Los cinco votos que suman el PP y Cs han servido esta mañana, en la Comisión de Economía y Hacienda, para que el equipo de gobierno saque adelante la reforma del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento que busca excepcionar del requisito de ser funcionarios del subgrupo A1 ser funcionarios del subgrupo A1 a aquellos candidatos que opten a tres altos cargos del Consistorio: las direcciones generales de Turismo, Participación Ciudadana y Digitalización Urbana. Así, son ya cinco cargos de confianza a los que no se les exige este requisito, pues a los tres nuevos aprobados hoy se suman la Dirección de Derechos Sociales y la Coordinación de Infraestructuras.

La Ley de Bases de Régimen Local tacha este hecho de excepcionalLey de Bases de Régimen Local, por lo que en general estos puestos deben cubrirse con funcionarios de cualquiera de las Administraciones Públicas siempre que tengan categoría A1. Hay una excepción: cuando los cargos tengan "un claro componente de dirección política y no llevan implícitas el ejercicio de potestades públicas, salvaguarda de intereses generales ni ejercicio de autoridad". Eso sí, los aspirantes deben tener una titulación superior o equivalente.

Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, ha señalado que la modificación ha sido informada favorablemente por Intervención, Secretaría y Asesoría Jurídica y, tras recibir las críticas de la oposición, ha recordado a la edil socialista Alicia Murillo que en Sevilla, donde gobierna el PSOE, todos los directores generales están exentos del requisito de ser funcionarios.

Nicolás Sguiglia, edil de Adelante Málaga, ha asegurado que la legislación pide una justificación amplia, profunda y prolija de estos nombramientos, y el equipo de gobierno ha llevado a la comisión un folio y medio, por lo que teme que todo esto no sirva más que "para la designación de tres personas de confianza puestas a dedo", con lo que se "adultera el funcionamiento democrático de la institución, porque el año que viene pueden ser tres más, y tres más, etcétera...".

Murillo, por su parte, ha dicho que esta iniciativa busca colocar a personas afines al PP y Cs en estos cargos, y ha acusado al equipo de gobierno de "abusar de las excepciones", para pedir además la confección de un catálogo de competencias de las distintas direcciones. Ha dicho además que se perjudica a funcionarios de otras administraciones que podrían optar a estos puestos