Uno de los acusados de formar parte de una organización de prostitución en tres locales, uno en Málaga capital, otro en la localidad malagueña de Torremolinos y otro en Córdoba, ha afirmado en el juicio que regentaban hoteles y salas de fiestas y ha rechazado que las mujeres fueran obligadas a ejercer la prostitución.
Este lunes ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga con la declaración de las 21 personas acusadas de formar parte de la organización de prostitución en la que el cabecilla está acusado de 167 delitos de prostitución y se enfrenta a una petición global de unos 680 años de cárcel.
El principal procesado ha pedido no declarar en primer lugar por no encontrarse bien de salud pero si lo ha hecho otro procesado, a cuyo nombre estaban las empresas que regentaban los tres locales, que ha negado todos los hechos y ha afirmado que incluso ayudó a más de una mujer a salir de la prostitución llevándola a un convento de monjas.
"Quien pagaba la habitación podía usarla como quisiera", ha afirmado el acusado, que ha explicado que como en cualquier hotel se le pedía la documentación a los huéspedes y se le enviaba a la Policía, además de hacer la ficha correspondiente.
Ha reconocido que había mujeres que ejercían la prostitución "era vox pópuli, pero eran sus propias jefas, que pagaban su habitación y tenía los derechos de cualquier hotel", al tiempo que ha afirmado que en Málaga no se podía acoger a todas las personas que querían debido a la alta demanda.
Para el ministerio público, la organización presentaba una estructura jerárquica con un propietario real que hasta al menos diciembre de 2009 dirigió un negocio de prostitución, utilizando para ello tres locales, uno en Málaga capital, otro en la localidad malagueña de Torremolinos y otro en Córdoba.
El acusado ha rechazado contestar a las preguntas del fiscal al considerar que el juicio está basado en una denuncia falsa pero el representante público las ha formulado en voz alta para que consten en acta.
Según el fiscal, el funcionamiento en los tres locales era muy similar, y las mujeres tenían "una relación absoluta de subordinación", ya que no tenían libertad en cuanto a la forma y condiciones en las que ejercían la prostitución.
Además, eran sancionadas económicamente e incluso expulsadas del club en el caso de no cumplir las normas y directrices marcadas por sus responsables.
El acusado lo ha negado y ha afirmado que solo se expulsó a las personas que fueron sorprendidas consumiendo o vendiendo droga en sus establecimientos y en alguna ocasión a algún trabajador que fue descubierto robando.
También ha negado que los responsables de los establecimientos utilizaban un sistema de rotación de las mujeres entre los tres clubes "cómo iban a ser nuestras trabajadoras si eran huéspedes", ha insistido el acusado.
En el relato acusatorio se destaca que las mujeres en situación irregular no se atrevían a denunciar por miedo a las posibles sanciones administrativas, "circunstancia que era aprovechada por el propietario y los responsables".
Si bien no estaban encerradas y podían salir cuando lo deseaban, su libertad de elección estaba condicionada, y se les sancionaba mediante multas e incluso la perdida de "plaza" si faltaban más de tres días.
Este extremo también ha sido negado en el juicio y el acusado ha afirmado que no solo no es cierto sino que ayudó a más de una mujer a salir de la prostitución tras llevarla a un convento de monjas.
