Un alumno escribe el nombre de un compañero en el centro de una margarita de papel y rellena cada pétalo con una cualidad de esa persona. La actividad se llama 'Háblame bonito' y se realizó en el CEIP Andalucía de Fuengirola con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo era trabajar los buenos tratos desde la infancia. En el CEIP Manuel de Falla, toda la comunidad educativa se pintó las uñas de violeta para conmemorar esta misma efeméride. El padre de un alumno mostró su desacuerdo con esta actividad pero la queja no fue más allá. Con el pin parental que Vox ha introducido ya en Murcia y que quiere implantar en Andalucía los padres podrían vetar la participación de sus hijos en actividades como éstas y otras relacionadas con la educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género o los modelos de familia. La comunidad educativa en Málaga, profesores, padres y alumnos, están en contra de esta medida y rechazan tajantemente que esta formación suponga un adoctrinamiento.

«Trabajar en la coeducación no es adoctrinar, es dar espacio a lo que existe en nuestra sociedad. No podemos seguir ocultando, señalando, oprimiendo»,afirma Ana Merino, profesora y coordinadora de Igualdad en el CEIP Andalucía, que define el pin parental como «un instrumento que busca educar a nuestros estudiantes en unas condiciones morales determinadas que promueven roles, estereotipos tradicionales que segregan, que no respetan la diversidad».

Lo primero que hay que dejar claro es que el pin parental no sería legal porque se refiere a contenidos que son obligatorios en la escuela pública, que se imparten en horario lectivo y que están recogidos en diversas leyes tanto estatales como autonómicas y en decretos como el de la Junta de Andalucía por el que se desarrolló el Plan de Igualdad en la Educación.

Este plan da instrucciones a los centros para desarrollar «acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género».

Pero, ¿cómo se diseñan esas actividades, quién las elige y supervisa? Este es un trabajo de los coordinadores de Igualdad de los colegio e institutos, que cada curso desarrollan un programa que es revisado luego por el director y expuesto y aprobado por el Consejo Escolar, en el que los padres están representados y pueden preguntar dudas o manifestar su opinión.

Según explica el director del CEIP Manuel de Falla, Antonio J. Jiménez, la principal premisa para seleccionar a una persona o un colectivo para este tipo de actividades es que no sea sectario. «No dejamos que cualquiera venga al centro». Además, subraya que siempre hay un profesor presente en cualquier taller o charla que imparta alguien ajeno al centro. «Nunca se deja solo al alumnado».

En este sentido, Francisco Corpas, profesor de Geografía e Historia en el IES Concha Méndez Cuesta de Torremolinos, denuncia que el pin parental supone un ataque a la enseñanza pública y a la profesionalidad de los docentes y de quienes imparten estos talleres.

«No estamos poniendo películas porno a los niños, no les estamos ofrecientos juguetes erótico-sexuales. Se están diciendo muchas barbaridades», expone.

En contraposición, defiende el buen nivel en cuanto a la sensibilización que tienen sus alumnos, ante los que el primer día de clase se presenta como «profesor, de Torremolinos y homosexual». Su objetivo es «normalizar algo que es parte de nuestra sociedad. Si no visibilizamos lo que es diverso es como si dijéramos que está mal y hay que esconderlo y no es así».

Para que los profesores puedan desarrollar estos contenidos educativos con garantías también cuentan con el apoyo de los Centros de Formación de Proferado (CEP), que diseñan cursos específicos sobre la materia. En una reunión a principio de curso se planifican las actividades y en otra al final se hace balance y se presentan ejemplos de buenas prácticas.

Helena González, asesora en el CEP de Ronda, explica que esta formación es voluntaria y que antes de diseñar una actividad se analizan las características del alumnado al que va dirigida y se buscan expertos.

Defiende que los docentes se formen también en estos temas «porque la formación es integral» y advierte sobre el peligro de que el profesorado empiece a tener miedo a tocar estos temas. «Si esto pasa será por culpa de los políticos, por no defendernos», dice.

Los padres, también en contra

De momento, en Andalucía, el pin parental ni está ni se le espera. Así de contundente se muestra Pilar Triguero. La portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Málaga asegura que, por Ley, los niños y niñas son sujetos de pleno derecho y, por lo tanto, tienen derecho a ser educados en todos los valores democráticos existentes.

«Intentar que, a través de vetos, los menores no tengan acceso a actividades que son transversales a las asignaturas del currículo académico me parece fuera de todo lugar», sentencia. La portavoz de FDAPA añade que esta medida atenta contra los derechos fundamentales de los menores.

FDAPA asegura que esta polémica no es más que una cortina de humo para intentar ocultar los problemas reales de la educación. Obviar la clara necesidad de inversión y de medios materiales y profesionales es la estrategia que, aseguran, se está siguiendo con el revuelo del pin parental. Mientras la sociedad esté ocupada en saber qué es y a qué afecta esta desconocida práctica, «tal vez se les olvide que la inversión en educación no crece al ritmo que la educación pública necesita para ser de calidad».

En esta misma línea se enmarca la postura de Marea Verde. Los barracones, la falta de infraestructuras, los recortes en los presupuestos de los centros o el abandono y el fracaso escolar son algunos de los problemas que Juanjo Espinosa, portavoz de Marea Verde, considera reales. «Son cientos los problemas de la educación pública y esto no es más que una cortina de humo para satisfacer sus intereses, que son los de privatizar la educación pública», explica Espinosa.

El portavoz de Marea Verde denuncia, además, la imposibilidad de que se desarrolle una 'educación a la carta'. La educación pública, afirma Espinosa categórico, está fundamentada en valores democráticos básicos como son la tolerancia, el respeto o la igualdad.

Los estudiantes, por su parte, califican la medida como una violación a los derechos de la juventud. La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Adriana Rodríguez, la tilda como «una medida de la extrema derecha para tomar el control político e ideológico de la comunidad educativa». Los estudiantes entienden la implantación de este pin parental como un ataque hacia las aulas, que pretende instaurar el discurso de odio hacia colectivos como el las mujeres, los colectivos LGTBI o los inmigrantes.

«Si se llegase a instaurar tenemos claro que no pasarán», sentencia Adriana. El Sindicato de Estudiantes ya ha convocado una manifestación en contra de la implantación del pin parental, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, a las 12.00 horas, en la plaza de la Constitución. Del mismo modo, la entidad ha convocado una huelga general estudiantil, «porque somos personas, no pertenecemos a nadie y somos libres de tener nuestra propia ideología».

El colectivo directamente afectado, el de los alumnos, tiene muy claro que no quieren ser educados en el machismo, la homofobia o cualquier otra forma de odio. Desde LGTBI At School, proyecto europeo llevado a cabo en el IES Rosaleda, alertan de la importancia que las actividades y contenidos que se pretenden vetar con el pin parental tienen en la formación del alumno. «Prohibir que tu hijo reciba este tipo de información lo único que consigue es que acabe buscándola en otros canales», explica Fran, portavoz de este proyecto. El joven asegura que recurrir a una formación errónea en este tipo de cuestiones puede llegar a generar rechazo.

El portavoz de LGTBI At School resalta el rol fundamental que juega la juventud en la normalización de temas como la igualdad de género o el respeto hacia los colectivos minoritarios. Fran destaca, además, el papel que, como altavoz, tiene el colectivo estudiantil para hacer llegar a más gente la instauración de valores democráticos fundamentales como la igualdad o el respeto. «Si a los propios estudiantes se nos niega el acceso a la información, no podremos hacer nada al respecto», sentencia.