No sabemos si el alcalde, Francisco de la Torre, o algunos sus ediles o, incluso, los miembros de la oposición son nihilistas, pero más de uno, a tenor de lo que está sucediendo esta semana con los asuntos de la agenda municipal, ha leído los libros y, sobre todo, se ha abonado a la idea del eterno retorno del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, para quien todo se repetía eternamente. Esta parece ser la forma en la que fluyen los días en el Consistorio, sobre todo en lo relativo a la municipalización de la empresa de limpieza de la ciudad, Limasa, ese inmenso timo que se tragó la ciudad, aunque aún no sepamos quién es el culpable, 20.000 folios de causa judicial y comisión de investigación mediante.

Ya saben que en el Debate del Estado de la Ciudad del verano de 2018 el regidor malagueño anunció, después de darle muchas vueltas al asunto, su intención de municipalizar la empresa de limpieza, Limasa, cuyo 51% pertenece a los socios privados y el resto, al Consistorio. A partir de ahí, todo fueron parabienes por parte de la oposición, puesto que el PSOE y Adelante Málaga habían defendido durante años hacer público este servicio esencial para una de las principales ciudades de España, además de ahorrar un dinero al Erario público municipal. Sólo las dudas de Juan Cassá, entonces portavoz de Ciudadanos, retrasaron la toma de postura de De la Torre, que suele dedicar el tiempo que estime para decidir y es capaz de cansar al negociador más obstinado. Cassá, de hecho, quería trocear el servicio por lotes y privatizarlo, evitando de paso los potenciales efectos dañinos sobre la ciudad de las sucesivas huelgas del personal, a cuyos miembros hay que reconocerles sin duda que han sabido defender sus derechos como nadie y eso, oiga, en un entorno en el que los trabajadores nos hemos acostumbrado a decir sí a todo es un hito muy destacable. Otra cosa es que sus paros perturbaran la vida normal de la ciudad en periodos clave como la Semana Santa o el verano, pero la huelga, que se sepa, es un derecho legal reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

El caso es que en los últimos meses del año pasado, con las sucesivas ordenanzas modificadas y los informes pertinentes, se avanzó por el equipo de gobierno que la municipalización era inminente y que, tal vez, fuera a concretarse en el primer tramo de 2020. Teresa Porras, edil de Servicios Operativos, usaba la metáfora del huevo frito que se echa a freír como imagen opuesta a lo que podría decirse de una operación jurídica y económico-financiera tan compleja como la de convertir una sociedad mixta que no ha funcionado en una empresa pública. El paso de los años en los que no se sabía muy bien qué hacer con un problema grave en la ciudad, la falta de limpieza, se agravaba con el pago de una prórroga anual a la mercantil. Y, dicho sea de paso, la falta de limpieza, como han mantenido personas tan dispares como la propia Porras y el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, en diversos momentos temporales, no puede achacarse sólo a la empresa (que no a los trabajadores, que siempre vamos a criminalizar al eslabón más débil), sino también a la falta de colaboración de un porcentaje de la población, que aún no ha asumido que mantener limpia la ciudad es también parte de las obligaciones ciudadanas irrenunciables de los malagueños.

El caso es que el pasado martes se celebró un pleno en el Ayuntamiento para la aprobación definitiva de los presupuestos de 2020, así como también para estudiar las alegaciones presentadas por los socios privados de Limasa a las cuentas, en particular, y al proceso de municipalización, en general, que es donde está el tomate.

Los privados vinieron a decir, por ejemplo, que el Ayuntamiento les debe dinero, más de 8,6 millones de euros derivados del acuerdo por el que la sociedad ha de recibir anualmente el 2% de la facturación anual en concepto de beneficios antes de impuestos, una suma que habría de consignar en las cuentas, así como también deberían ponerse en negro sobre blanco en los presupuestos 12,6 millones de euros para indemnizar a los empleados de la actual Limasa que no obtengan plaza en la futura mercantil pública, así como otras cuantías derivadas de flecos fiscales. Todas las alegaciones se rechazaron por unanimidad de todos los grupos políticos: PP, PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos, en un extraño caso de unanimidad. Y salieron adelante, por cierto, las cuentas de 2020, que ya pueden desplegar todos sus efectos jurídicos y económicos, aunque sólo con el apoyo de PP y Cs, mayoría absoluta.

El caso es que en uno de los informes que contestaban a esas alegaciones, el Área de Economía y Hacienda echaba un jarro de agua fría sobre las expectativas de municipalizar ya Limasa, algo que asombró, incluso, a ciertos concejales de la oposición. La frase, de un estudio fechado el pasado lunes, es decir, calentito, calentito, decía así: «Las consignaciones presupuestarias contenidas en el presupuesto inicialmente aprobado están basadas en el mantenimiento de la actual situación jurídica de esa sociedad durante todo este año, al desconocerse en qué fecha exacta se iniciará la nueva sociedad». No hay fecha, por tanto, para ello, aunque la maquinaria jurídica anda en marcha y, de hecho, se han previsto algunos asientos contables para dar cobertura al doble salto mortal por el que Limasa III se convertirá en Limpieza de Málaga SAM. Esto empieza ya a parecer un culebrón que amenaza con eternizarse en el tiempo.

El baúl de los recuerdos se abrió también el pasado domingo después de que saltase la noticia de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la capital reconociese el derecho de Royal Collections, esa empresa sobre la que nos ahorraremos calificativos, a ser indemnizada por parte del Consistorio con 1,8 millones de euros como gastos, aunque, eso sí, se libra el Ayuntamiento de abonar los 4,8 millones de euros por daños y perjuicios derivados de ese enorme fiasco que fue el proyecto de Art Natura o Museo de las Gemas que debía haber abierto en Tabacalera. La juez repartió culpas, «ambas partes han contribuido a la frustración del contrato». La historia, recuerden, viene coleando desde la primera década del siglo XXI y hubo hasta una comisión de investigación para exigir responsabilidades al equipo de gobierno. El alcalde, siempre sagaz, dice que la sentencia es una buena noticia, no porque haya que pagar 1,8 millones, sino porque se dejan de abonar 4,8 millones. Los servicios jurídicos ya estudian recurrir esta historia, a ver en qué queda. Lo cierto es que, más allá de la finta de De la Torre, natural en un político que trata de defender su gestión, llama la atención que un tema antiguo siga manchando, de vez en cuanto, papeles de periódicos, en cierta manera gracias a la necesaria labor de la oposición que recuerda aquel fiasco con poco cariño y mucha vergüenza, suponemos que ajena.

Ambos temas, decíamos, se han eternizado ya en el tiempo, el itinerario administrativo se ha convertido en un camino sinuoso repleto de peligros, y aunque el impulso político en Limasa está claro, quedan flecos que resolver siempre que la parte privada asuma impasible, algo improbable, su liquidación; en el caso de Art Natura, el culebrón es ya parte de los debates dialécticos de muchos plenos y comisiones y, aunque a muchos se nos ha quedado cara de tontos tras el fallido museo que debía haberse establecido en Tabacalera, nadie ha conseguido arrojar luz sobre lo que ha pasado Habrá que leerse el expediente judicial para saber realmente lo ocurrido: un enorme mamotreto conformado por 20.000 folios de documentación en los que, básicamente, las dos partes afirman tener razón. Como la vida misma y hasta cómico, si no fuera porque esa bonita cifra de 1,8 millones de euros se la vamos a pagar entre todos a los de las piedras.