La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, ha remitido al Ayuntamiento de Málaga el convenio para reforzar la labor inspectora de la Policía Local a los vehículos con licencia de VTC (turismo con conductor). Este convenio, que debe aprobarse en el pleno municipal para su firma y entrada en vigor, incluye una formación específica a los agentes sobre el régimen jurídico de este tipo de transporte, así como contar con un número de efectivos policiales suficientes para la vigilancia y control del servicio, han explicado desde la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, han detallado que este convenio surge en cumplimiento de una de las ocho medidas ya consensuadas con el sector del taxi, en la que se proponía la firma de convenios de colaboración de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos que lo requieran para la formación en labores de inspección y control de los servicios de las licencias VTC.

Además, es la primera vez que se promueve un convenio de estas características en Andalucía, siendo el Ayuntamiento de Málaga el primero en aceptar esta propuesta, que se formaliza a través de un convenio tipo al que se pueden acoger el resto de municipios andaluces que lo soliciten.

El acuerdo de colaboración, con una vigencia de cuatro años, establece las acciones conjuntas necesarias para la inspección y control de la prestación de servicios de transporte público en vehículos turismos sujetos a autorizaciones VTC que se desarrollen en la capital malagueña.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio formará a la Policía Local en el régimen jurídico de las VTC a través de jornadas de trabajo y proporcionará a los agentes acceso al registro de empresas y actividades del transporte, así como al registro general de servicios de las licencias VTC.

Además, se encargará de la tramitación de las sanciones derivadas de las denuncias de la Policía Local y promoverá la implantación de sistemas informáticos que permitan la transmisión de sus boletines de denuncia desde el lugar donde se ha cometido la infracción. En esa línea, la Consejería pondrá a disposición de estos agentes dispositivos informáticos, como tablets o app, para el acceso al registro y para el control y supervisión de la inspección.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a destinar un número suficiente de agentes debidamente formados para la vigilancia y control de este servicio. Además, la Policía Local de Málaga servirá de apoyo en el cumplimiento de las actuaciones y campañas de inspección programadas.

Una comisión mixta, integrada por representantes del Ayuntamiento de Málaga, la Policía Local y la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, se encargará de hacer un desarrollo y seguimiento del convenio. Esta comisión también coordinará los planes anuales de inspección y analizará los resultados obtenidos en la ejecución de estos planes.

Más allá de esta línea de trabajo abierta con el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Fomento lleva meses trabajando en las labores de inspección para el control de los VTC. El último informe indica que se han incoado en Andalucía 560 expedientes por captación de clientes, un 92 por ciento más que en 2018. De estos expedientes se han impuesto ya 97 sanciones, cifra que se elevará ya que el grueso de los expedientes, que están en tramitación, se plasmarán en sanciones a lo largo de este 2020.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio empezó a negociar con el sector del taxi, las VTC y otros colectivos, como las organizaciones de consumidores nada más iniciarse la legislatura y, además de los convenios de colaboración con los ayuntamientos, existe unanimidad en el sector para el desarrollo de acciones como la intensificación de las labores de inspección, la creación de una web de control, la constitución de áreas de prestación conjunta, la implantación de programas de transporte a demanda, la precontratación del taxi a precio cerrado o la aplicación del precio por plaza.

En este sentido, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha sometido a información pública el proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo.

En esta modificación se aplican medidas para la modernización del taxi como la precontratación a precio cerrado y por plaza o la posibilidad de pago a través de la tarjeta bancaria.

Mientras se aplican las medidas ya acordadas, la Dirección General de Movilidad mantiene abierta la negociación para alcanzar un acuerdo sobre la regulación del servicio de las VTC, donde todavía existen diferencias y para la que se ha ofrecido varias alternativas a los agentes implicados.