El colectivo de cooperativas Agro-alimentarias de Málaga, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y los sindicatos UGT y CCOO, tras el análisis de la actual situación del sector agrario de la provincia, han decidido de forma conjunta convocar una movilización para el próximo día 13 de febrero y plantear a las administraciones que den respuesta a las "demandas urgentes" de los agricultores y los ganaderos malagueños con el fin de "paliar la grave situación en la que se encuentran". El formato de la manifestación se está perfilando en estos días.
Los convocantes demandan un reonocimiento del mundo agrario como "sector estratégico" y piden al Gobierno que adopte medidas para la "dignificación" del agricultor y ganadero como empresario. "Estamos recibiendo ataques de una parte de la sociedad contra nuestro modelo de producción cuando con el trabajo y con nuestro esfuerzo lo único que hacemos es generar empleo estable en las zonas rurales, proporcionar alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, siendo la agricultura y la ganadería la única garantía de supervivencia del mundo rural y que contribuye de forma muy decisiva a la sostenibilidad y al medio ambiente", han afirmado este martes en un comunicado. "Los agricultores y los ganaderos no somos el problema, hemos sido, somos y seremos la solución", han añadido.
También solicitan una política de "precios justos" que garantice la rentabilidad de las explotaciones y el mantenimiento del empleo. "Existen enormes desequilibrios entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria en lo que afecta a la conformación de los precios de tal forma que el productor sigue siendo el eslabón más débil teniendo que soportar bajos precios en origen no siendo proporcionales a los pagados por el consumidor final", han afirmado. Por ello, piden una ley de la cadena alimentaria que sea "operativa y eficaz".
En el segmento del aceite de oliva, los representantes del campo malagueño señalan que se deben poner en marcha "auténticas medidas de regulación de mercados" de forma que cualquier herramienta que se utilice, como es el caso del almacenamiento privado "se haga con cantidades que realmente influyan en el mercado no como se ha hecho hasta ahora".
En relación a los aranceles puestos en marcha recientemente por el Gobierno de Estados Unidos, los convocantes han exigido al Gobierno una "contundente defensa" de sus intereses, y han considerado "inadmisible" que en la Unión Europea "se consienta todo lo contrario a lo que su propio nombre indica, admitiendo por un lado aranceles que lo único que traen es ruina para nuestras explotaciones y por otro permitiendo que estos mismos aranceles se apliquen de forma discriminatoria por país y producto". Del mismo modo, reclaman que las políticas llevadas a cabo frente a los terceros países impidan la "competencia desleal" que algunos suponen.
Por otro lado, en materia de agua, muestran su rechazo a que las aguas de ríos y arroyos, ya sean superficiales o subterráneos, "se sigan yendo al mar y que para cualquier concesión u obra para almacenarla la tramitación sea interminable y se sigan criterios obsoletos, lentos". Lo único que se garantiza así, han asegurado, es la sequía para el campos.
"Exigimos una planificación hidrológica seria y compatible con la rentabilidad de nuestras explotaciones; no es posible que no se permitan cambios en las concesiones en las que aun manteniendo las cantidades de agua no se permiten ampliaciones de superficie regada, incluso amparadas por cambios de cultivo con menor demanda de agua o por la implantación de sistemas de riego más eficientes. Por otro lado exigimos una mejora de las infraestructuras hidráulicas que nos permitan el máximo aprovechamiento de nuestras aguas", han explicado.
