El Consistorio quiere quitar el requisito de ser funcionario para tres altos cargos

Así, la Ley de Bases de Régimen Local establece, para nombrar coordinadores generales y directores, que los nombramientos se harán con el criterio de competencia profesional y experiencia y tendrá que efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, las comunidades, las entidades locales o habilitados nacionales clasificados en el subgrupo A1, salgo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. Existe una salvedad, legal, claro: en el caso del reglamento malagueño una disposición adicional única excepciona el requisito de ser funcionario para dos puestos, aunque sí deben contar con titulación superior y grado equivalente.

Esos dos puestos lo son para funciones que tienen «un claro componente de dirección política y no llevan implícitas el ejercicio de potestades públicas, salvaguarda de intereses generales ni ejercicio de autoridad». El equipo de gobierno quiere ampliar estos supuestos de dos a cinco, es decir, añadir tres para las direcciones generales de Participación Ciudadana, Turismo y Promoción e Innovación y Digitalización Urbana, tres cargos que para el PP tienen, por tanto, un claro componente de dirección política. Los dos casos anteriores en los que no se exigía ser funcionario son la dirección general de Derechos Sociales y la Coordinación General de Infraestructuras y Proyectos.

Esto ya se aprobó en Junta de Gobierno Local y ahora va a Comisión de Personal el lunes, además de tener que ser aprobado en pleno por mayoría absoluta. La Asesoría Jurídica ha evacuado un informe en el que apoya la excepcionalidad de esta medida para que sea introducida en el Reglamento. Eso sí, indica que «la posición de la jurisprudencia es claramente favorable a una interpretación restrictiva de los puestos que pueden excepcionarse de la regla general o principio de lo que se ha venido en llamar la profesionalización de la Administración Pública». Por tanto, los nombramientos habrán de justificarse «de manera prolija, razonable y suficiente. Sin que quepan fórmulas retóricas, ambiguas y genéricas. Debiendo atenerse al contenido que le es propio».

Previendo esto, el equipo de gobierno ha detallado mucho las futuras funciones de esos tres cargos que se añaden a los dos anteriores. Piden los letrados municipales que, para evitar dudas, en el acuerdo que se adopte «quede claro que el ejercicio de tales direcciones generales no llevará implícito el ejercicio de potestades públicas o de salvaguarda de intereses generales o ejercicio de autoridad». Los informes de Intervención y Secretaría General también son positivos, con más o menos matices.

A quienes no gusta esta modificación reglamentaria es a la oposición. El PSOE, por ejemplo, considera que el Ayuntamiento «está usando con demasiada normalidad la modificación del reglamento para saltarse la obligación de que los directores generales sean funcionarios del subtipo A1». «Esto se puede comprender en algún caso aislado, pero bajo ningún concepto en el uso con normalidad y discrecionalidad de los que está haciendo uso ahora el PP para enchufar a sus militantes dándoles sueldos que sobrepasan en casi todos los casos el salario del alcalde». Además, añaden, «es una barbaridad, pero es peor la actitud dócil de Cs, que se oponía a esto hace una legislatura y este año está apoyando este enchufismo y contrataciones en todos los ámbitos».