchez en base a sus investigaciones y las de sus compañeros. Muchas mujeres y abuelos que perdían a sus hijos o nietos en el camino enloquecían en la travesía. Muestra una portada de Ideal en la que se titula: «Los rojos huyeron en grandes masas hacia Motril y fueron certeramente bombardeados por nuestra aviación». Las cifras son demoledoras: «Hay capitanes de intendencia que estiman que la Carretera de Almería fue seguida por 300.000 personas, aunque en ámbitos universitarios se habla de 150.000. Muchos de ellos, al llegar a Vélez, iban por los pueblos del interior para evitar los bombardeos». La mayor parte de los muertos se encontraría hasta Motril, cuando las Brigadas Internacionales cortan allí la carretera para hacer frente a las tropas italianas, explica. La cifra de muertos, estima, podría ser de 5.000. «Es un trabajo muy laborioso mirar la documentación hospitalaria».

Otra línea de investigación reciente consiste en determinar de quiénes son los 924 cuerpos que se sacaron de San Rafael para ser enterrados en el Valle de los Caídos junto a su verdugo. Hay una factura de la funeraria Alfaro (estaba en la calle Sánchez Pastor), hallada hace unos meses, en la que se relataba el encargo de 900 cajas para diez cuerpos y otras 24 individuales para el traslado.

Narra Sánchez más atrocidades, como la búsqueda del gen rojo en las mujeres republicanas, que lo transmitían. Tras la muerte de algunas de ellas, el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera (o Nágera, según otras fuentes) buscaba en el interior de sus cráneos ese gen. Algunas de ellas fueron fusiladas tras su paso por la cárcel de mujeres de la capital. Muchos de los presos eran enviados a cárceles de otras partes del país, también las mujeres, para imponer un castigo adicional a las familias. La asociación también ayudó a la identificación de los más de 150 malagueños fallecidos en el campo nazi de Mauthausen. Y sigue atendiendo llamadas de muchas partes de España, personas atribuladas que buscan saber qué pasó con sus familiares. La casuística es inmensa. Entre otros reconocimientos, la asociación posee la Medalla de la ciudad, y es consultada para articular diversas legislaciones sobre Memoria Histórica.