Las trabajadoras de la empresa Tempo Facility recibieron última nómina en noviembre, aunque esta correspondía al sueldo atrasado de octubre, y desde entonces han pasado de treintena en treintena luchando cada día por necesidades tan básicas como poner comida en la mesa o pagar las facturas. Todo ello pese a acudir, sin falta, a su puesto de trabajo a diario hasta ayer mismo, cuando se quedaron sin empleo.

«Aquí tenemos gente con tratamiento psiquiátrico ya porque no pueden más, gente sin poder pagar la luz, las neveras vacías.. tres noches sin comer ha estado una compañera. Otra tiene a su marido enfermo por la situación, porque él no trabaja, la única que trabaja es ella, y ella tiene que apoyarlo a él», relata con la voz rota Ana María, delegada de personal en Tempo Facility, que asegura que tras más de 30 años en el puesto nunca había vivido algo parecido, salvo algún caso de impago puntual que se resolvió pronto.

El contrato que Tempo Facility SLU mantenía con 26 trabajadoras malagueñas ha finalizado sin una nueva adjudicataria que las subrogue, es decir, que las mantenga en su puesto de trabajo aunque respondan ante una nueva empresa. Según explica Antonio Solano, secretario general de la Federación de Servicio, Movilidad y Consumo de la UGT, la Agencia Tributaria abrió a principios de mes un concurso para que las empresas interesadas pudieran presentarse, readjudicar así el servicio de limpieza y subrogar a las afectadas, aunque fuera «de forma transitoria». Sin embargo, ninguna entidad privada se ha presentado como aspirante contratista.

«Estuvimos nueve meses avisando a la delegación de que teníamos contrariedades con la empresa bastante gordas, dándole documentación a la Agencia Tributaria para que tuviera a bien comunicarlo a Sevilla y que tomara cartas en el asunto, para que no se le prorrogara. La empresa tampoco quería prorrogar y era mutuo», recuerda Ana María. «Ellos admiten delante de nosotras que ha sido una negligencia».

Debido a esto, la situación actual de la veintena de mujeres afectadas es insostenible, ya que se encuentran actualmente sin empleo - a falta de recibir el aviso de baja en la Seguridad Social- y con tres salarios por cobrar. «Están muy nerviosas, hay muchísima incertidumbre», cuenta Solano, que incide en que hasta ahora ha sido imposible contactar con Tempo Facility, la empresa contratista.

«No sabemos qué van a hacer con nosotras», lamenta la delegada de personal, que sostiene que se están viviendo innumerables casos de necesidad entre sus compañeras, ya que muchas dependen exclusivamente de su sueldo, carecen de apoyo económico alguno y tampoco pueden pedir ayuda a los servicios sociales porque hasta el momento figuraban como empleadas con una jornada laboral vigente.

Por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aclaran que, por ley, en caso de subrogación en los contratos, la nueva adjudicataria no está obligada a afrontar los salarios impagados ni la deuda con la Seguridad Social sino que sigue siendo obligación única de Tempo.

Además, la institución ha informado de que «ha procedido a la retención de las cantidades debidas para garantizar el pago de los salarios», aunque «no puede hacer uso de esas cantidades retenidas para abonar directa e instantáneamente los salarios pendientes de las trabajadoras» sino que queda a expensas de dictamen judicial en caso de que los trabajadores presenten demanda contra la empresa. UGT da por sentado que pleiteará con Tempo Facility y no descarta una movilización. El próximo lunes, día 3, sindicato y damnificadas se reunirán en asamblea para estudiar los próximos pasos a seguir.

Reguero de impagos

Tempo Facility SLU en Málaga no solo tiene contratos en esta institución sino también en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), dependiente del Ayuntamiento, en la Subdelegación del Gobierno y otras entidades públicas donde también florecen los impagos. Estas deudas además cruzan las fronteras de la provincia, ya que hay trabajadoras perjudicadas encargadas de la limpieza en administraciones públicas y centros educativos en Sevilla, Jaén, Córdoba, Granada, Cádiz y Almería, e incluso en regiones de otras comunidades autónomas.