El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó ayer la prisión provisional incondicional y comunicada del expresidente de la compañía PEMEX, Emilio Ricardo Lozoya, detenido el pasado miércoles en Benahavís en virtud de una extradición cursada por las autoridades judiciales mexicanas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un actividad que en España se corresponde con blanqueo de capitales. En un auto, el magistrado explica que en este caso el delito por el que le reclama la justicia mexicana tiene una pena máxima de prisión de 15 años.

Además, considera que existe un fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado sea puesto en libertad y para ello destaca que en el momento de su detención iba en un taxi con un carné de conducir con su fotografía pero a nombre de otra persona, «de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia». En su comparecencia, Lozoya manifestó que no acepta la extradición.

El juez tuvo en cuenta también que no tiene arraigo laboral ni de domicilio en España teniendo en cuenta que llegó a este país hace solo dos días, según la resolución, por lo que acordó la medida de prisión.

Lozoya fue detenido el pasado miércoles en el entorno de una urbanización de lujo de Benahavís en virtud a una reclamación por su presunta relación con casos de corrupción. El arresto fue llevado a cabo por el Grupo de Fugitivos cuando salía de una exclusiva zona residencial. Las autoridades mexicanas fueron las primeras en anunciar y celebrar la detención. Ayer, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que el exdirector de Pemex sea finalmente extraditado al país norteamericano, aunque apuntó que los trámites corresponden ahora a la Fiscalía, que «está haciendo su trabajo muy bien».