La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha destapado en Málaga y Fuengirola un fraude a la Seguridad Social superior a 4.000.000 de euros presuntamente cometido a través de sectores tan diversos como la restauración, la hostelería, el coaching empresarial, la gestión de guarderías, residencias y geriátricos, la construcción o el alquiler de inmuebles. La operación suma 15 detenidos, uno de las cuales desviaba el dinero de una empresa concursada judicialmente a otra de su propiedad. Uno de los empresarios acumulaba deuda intencionadamente en sus empresas pero se quedaba siempre al límite de lo que la ley determina como delito, según ha informado hoy la Comisaría Provincial.

La investigación se inició en septiembre de 2019 tras varias denuncias sobre irregularidades cometidas en diversas empresas de Málaga y Fuengirola. Los empresarios de las sociedades indagadas no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho y con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con el estudio de la documentación, los agentes observaron que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería. Para ello crearon sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Las 15 personas arrestadas estos últimos días han resultado ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, aunque también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros. Se les han imputado presuntos delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución e insolvencia punible.

El administrador de una mercantil, con el concurso de acreedores concedido judicialmente, desvió casi 185.000 euros durante tres años a otra sociedad de su propiedad que había sido creada específicamente para ello tan sólo un día después de solicitar el procedimiento concursal. Asimismo, el investigado creó otra empresa para utilizarla como sociedad patrimonial y con ella compró hasta 14 vehículos diferentes para una mercantil que nunca tuvo trabajadores contratados. Con el fin de ocultarse a los ojos de la administración, tanto en la empresa receptora de los beneficios de la concursada como en la sociedad patrimonial, nombró como administradora a una de sus trabajadoras más afines. De esta forma, se convirtió en una testaferro que carecía de poder, dirección y mando alguno.

La deuda generada a la Tesorería General de la Seguridad Social por esta trama -realizada entre 2011 y 2017- asciende a 232.794,97 euros, siendo detenidos por estas actuaciones tanto el administrador de hecho como la de derecho de las empresas investigadas.

Uno de los empresarios investigados intentó cometer un fraude para evitar que se descubriera el delito que estaba llevando a cabo. Para ello, cada vez que se acercaba con una de sus empresas a los 50.000 euros de deuda con la Seguridad Social -límite objetivo que marca el Código Penal como delictivo- montaba otra mercantil con la que seguir realizando la misma actividad, pero limpia de deudas. Con esta finalidad, y utilizando a otras personas interpuestas como testaferros -incluida su propia pareja- creó una sucesión empresarial opaca con cuatro mercantiles encadenadas en el tiempo que defraudó a la Seguridad Social, mediante el impago de los seguros sociales, alrededor de 450.000 euros.

Las investigaciones de la operación Sardinilla se han llevado a cabo por miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central y han contado con la colaboración de miembros de la UDEF de la Comisaría Provincial de Málaga y de la Brigada Local de Policía Judicial de Fuengirola.