El registro municipal de demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Málaga arroja una cifra de inscritos, a fecha de 19 de noviembre de 2019, de 20.501 familias. De ellas, según los datos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) aportados en la memoria explicativa del presupuesto de 2020, el 81,79% demandan alquiler y, de ese porcentaje, el 75% tiene menos de 35 años y unos ingresos anuales inferiores a 7.432 euros.
«Por lo tanto, a este sector de la población se le debe satisfacer sus necesidades de vivienda mediante la adjudicación de domicilios en régimen de alquiler a rentas ajustadas. Así, en esta línea, desde 2000 el IMV, agencia pública administrativa local de este Ayuntamiento, ha entregado a los ciudadanos 5.223 viviendas, 2.433 de ellas en régimen de alquiler», consta en el documento, en el que se añade que en la actualidad hay en ejecución, en colaboración con la Sociedad Municipal de la Vivienda de Málaga y en diferentes fases, un total de 109 viviendas en alquiler. Además, en proyecto, hay suelo finalista reservado para 1.047 viviendas más para arrendar. Estas están a la espera de obtener diferentes ayudas públicas en diversos concursos, si bien 476, indican los responsables del IMV, ya han conseguido subvenciones que suman 12 millones de euros.
Desde hace años, el IMV usa el alquiler con opción a compra como fórmula de adjudicación del stock de viviendas que no se han podido vender. «Como consecuencia de las exigencias de las entidades financieras frente a los compradores de vivienda, gran parte de las promociones de VPO promovidas en régimen de venta por el Instituto no pudieron venderse; la fórmula novedosa que se empleó fue la de alquilar estas viviendas a sus adjudicatarios por una renta de alquiler igual a la cuota hipotecaria que el IMV debería pagar a las entidades financieras». Así se descongestionó, de hecho, un stock de 102 casas y se les concedió un plazo de siete años a los adjudicatarios en régimen de alquiler con opción a compra. Al séptimo año, el piso se les venderá por un precio igual al importe de venta de origen, «menos el capital que el IMV hubiese amortizado con las cuotas hipotecarias pagadas por aquellos en concepto de renta».
El IMV creó el registro municipal de demandantes de VPO de Málaga en 2010, una vez que entró en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda ese año. Los registrados se inscriben en algunos de los cupos o grupos de especial protección: jóvenes, mayores de 65 años, discapacitados, familias monoparentales, familias numerosas, emigrantes retornados o víctimas de violencia de género, entre otras muchas tipologías.
Las viviendas se adjudican, claro, tras un sorteo. Actualmente, como ya se ha reseñado, hay 20.501 familias a la espera de una VPO en la capital.
De cualquier forma, desde 2011 el Instituto de la Vivienda, junto al Área de Derechos Sociales e Igualdad, creó un comité para valorar los casos de especial vulnerabilidad y con necesidad urgente de vivienda, familias que «no pueden esperar por su situación de emergencia a la adjudicación de una casa protegida por sorteo».
Las familias atendidas e incluidas a día de hoy, explica este departamento municipal en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, son 2.138. De estas se seleccionan por el comité los casos más urgentes y se les adjudica una vivienda sin necesidad de ir a un sorteo. Por esta línea y de esta forma ágil se han adjudicado desde 2011 un total de 512 VPO.
El comité está conformado por técnicos de diferentes áreas municipales: Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Participación Ciudadana y Vivienda, y se reúne cada tres o cuatro meses a petición del Área de Vivienda cuando se adjudican los casos seleccionados en la última reunión.
Pero el IMV desarrolla una ingente actividad en más frentes: en 2015, por ejemplo, se crea y se pone en marcha una oficina de atención a las familias objeto de desahucios, ya sean estos hipotecarios o por el impago de las letras mensuales del alquiler. Esta oficina gestiona, negocia e intermedia con las entidades financieras y los arrendadores de pisos de familias afectadas por desalojos, con el objetivo de que estas puedan permanecer viviendo en sus hogares familiares, «bien reestructurando la deuda bien gestionando un alquiler de las casas».
Ayudas al alquiler
En 2020, de cualquier forma, sigue en ejecución el plan de ayuda para el pago de las rentas del alquiler, destinado a las familias declaradas por el comité de valoración de Familias en Riesgo de Exclusión Social como tales, que procedan, claro, de un desalojo. De esta forma, se les concede una ayuda para el pago de un nuevo alquiler por tres años.
La ayuda consiste en el pago del 100% de las rentas en el primer semestre, el 90% en el segundo, 80% en el tercero, 70% el cuarto, 60% y 50% el quinto y el sexto, respectivamente. Los beneficiarios han de aportar el porcentaje restante de las mensualidades en cada periodo. La renta máxima mensual es de 550 euros. En el primer plan entraron 760 familias. El segundo, por su parte, se dotó con 2,5 millones de euros y el tercero con 1,13 millones.
