Dos de estas están relacionadas con el Jardín del Recuerdo (20 euros al año para mantener la parcela y 150 euros por ejercicio si se opta por instalar una placa). Es, por cierto, una zona que tiene un gran gasto de mantenimiento. El resto de seis nuevas tarifas son las siguientes: 92 euros para ampliar el catálogo de urnas con nuevos modelos, 30 euros para el tratamiento de las cenizas en caso de incineración y 20 euros por gestiones administrativas y certificaciones. Hay otras dos subidas: las referidas a la capilla ardiente, que en caso de ser en una casa particular tendrá un coste de 200 euros (siendo hasta ahora de 60 euros y requiere de un gran gasto por las condiciones higiénico sanitarias); y sobre el uso de la capilla ecuménica, que pasa de 18,97 euros a 51 en 2020 por la modernización de la sala. Estas tarifas se han mantenido siete años y el gran peso será soportado, sobre todo, por las aseguradoras.

Comercio y Vía Pública modifica ahora la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de la calle. Así, se congelan la mayoría de tasas y la reducción al 50%, por ejemplo, en el caso de quioscos que vendan caramelos y frutos secos y los de prensa, así como para dispositivos de fotografía automática. La idea es promocionar el uso de estos comercios.

Por otro lado, ahora la ordenanza dice que se aplica la tarifa a «expositores y demás elementos de la vía pública», de forma que se va a ampliar su redacción con el concepto «demás elementos», para dar entrada a instalaciones de ornato y vehículos de movilidad personal, entre otros, que generen directa o indirectamente un beneficio económico, incluyendo así bicis, vehículos de movilidad personal como los patinetes y expositores. En 2020, la tasa anual por metro cuadrado de ocupación se congela en 287,57 euros por metro cuadrado para todos esos elementos. No pagarán tasas las ocupaciones de asociaciones sin ánimo de lucro, excepto que se instalen puestos, barracas o casetas de venta. En Juventud, se tramita una ordenanza que recoja, mediante una regulación armonizada, los precios públicos por la participación en programas de actividades formativas y lúdicas que presta el área y que no son gratuitas: la oferta formativa, el programa 'Idioma Joven', y los planes 'Jóvenes y Naturaleza' y 'Campamentos de Inmersión Lingüística'. Los que ya son gratos seguirán así. Para los de pago, el Ayuntamiento aporta ya el 70%.