"El Gobierno de PSOE y Podemos no nos quita el sueño pero nos gusta la moderación"

Estamos en una etapa de desaceleración económica, ¿le preocupa esta dinámica?

Hay que ser prudente. En los últimos años hemos tenido un crecimiento económico muy importante, y ahora vamos notando que ya es más moderado. No es para alarmarse pero sí nos debe ocupar. Hay un escenario internacional de desaceleración, sin recesión, y hay que tomar medidas para hacer más competitiva nuestra economía. No es una cuestión exclusiva de España sino de Europa: está el tema del postbrexit, la guerra comercial China-Estados Unidos, y ahora el coronavirus. Si China se resfría, el resto del mundo coge una pulmonía. Es la gran fábrica del mundo. Pero hay que evitar cualquier valoración catastrofista. En España y Andalucía, mientras crezcamos en torno al 2% anual del PIB, hay que estar satisfechos. No estamos en números rojos.

Se ha achacado en parte este enfriamiento de la economía a la incertidumbre política del último año. Tenemos ya Gobierno, ¿se eliminan las dudas?

Es una buena pregunta. Hemos tenido muchos meses de interinidad, casi 500 días de Gobierno en funciones. Eso es tremendo, una parálisis institucional. Obviamente, el nuevo Gobierno tiene muchas tareas por delante para transmitir confianza. Eso se genera con estabilidad, certeza económica, seguridad jurídica y moderación, y eso no es fácil. Muchas veces hay cuestiones ideológicas que dificultan las circunstancias.

¿Cuáles son, su juicio, los deberes del Gobierno?

Hay tareas por hacer en tres ámbitos: social, económico y territorial. En lo social, el Ejecutivo debe impulsar el diálogo con empresarios y sindicatos. Si cae en el monólogo se estará equivocando. Por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo en el tema del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que nos podrá gustar más o menos, pero es un paso importante de diálogo. Y sin embargo, creo que se ha hecho muy mal con la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores respecto al despido objetivo por causas de absentismo. El ámbito laboral y social no puede ser gobernado a golpe de decreto. Eso sería un error. Pienso que el acuerdo pactado con los agentes económicos y sociales siempre será mejor para un Ejecutivo.

Hablaba también de tareas en el ámbito económico.

Sí, hay que afrontar dos grandes retos. Uno es el presupuestario, donde hay una tarea difícil. El último Presupuesto General del Estado (PGE) es de 2017, todavía con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. ¡Y estamos en 2020! Todos deseamos que el nuevo PGE que se apruebe sea lo más equitativo y equilibrado posible. Y en el ámbito de la fiscalidad, no podemos tener cada semana la amenaza del incremento de un impuesto a las clases medias, pymes, autónomos o compañías, o de que se va a implantar una nueva tasa. No se puede penalizar la inversión.

En lo referente a la cuestión territorial, la situación desde luego es bastante espinosa.

Estamos en un momento muy delicado en este país como consecuencia de la deriva nacionalista en Cataluña. A eso hay que sumarle un modelo de financiación autonómica que se ha quedado obsoleto. Los empresarios queremos un modelo justo, solidario, más allá de debates políticos o territoriales. En Andalucía no queremos ser ni más ni tampoco menos que nadie. Si hay que cambiar el modelo no podemos crear grandes o trastornos territoriales. Veo con cierto pesar el acuerdo de transferencia de la Seguridad Social al País Vasco. Todo eso genera asimetría. Son hipotecas políticas fruto de los acuerdos con el PNV para garantizar la gobernabilidad. A quien dice que esto no tendrá efecto habría que decirle: entonces, ¿por qué se hace? En el tema territorial no se trata sólo de reunirse con un presidente de Cataluña que está inhabilitado sino de que los ciudadanos tengan confianza en una línea política coherente.

¿Ve solución al tema catalán?

