29 de noviembre de 2019
29.11.2019
Vecinos

Polémica en García Grana por un desahucio municipal

Vecinos de la barriada denuncian el reciente desahucio por el IMV de un hombre empadronado, familiar de un fallecido que tenía la opción de compra de la vivienda, al que el Ayuntamiento le había reconocido ese derecho en 2011

29.11.2019 | 05:00
La vivienda de García Grana de la que ha sido desahuciado un vecino, esta semana, cerrada con una chapa metálica

El PSOE pregunta al IMV por la medida porque ha creado «desconcierto» en el barrio. La abogada que defiende a las familias con contratos antiguos cree que la medida es "una injusticia"

Expulsado de la vivienda municipal que perteneció a su tío abuelo, fallecido dos años atrás, pese a estar empadronado en ella y formar parte de una de las 22 familias de la barriada de García Grana, a las que el Ayuntamiento reconoció en 2011 que tenían derecho a ser propietarios y por eso desde 2012 no pagan alquiler (el reconocimiento no se hará efectivo hasta 2028 y finalmente alcanzará a cerca de 120 familias más).

Ocurrió el pasado 14 de noviembre, en un piso de la calle Záncara, 8, en la barriada de García Grana y como recuerda Victoria Reyes, una de las vecinas que deberá esperar a 2028 para ser propietaria, «el Instituto Municipal de la Vivienda le sacó los muebles, luego metió a una pareja mayor que tiró la cocina entera. Al final estas personas mayores no han querido la vivienda y ahora mismo está tapiada» (cerrada con una chapa metálica).

Para Rafael Martín, responsable de la Federación vecinal Solidaridad en el distrito de la Cruz de Humilladero, se trata de un procedimiento «incorrecto» que no contó ni con notario ni con un representante de Urbanismo. «Ellos no pueden tocar una casa que está a falta de sentencia», recalcó.

El dirigente vecinal hace referencia a un recurso contencioso administrativo interpuesto por buena parte de estas 22 familias con contratos con opción a compra desde que se creó la barriada, hace 60 años.

Como explica a este diario Concepción León-Parrado, abogada de la mayoría de estas familias con contratos antiguos, el recurso se presentó porque el Consistorio les obliga a esperar hasta 2028 para ser propietarios, y porque una de las condiciones es que, si el inquilino fallece, el piso no pasa a los herederos legítimos sino que el contrato se subroga en la persona que dos años antes haya convivido con el inquilino. Una condición que, al parecer, no cumpliría la persona desahuciada.

Para la abogada de los vecinos se trata de «una injusticia» porque el Ayuntamiento plantea la situación «como si fuera un contrato de arrendamiento puro y duro, cuando no pagan alquiler». A su juicio, a estas familias «se les debería dar el trato de propietarios de la vivienda, a espera del otorgamiento de la misma, porque son los titulares de una opción de compra ya reconocido que se va a formalizar en escritura pública». «Es una categoría superior a la de simple arrendatario», añadió.

La abogada planteó el problema para los vecinos «muy mayores», que fallecen después de haberse pasado media vida pagando el alquiler con la esperanza de adquirir el piso, pero la casa no pasa a sus hijos porque no llevan dos años viviendo en ella. «Qué menos que se le hubiera reconocido a sus legítimos herederos».

El grupo municipal socialista envió hace unos días una carta al alcalde en la que le preguntan por esta actuación ante el «desconcierto» que el desahucio ha causado entre los vecinos.

Este diario intentó recabar una respuesta del IMV, sin resultado.

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