Ya saben que esta semana se produjo el fallo del caso de los ERE, un macrosumario de corrupción que ha concluido con una durísima condena de la Audiencia Provincial de Sevilla a los altos cargos del Gobierno socialista en la Junta entre 2000 y 2009. Entre los sentenciados, hay dos expresidentes del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El primero es castigado con nueve meses de inhabilitación y el segundo pisará la cárcel si el Supremo no le libra de la historia en el último minuto de partido. El montante total desviado de las arcas públicas, 680 millones de euros, parece difícil de recuperar, sobre todo porque, sorprendentemente no se consigna su devolución en la sentencia, lo que esta semana se ha explicado con el peregrino argumento de que la Junta, personada en el caso, se retiró como acusación particular hace años y no lo solicitó. Que yo sepa, eso puede hacerlo la Fiscalía. Cosas veredes, querido Sancho. El caso es que, como se sabe, fue una decisión política para agilizar las ayudas sociolaborales la que permitió tejer en torno al Palacio de San Telmo una red clientelar gigantesca de la que se aprovecharon los sinvergüenzas de siempre con la triste aquiescencia de la cúpula socialista de entonces.

Hasta la mañana del jueves, y la sentencia se conoció el martes, no salió la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, a la palestra para pedir perdón, negar que ella formase parte de esos gobiernos (lo que es cierto) y que bajo su mandato la Junta se retirase de la acusación. Aprovechó la historia para asegurar que cuenta con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez para seguir en su cargo. Juan Manuel Moreno, su sucesor al frente de la Junta, dijo sentirse avergonzado. Y va a tener, por cierto, muchas más ocasiones para estarlo, porque hay más de 100 piezas del asunto por ahí. Hasta ahora sólo se ha ventilado la política. Hay que reconocer el trabajo de la juez Mercedes Alaya. La Justicia es uno de los pocos patios limpios que nos va quedando en este país.

Tras el maremoto, las olas siguen llegando a los diferentes niveles de la administración española poco a poco, y aunque con menor fuerza, también sacuden los cimientos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Málaga, cuyos grupos políticos esta semana se enzarzaron en una gresca a cuenta de si el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, debía o no condenar el fallo de esta sentencia.

El PSOE está ya pagando en las urnas parte de lo sucedido, pues ganó las elecciones del pasado 2 de diciembre pero ahora lidera la oposición. Y dos decenas de exdirigentes (¡ay, Magdalena Álvarez!) se han visto en negro sobre blanco en la parte del fallo de una sentencia judicial. Muchos han sido inhabilitados y otros, los más implicados, van a la trena. Cabe preguntarse qué hubiera pasado si la sentencia se hubiera conocido antes de las generales del 10N y cuál habría sido el castigo al PSOE en todo el país, un partido, recordemos, que llegó a Moncloa agitando el espantajo de la corrupción del PP, el caso Gürtel.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del grupo del PP en el Consistorio malagueño, cree que el fallo es una «vergüenza» y le preocupa que dos expresidentes de la Junta y un número importante de altos cargos estén condenados. Sobre todo porque son o eran ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. «Somos una comunidad que está a la cola y el nuevo Ejecutivo andaluz tiene que asumir grandes retos que precisamente vienen a consecuencia de lo que el PSOE entendió como su cortijo». Pérez de Siles fue más allá y vinculó el dinero desviado de las arcas de la Junta con la situación de bloqueo de las transferencias financieras que sufren los ayuntamientos por parte del Gobierno, «un Ejecutivo central presidido por Sánchez, que ha puesto en un brete al país para luego darse un abrazo con aquel con el que supuestamente no tenía intención de pactar en un Gobierno sin visos de futuro ni nada bueno para comunidades y ayuntamientos».

La portavoz del PP pide explicaciones a Díaz, que tuvo una gran responsabilidad en gobiernos de la Junta y se preguntó qué pasa con Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal Socialista. «Tendrá algo que decir», señaló, y metió en la ecuación, por ejemplo, «cómo se adquirió la sede del PSOE en Málaga». «Habrá que preguntarle por este tema (el de los ERE) y por la sede», dijo.

De la misma forma opinan en el grupo municipal de Ciudadanos. «El análisis que hacemos como partido es que no se trata de un caso aislado, como ha pretendido desdibujarlo el PSOE. Son cinco exconsejeros y un expresidente con penas de prisión, otro inhabilitado, y más altos cargos; suman 680 millones de euros, y la obsesión nuestra es intentar recuperar lo máximo posible, porque sólo se han recuperado, parece, seis millones de euros. A Cs se le llamó chantajista cuando se empeñó en retirar los aforamientos a Griñán y Chaves y pudieron ser enjuiciados en una jurisdicción ordinaria. Esto demuestra que la ruptura del pacto de gobierno en la Junta con el PP estuvo justificada y las líneas rojas deben cumplirse. El PSOE tendrá que dar muchas explicaciones, sobre todo porque llegó al Gobierno de España a lomos de la corrupción de otros y no vale jugar a qué corrupción es más grave». Ahora, indican fuentes naranjas, la Junta es un lugar inhóspito para los corruptos.

Estos días, opinan estas fuentes ya en clave municipal, «el grupo municipal Socialista no está en condiciones de dar lecciones de nada», en relación a las reiteradas peticiones de comisiones de investigación que ha realizado este partido en el Consistorio con el caso Promálaga, por ejemplo, o con el escándalo de los expedientes de Urbanismo. En estos momentos, dice Cs, es incoherente ese discurso socialista y tal vez afecte a los matices del semántica de su líder.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, recuerda que no son 680 millones de euros los desviados, sino parte de ellos. «De cualquier forma, es uno de los casos más graves de Andalucía. Un dinero que sucesivos gobiernos de la Junta, todos del PSOE, usaron tristemente para comprar la paz social, despedir a muchos trabajadores y hacer ERE en muchas empresas, algo que ahora están pagando los hijos de esos trabajadores, y me causa tristeza al ser un Gobierno de izquierdas. Son hechos que llegan hasta 2009, y nadie del grupo municipal Socialista vivió eso o tuvo responsabilidades directas en esa época, pero pedimos una clara condena del grupo municipal Socialista de estos hechos, que, insisto, no afectan a los responsables del grupo, pero esperamos que todo el PSOE haga una clara condena de estos hechos y propósito de enmienda», dice. Esto, de cualquier forma, no debe afectar a la posibilidad de realizar pactos entre Unidas Podemos y el PSOE, porque es un tema en el que los actuales responsables socialistas a todos los niveles no han participado.

Daniel Pérez insiste que nadie le ha preguntado por estos hechos y que él no se ha escondido, es más, ha dado esta semana varias ruedas de prensa. Pero luego indica que el PP «está muy nervioso, además aún estoy esperando que los populares condenen la sentencia del caso Gürtel, donde recuerdo que son el único partido a nivel europeo condenado por corrupción. Está fuera de lugar que pidan reacciones a nivel municipal cuando no se dieron cuando estalló el caso Gürtel. Aún estoy esperando que el PP condene eso. Nosotros respetamos la sentencia del caso ERE, que no es firme, y habrá que ver cómo queda en el Supremo». Bien es cierto que Pérez ni ninguno de sus concejales ha tenido responsabilidades de gobierno en la Junta durante el periodo enjuiciado (2000-2009), igual que ocurre, por cierto, con los ediles del PP en relación al caso Gürtel.