Las protestas de vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios lograron aplazar al 24 de abril el desahucio de una familia con un recién nacido y una niña de 2 años que iba a tener lugar a las 9 de la mañana de este jueves en el número 13 de calle Churruca, en la Trinidad.
Tras dos horas de protesta, funcionarios del juzgado comunicaron a la familia que aplazaban el desahucio hasta el próximo 24 de abril, momento en que se acordonaría la calle para efectuarlo y evitar así la presencia de vecinos y colectivos.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca informó en una nota de prensa que la vivienda pertenecía a un «fondo buitre» del Banco del Sabadell, que se niega a negociar un alquiler. Este diario ha tratado desde primera hora de la mañana de recabar una respuesta del Banco Sabadell, de momento sin resultado.
El padre de familia, Juan Padilla, de 22 años, comentó a La Opinión que lleva viviendo en la casa 4 años, con su pareja, María Rodríguez, y que comenzó pagando un alquiler de 350 euros al supuesto propietario de la vivienda, apenas una habitación de unos 25 metros cuadrados, con las paredes llenas de humedad, en la que tienen el dormitorio, la cocina, el cuarto de estar y un pequeño aseo.
«Estuve pagando el alquiler unos cuatro meses, pero después el hombre se fue y me enteré que era un okupa cuando ya el Banco Sabadell contactó conmigo», explicó.
A finales de diciembre nació su hijo Manuel y en la mañana del desalojo, su hija Jesiah, de 2 años, se encontraba en la cama con fiebre.
Como explicó, Juan ha trabajado un año y medio de camarero pero ahora mismo no tiene trabajo, por eso se ofrece para trabajar en cualquier negocio tanto de camarero, «como de lo que sea», ya que su mujer también está desempleada.
La pareja informó de que ha presentado sendas solicitudes tanto para una vivienda social de obra nueva como de segunda ocupación, y como explicó el marido, llegó a recibir la ayuda del alquiler social por tres años, por parte del Ayuntamiento, «pero en enero, cuando ya tenía dos o tres pisos posibles me dijeron que ya se había acabado».
Sin trabajo y sin ayuda al alquiler, el matrimonio explicó que sólo le queda la opción de marcharse a vivir a casa del padre de Juan, donde se juntarían nueve personas.
Respuesta de la Plataforma
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Francisca Pascual, reclamó que a esta familia «le den una alternativa habitacional, que no es otra que un alquiler social en esta casa indigna, en malas condiciones, pero que por lo menos tengan un techo donde estar sus dos hijos.
Francisca Pascual lamentó que la única gestión conocida del Ayuntamiento, esta mañana, haya sido una llamada de los servicios sociales municipales, «para decirle a la madre que van a hacer un seguimiento y control de los menores, en lugar de enviar un informe para que su señoría paralice el desahucio».
La portavoz recordó que la ley de protección del menor establece su derecho a la vivienda y lamentó que «ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía» pongan un límite a alquiler. «Los alquileres son abusivos y están por encima de los cobramos».
La plataforma anunció que tratará de hacer gestiones con el banco y el Ayuntamiento para que la familia pueda contar con una vivienda.