Todo tiene solución menos la muerte (risas). El problema catalán se resuelve con diálogo y firmeza pero también con el imperio de la ley. Soy optimista. Hace años nos preguntábamos por el problema del País Vasco y decíamos: no tiene arreglo. Eran disparos en la nuca, y se ganó a ETA gracias a la unidad de las instituciones y de la sociedad civil. Por tanto, hay ejemplos de cómo este país ha superado las divisiones. El nacionalismo es un proceso degenerativo de la sociedad. Las grandes guerras del siglo XX vienen por procesos casi catetos de nacionalismo. Es encerrarse en una endogamia que no conduce a nada, en un momento en el que hablamos precisamente de abrirse al mundo. El nacionalismo va en el sentido inverso.

A nivel empresarial, ¿perciben tensiones cuando hablan con sus colegas de Cataluña?

No, eso está más en la política. Comparto responsabilidad en la CEOE con Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, y es una persona tremendamente equilibrada, sensata, con una visión integrada del Estado. El gran problema en Cataluña es que se han destruido los puentes y se ha construido muros. Necesitamos puentes en el ámbito político, institucional, social, empresarial, para entender a la otra parte. Faltan personas con altura de miras, con visión, que puedan construir una realidad diferente, pero por supuesto con la cobertura de la ley y del Estado de Derecho. Aquí no vale cualquier cosa.

¿Un Gobierno de PSOE y Podemos despierta, de entrada, recelos entre el empresariado?

En absoluto. No nos quita nada el sueño. Respetamos la decisión de los ciudadanos y que haya un Gobierno de coalición. Evidentemente, es un Gobierno muy controvertido, que tiene un tinte populista. A nosotros nos gusta más la moderación, para que haya confianza y no haya repercusiones en el nivel de inversión en España, tanto propia como extranjera. Si se visualiza a España como un país radicalizado no se invertirá aquí. Eso es así. Pero no tenemos prejuicios ni los tendremos. Sólo insistimos en que se muestre la realidad de la empresa tal y como es, como generadora de empleo y de progreso, de bienestar social. Que no haya distorsión ideológica.

¿A eso se refiere cuando ha dicho lo de «tinte populista»?

Claro. Muchas veces el populismo lleva a estigmatizar la realidad empresarial, como si fuera una actividad malvada, con poderosos, grandes compañías... Pero vamos a ver, ¡si lo que necesitamos en este país es mayor dimensión en las empresas! Lo que no puedes es invertir cada semana nuevos impuestos (tasa Tobin, tasa Google) para ideológicamente tener satisfacción y recaudar más. El tiempo dará o quitará razones. Este país no necesita más presión fiscal, lo que necesita es poner a la empresa como generador de empleo, es la mejor política social.

Empresarios de diferentes sectores señalan que muchos inversores han parado sus planes a la espera de que la situación política se aclarara ¿Esto es así?

Más que freno ha habido un tiempo de espera, para saber cuál es el escenario político e institucional. El dinero tiene dos características: es cobarde y le cuesta esperar. Si no ve las condiciones se busca otro lugar, otro país, otra comunidad. Eso ha ocurrido en Cataluña cuando no ha habido estabilidad, se fueron miles de empresas. El inversor busca un marco estable y seguro que le dé confianza, y que las reglas del juego no se cambien al albur de decisiones políticas e ideológicas. Querer inventar hoy día cosas distintas al margen de la economía del libre mercado y de la empresa está abocado el fracaso. Entiendo que el Gobierno no va a ir por esa línea.

La subida del SMI ha despertado muchos recelos en diversos sectores. La patronal agraria, por ejemplo, está muy recelosa.

La subida del SMI, independientemente del efecto positivo que pueda tener sobre determinadas clases sociales, es dura de digerir para algunos sectores. El problema del campo no es sólo el SMI. Están viviendo tiempos de mucha tensión a consecuencia del escaso valor añadido que generan las explotaciones, del incremento de los costes de producción, los aranceles de Estados Unidos, la competencia desleal de productos de terceros países... Es la tormenta perfecta, y la subida del SMI ha sido la espita. Con el sector agrario hay que tener especial sensibilidad, porque es estratégico ¿Qué puede haber mejor que un sector agrario fuerte para luchar contra la España vacía? Nos solidarizamos con su causa. Las reivindicaciones de los agricultores son justas. El Gobierno tiene que ayudarles, al margen de que también toca negociar en Europa una PAC que apueste por la rentabilidad y el futuro del campo.

