Los representantes de 42 propietarios que viven en tres antiguos bloques de VPO de las calle Campo de Montiel, en El Palo, que forman una plaza privada de uso público junto a la calle Villafuerte, firmaron ayer en la junta de distrito Este el convenio con el Ayuntamiento por el que accederán a una subvención del Instituto Municipal de la Vivienda de 200.000 euros. Esta cantidad supondrá el 95% de las obras de este espacio, presupuestadas en 210.526 euros.

De esta forma, el Ayuntamiento pone fin a 20 años de reclamaciones vecinales por el mal estado de la calle, un desbloqueo que como señalaba el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, supone para los vecinos «un acontecimiento histórico y de justicia».

El convenio acabará con las filtraciones de agua por el mal estado del suelo y la separación de las juntas de dilatación, un problema que los vecinos dieron a conocer por vez primera al Consistorio en el año 2000. Desde que se construyeron los bloques en 1971, nunca se habían hecho reparaciones en este espacio privado de uso público, con locales comerciales debajo.

Carlos Conde, que estuvo acompañado por el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, subrayó que la solución de ese veterano problema era de especial interés para el alcalde, Francisco de la Torre e informó de que el IMV se encargará de las obras, que, calculó, podrían comenzar en el verano de 2021, una vez cubiertos todos los plazos administrativos.

En concreto, las actuaciones repararán la cubierta transitable de la planta de aparcamiento de los edificios situados en la calle Francisco Guillón, 34, la calle Villafuerte, 49 y Campo de Montiel, 3, así como todo el espacio de esta última vía.

Francisco Fernández, uno de los tres presidentes de comunidad que firmó el convenio, mostró la «tranquilidad» de los vecinos, por haberse liberado de «un problema gordo y una situación bastante peligrosa». A este respecto, Francisco Márquez, otro presidente, recordó que la plaza se encontraba vallada por seguridad y a punto de que la Gerencia de Urbanismo iniciara las obras de forma subsidiaria.

Ya en 2006, según recordaba una moción socialista, la Gerencia de Urbanismo detectó que estas filtraciones causaban «desperfectos importantes» en los locales comerciales bajo la plaza, y en concreto en la estructura del forjado, lo que había causado «una pérdida de capacidad importante del forjado que constituye el suelo de los pasajes peatonales».

El empeoramiento de la solución obligó a Urbanismo a apuntalar en 2018 el local más perjudicado, un concesionario de coches de unos 800 metros cuadrados, de los que unos 700 se encontraban inutilizados por los daños desde, aproximadamente, el año 2000. Este martes, el propietario del concesionario, Juan Manuel Medina, mostró a La Opinión su alegría por la llegada de las obras. «Por lo menos 'los cimientos' ya están puestos y ya sólo queda que se haga realidad».

Falta de acuerdo

En 2009, cuando era concejal de Urbanismo Manuel Díaz, los vecinos estuvieron a punto de ver solucionado el problema, dado que Díaz visitó la plaza, comprobó los daños y la Gerencia presentó un proyecto de reparación e impermeabilización, mientras que la mancomunidad de vecinos se encargaría de señalizar, picar, sanear y depacar el forjado. Un trabajo conjunto parecido que ya se vio en Parque Mediterráneo, en el que el Consistorio costeó el 70 por ciento de las obras y los vecinos, el resto.

Sin embargo, como recordó Francisco Márquez, las obras nunca se iniciaron por desavenencias con algún propietario, pese a que el Ayuntamiento, finalmente, iba a estar dispuesto a subvencionar la totalidad de la actuación. Por este motivo, se sucedieron varias mociones de la oposición reclamando «las medidas urgentes necesarias» como rezaba una iniciativa del PSOE de 2014.

Además, en la Gerencia de Urbanismo se produjo un cambio de postura, dado que el servicio de Patrimonio Municipal de este organismo señaló en un informe que no existían «suficientes argumentos y razones para defender la naturaleza pública de la calle. La entonces concejala de Málaga Este, Carmen Casero, zanjó en 2014 la cuestión al recalcar que era «un espacio privado de uso público».

En el verano de 2021 los vecinos saldrán de esta pesadilla después de dos décadas de espera.