Algunos abogan por la derogación completa de la reforma laboral. ¿Los empresarios cambiarían algo?

Es muy difícil, afortunadamente, derogar un corpus normativo tan amplio. El Estatuto de los Trabajadores se aprobó en el año 80 y luego han venido una serie de disposiciones normativas al respecto. Siempre estamos dispuestos a negociar para mejorar en torno al empleo, porque el paro es el principal problema de la sociedad. Todavía estamos esperando a que el Gobierno, más que adoptar medidas ideológicas, haga un buen proyecto de empleo, reuniendo a los agentes económicos y sociales. Y si en ese análisis el Ejecutivo determina que hay que derogar determinados aspectos de la reforma, estaremos dispuestos a escucharlo. Lo que no puede hacerse es por decreto.

¿Cómo valora el primer año del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía? De entrada, se ve a la CEA con bastante sintonía.

No es una cuestión de sintonía sino de sensibilidad. El Gobierno andaluz anterior hizo también cosas muy buenas, creyó mucho en el diálogo social. Otra cosa es la eficiencia en la gestión, ahí se pueden cuestionar ciertas actitudes. Yo diría que esta Junta de PP y Cs tiene más sensibilidad con el mundo económico y empresarial, y eso lo valoramos. A nosotros nos es indiferente el color de los gobiernos. Lo que queremos es personas que asuman retos para que las empresas sean más competitivas y Andalucía prospere. Hay voluntad de escucha en la Junta. A la CEA, por ejemplo, se nos ha escuchado en la reforma de la Ley de Proyectos Estratégicos, lo que va a desbloquear iniciativas empresariales por valor de 3.500 millones. No buscamos privilegios sino agilización, porque son temas que generan empleo. Y posiblemente ahora en marzo se apruebe el decreto de simplificación administrativa, que eliminará casi 800 trámites.

El apoyo que Vox brinda al Gobierno andaluz, ¿a ustedes les incomoda?

En absoluto. Todo lo que sea levantar muros me genera desasosiego. ¿Por qué el afán de romper puentes? Los cinturones sanitarios no tienen ninguna viabilidad. Vox es un partido tan legítimo como Podemos, uno de es de extrema derecha y otro de extrema izquierda. A unos les gustará más y a otros menos pero es un partido al que los ciudadanos han votado y merecen nuestro respeto. ¿O es que Bildu no lo merece también cuando tiene un pasado más que dudoso? Tolerancia, mano tendida y entendimiento con todas las fuerzas políticas, ese es el camino. Vox está ayudando a la gobernabilidad de Andalucía. Habrá a quien no le agrade pero es tan legítimo como lo que hace Podemos en el Gobierno de la nación. Y nadie se rasga las vestiduras. Encuentro gente sensata en Vox y en Podemos. Lo importante es que los extremos no se dejen llevar por las ideologías, sobre todo cuando estás en la acción de Gobierno. Esos tiempos ya han pasado. Hay que pensar en lo mejor para la sociedad ¿Qué es el progresismo? Pues yo diría que no hay nada más progresista que ser empresario y crear empleo.

Todas las administraciones siguen destinando muy poco a obra pública. Málaga en 2019 estuvo a la cola de Andalucía en inversión por habitante.

Nos preocupa muchísimo. Estamos en cantidades ínfimas, propias de los tiempos de crisis. Se debe hacer una apuesta firme por la inversión productiva que genera empleo. Llevamos años de parálisis preocupante, con muchos proyectos ya licitados que necesitan salir del cajón del olvido. En Málaga, por ejemplo, el acceso norte al aeropuerto, el tren litoral, el acceso a los polígonos por la hiperronda. La Junta está desatascando algunos temas importantes como el metro pero no podemos perder el ritmo. Cuando no hay inversiones pasa como en Teruel, donde surge una fuerza política que genera un sentimiento de agravio.